Con los Presupuestos Generales del Estado de 2026 en el alero, el Gobierno lleva meses tratando de recoser la mayoría de la investidura para reconducir … una legislatura que empieza a entrar en su recta final. Moncloa ve ahora en el real decreto de regulación de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros una oportunidad de carambola para atraer, al mismo tiempo, a dos formaciones clave que llevan meses haciendo oposición parlamentaria a sus medidas: Podemos, que se arroga el mérito de este acuerdo con los socialistas, y Junts, que ve más cerca de cumplirse la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña.

Precisamente, el incumplimiento por parte del Gobierno de esta pretensión de los soberanistas –pese a que fue tumbada por Podemos, PP y Vox tumbaron en el Congreso el pasado septiembre– fue lo que rebosó el vaso de la paciencia de los de Carles Puigdemont junto al rechazo de algunos países de la UEa convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales y las dudas por la aplicación su líder la ley de amnistía.

Ahora los morados, tras conseguir «arrancar» a los socialistas una regulación «inmediata» de algo más de medio millón de inmigrantesque, en forma de iniciativa legislativa popular, se encontraba varada en la Cámara baja, se abre a volver a sentarse en la mesa de negociación con el PSOE para renegociar el traspaso de estas competencias a Cataluña.

Irene Montero, investida ya como candidata de Podemos a las generales, había negado en un primer momento que se tratara de un canje a cambio de allanar la subida del gasto militar o en las Cuentas públicas, en las que su partido sigue fijando la intervención de los precios del alquiler y la ruptura de relaciones con Israel como líneas rojas. Pero reconoció que «si el PSOEha hecho esta regulación ahora es porque quería algo a cambio».

Fue Ione Belarra la que este martes, en rueda de prensa en el Congreso, puso el nombre a esta concesión, la negociación de un traspaso cuyo punto preliminar los morados habían tachado de «racista», un calificativo que a día de hoy mantienen.

La secretaria general de la formación morada reconoció que su partido fue «muy crítico» en su día con esta iniciativa pese a que ahora «nos abramos a negociarla». «Eso sí –advirtió–, no vamos a respaldar otro traspaso que tenga sesgos racistas».

En Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, se afanan en cambio minimizar que Podemos haya copado este anuncio y desmienten que el PSOEse los haya ocultado.«¿Si nos ha sentado mal? Lo que nos importa es que las cosas salgan adelante», reconocen fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy.

El resto de socios como ERC, muy crítico con Podemos después de que tumbaran el traspaso de competencias, o EH Bildu, celebran este regreso al redil. El PNV, en cambio, ve «oportunismo» en este anuncio y critica que el Gobierno «improvise».