Primero, el acuerdo de financiación que pedía ERC, luego las transferencias que exigía el PNV y, ahora, ha llegado el turno de Podemos. El Gobierno ha pactado con los morados proceder a una regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes que no necesitará pasar con el Congreso para ser aprobada.

“Podemos está para garantizar derechos, y papeles son derechos”, ha asegurado la secretaria política de Podemos, Irene Montero, en un mitin en Madrid en el que ha avanzado este acuerdo. Tras “meses” de negociaciones, el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto inspirado en el que aprobó el ex presidente de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, como le pedía Podemos en septiembre.

Según fuentes de La Moncla, esta medida se impulsará “con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. Pero no sólo eso: el acuerdo bebe de la necesidad de Pedro Sánchez de rearmar una mayoría parlamentaria que saque al Ejecutivo de la parálisis en la que está sumido.

La regularización beneficiará a todas aquellas personas que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carecen de antecedentes penales “relevantes”, ha indicado la formación en un comunicado. El padrón, justificantes de envío de dinero, billetes de transporte o informes de citas médicas bastarán para acreditar la permanencia en el país durante al menos cinco meses, otro de los requisitos.

A juicio de la formación “mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos, y alimentar el odio y la exclusión, porque cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones”.

Así, el pacto se enmarca en la estrategia que La Moncloa ha conformado para rearmar el bloque de gobernabilidad, una táctica que pasa, además, por permitir a sus socios anunciar las concesiones del Gobierno y anotárselas como tantos propios. En el caso de ERC, fue Oriol Junqueras quién avanzó el acuerdo de “financiación singular”; el anuncio oficial acerca de las transferencias a Euskadi corrió a cuenta de la consejera de Autogobierno María Ubarretxena (PNV) y, ahora, ha permitido a Podemos colgarse la medalla de la regularización. No es baladí: era una de las grandes banderas de Sumar, socio minoritario del Gobierno, para este curso político. Pero Sánchez ha permitido que Montero se apunte el mérito.

De la ILP al tanto de Podemos
La iniciativa pactada con Podemos es fruto de una movilización ciudadana que reunió más de 700.000 firmas para respaldar e introducir en la agenda social una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía esta regularización.

La ILP llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de 2024 fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo a PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox. Lleva más de año y medio estancada en el Congreso.

Sumar arrancó el curso político exigiendo al PSOE de forma insólita que regularizase a más de medio millón de inmigrantes “antes” de que acabase el mes de “octubre”. No sólo no sucedió, sino que, además, ahora Sánchez ha permitido que sea la principal rival de Yolanda Díaz la que se apunte el tanto. El anuncio llega en un momento complicado para el espacio que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, dado que IU, su socio clave, ya le enseña la puerta para poder pactar con Podemos.

Ione Belarra en el Congreso.
Ione Belarra en el Congreso.ELENA IRIBAS
Según la formación morada, se ha conseguido “una medida urgente y de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista”.

En su comunicado, la formación se ha referido a los sucesos de Torre Pacheco, el desalojo del mayor asentamiento de inmigrantes de Cataluña en Badalona o, a escala internacional, la actividad del ICE en Estados Unidos para después considerar que “se extiende” el “racismo” y se difunde “el mensaje de que las vidas migrantes no importan”. Así, consideran esta regularización una “medida humanitaria, pero también una decisión antifascista y de orden democrático”.

Detalles de la medida
Las personas que quieran beneficiarse de esta medida tendrán que acreditar tres cosas: la estancia en España anterior al 31 de diciembre de 2025, la ausencia de antecedentes penales y la residencia en el país durante al menos cinco meses. Este último requisito “podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, etc”, indican fuentes de Podemos en un comunicado. Asimismo, explican que los posibles beneficiarios podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

En el momento de presentación de la solicitud quedaránsuspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros servicios, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.