El 60% de los inmigrantes irregulares que residen España podría regularizar su situación administrativa en virtud del pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Así, de las 840.000 personas sin papeles que vivían en España a 1 de enero 2025 según un informe de Funcas publicado ayer, más de medio millón podría verse beneficiado por esta medida, que no precisará el aval del Congreso de los Diputados para salir adelante.

La medida, cuya tramitación se aprobará hoy el Ejecutivo en el Consejo de Ministros, favorecerá a todas aquellas personas que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, que carecen de antecedentes penales relevantes y su residencia en nuestro país durante, al menos, cinco meses. Para demostrar este último requisito, será suficiente aportar el padrón, justificantes de envío de dinero, billetes de transporte o justificantes médicos. Los posibles beneficiarios podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

En el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permita trabajar de forma legal y acceder a otros servicios, como la asistencia sanitaria.

Según Funcas, su estimación de inmigrantes irregulares es anterior a la modificación del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, por lo que, en principio, la cifra de «irregulares» podría haber descendido, aunque consideran que es «pronto» para estimar sus efectos. Sea como fuere, el think tank subraya en su informe «la escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características».

La concesión a Podemos entronca con las peticiones que la formación le viene haciendo al Ejecutivo desde septiembre de 2025, instándole a imitar la fórmula del real decreto que en 2005 empleó el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y con la que se regularizó a 565.121 personas, casi el 82% de aquellas que lo solicitaron. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá en marcha el mismo mecanismo para resolver la situación administrativa de más de medio millón de inmigrantes.

Así lo anunció ayer la secretaria política de Podemos, Irene Montero, en un mitin de la formación organizado en Madrid para anunciar a bombo y platillo el desbloqueo de una iniciativa que en realidad nació con el respaldo de parte de la ciudadanía 700.000 firmas a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya llevaba más de un año y medio estancada en el Congreso de los Diputados. Tras las negociaciones con Podemos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmó ayer que impulsará la medida «con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente».

Pero no sólo eso: este acuerdo bebe de la necesidad de Pedro Sánchez de rearmar una mayoría parlamentaria que saque al Ejecutivo de la parálisis en la que está sumido. Así, el pacto se enmarca en la estrategia que Moncloa ha conformado para rearmar el bloque de gobernabilidad, una táctica que pasa, además, por permitir a sus socios anotarse estas concesiones como méritos propios. Tal fue el caso de ERC y la financiación singular, del PNV y las transferencias a Euskadi y, ahora, de Podemos con la regularización.

Y no es baladí: al inicio del curso político la regularización extraordinaria era una de las grandes banderas de Sumar, socio minoritario del Gobierno, ahora en liza debido al desgaste del liderazgo político de Yolanda Díaz.

A juicio de la formación morada, «mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos, y alimentar el odio y la exclusión, porque cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones», indicaron ayer.