Ha sido cuestión de minutos que la oposición reaccionara al acuerdo cerrado entre el Gobierno y Podemos para proceder a una regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes. Y en ninguno de los partidos de la derecha española ha sido bien recibida la iniciativa pactada entre La Moncloa y el partido morado.

“En la España socialista, la ilegalidad se premia”, ha escrito en sus redes sociales el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien “la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria”. En esta línea, el líder popular ha criticado que el gabinete de Pedro Sánchez impulse esta medida tan solo una semana después del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona), en los que hubo que lamentar fallecidos. “Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, ha censurado Feijóo.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos beneficiará a todos aquellos inmigrantes que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carecen de antecedentes penales “relevantes”. Según fuentes populares, sin embargo, la medida es una “cortina de humo para no hablar del accidente de Adamuz”: “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un real decreto de regularización masiva, sin control ni garantías”.

Las fuentes del PP también son críticas con la esencia de la iniciativa que mañana aprobará el Consejo de Ministros: la regularización de inmigrantes. “La nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”, consideran, y acusan al Gobierno de “transmitir el peor mensaje posible” y “consolidar un modelo que no ordena la inmigración no protege la convivencia”. “Dar papeles sin garantizar futuro es una irresponsabilidad”, creen las mismas fuentes, “porque acelera la fractura social, rompe la convivencia en barrios enteros y genera comunidades paralelas donde se pierde la referencia común de normas, cultura y pertenencia”.

Por su parte, el presidente de Vox Santiago Abascal ha señalado al “tirano Sánchez” alegando que “odia al pueblo español” y “quiere sustituirlo”. “Petende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración”, ha escrito Abascal en su publicación.
La formación de la derecha dura se quedó sola en el no a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía esta medida y que desde el último debate 13 de junio languidece en el Congreso.

Esa misma línea ha seguido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha subrayado en una publicación de X que “Vox es el único partido que está en contra de estas regularizaciones masivas”, aludiendo a la mencionada votación, “cuando todos los grupos (del PP a Bildu)” se pudieron “de acuerdo en regularizar inmigrantes ilegales sin ton ni son como si tuviéramos la capacidad de acoger a medio mundo”.

Así, ha asegurado que el acuerdo se ha rubricado “para comprar votos porque saben que han perdido la confianza de los españoles con sus corruptelas y su mala gestión, pero las consecuencias son todavía peores y las pagamos todos”.