l Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto que permitirá a los inmigrantes en situación irregular, que puedan acreditar que llevan cinco meses en el país, conseguir un permiso provisional de residencia. La próxima candidata a las elecciones generales de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, anunció este lunes el acuerdo al que la formación morada llegó con el Ejecutivo. Al tratarse de un decreto, no es necesario que el Congreso apruebe esta iniciativa.

Los solicitantes, una vez aparezca en el BOE el decreto, tienen de plazo hasta el 30 de junio para empezar su solicitud. Este trámite inicial cancelaría, si es el caso, la orden de expulsión que pesara por el solicitante. Estas deben haberse producido por trabajar en situación irregular o por motivos administrativos.

Para poder acreditar otro de los requisitos, la permanencia mínima de cinco meses en España, basta con presentar recibos de la luz, envíos de dinero al extranjero o un certificado de empadronamiento. Precisamente, por la dificultad que supone para estas personas conseguir entrar en un padrón municipal se aceptaron el resto de posibilidades.

Por otro lado, no podrán optar al decreto aquellas personas migrantes que cuenten con antecedentes penales en su expediente. Según las estimaciones de la exministra, en torno a medio millón de personas podrían beneficiarse de este proceso regulatorio.

La citada validación permitiría a estos migrantes irregulares conseguir un permiso de trabajo y acceder a derechos fundamentales como la educación o la cobertura sanitaria pública.

La consecución del acuerdo se la apunta Podemos, pese a que Sumar, el socio minoritario del Gobierno, llevaba meses reclamando que se diera continuidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con más de 700.000 firmantes como aval, fue tomada en consideración por el Congreso en el 2024. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y líder de los Comunes, habló en septiembre de que existen «mecanismos» para dar cabida a las exigencias de la ILP.

Junts mantiene su política de bloqueo total al Ejecutivo y el PNV exigió vincular estas solicitudes a la consecución de un contrato de trabajo. Los peneuvistas, además, situaban un límite de dos años de residencia provisional y añadían un mes más, hasta el medio año, el tiempo mínimo de permanencia en España acreditable.

España ha vivido ocho regularizaciones de migrantes desde la vuelta de la democracia en 1978. La última es reciente y se debe a una coyuntura especial como fue la dana que arrasó la provincia de Valencia. Cerca de 23.000 personas en situación irregular y residentes de estas áreas afectadas obtuvieron un año de permiso de residencia o una prórroga de esta por el mismo período.

Existen, además, otros siete precedentes. El último lo ejecutó el Gobierno de Zapatero en el 2005. Obtuvieron documentación más de medio millón de migrantes. En una de las anteriores, la de José María Aznar en el 2001, también se recurrió al mecanismo del decreto. Se acogieron a la medida 60.000 personas y sirvió como complemento a una regularización mucho más numerosa, acontecida un año antes por el mismo Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este lunes, tras conocer que el Gobierno aprobará el martes una regularización extraordinaria de migrantes que ha pactado con Podemos, que la política migratoria del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «es tan disparatada como la ferroviaria».

La inmigración irregular aumenta cerca del 700 % en los últimos ocho años
El último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que 840.000 personas en situación irregular residían en España a 1 de enero del 2025, una cifra que equivale al 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios, lo que supone un incremento del 685 % del número de irregulares respecto al 2017 —apenas se contabilizaron 107.000—.

Este aumento no es ni mucho menos casual. En términos netos, la población extranjera ha crecido en 2,3 millones de personas en los últimos ocho años hasta alcanzar un máximo histórico de 4,9 millones de residentes en el último año.

El perfil de la inmigración irregular presenta además un rasgo muy marcado, con el 91 % de los residentes procedentes de América Latina. Entre las nacionalidades más numerosas destacan los colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). La diferencia es notoria respecto a otros continentes, ya que África (50.000), Asia (15.000) y Europa (14.000) representan una cuantía mucho menor.