El destino no podía haber elegido una víctima más propicia para tumbar las mentiras de Donald Trump. Alex Pretti no solo era un ciudadano ejemplar. … También era un enfermero compasivo que se desvivía por atender a veteranos de guerra en cuidados intensivos. Para colmo, mucho antes de ser acribillado el sábado en Mineápolis por las patrullas fronterizas, dejó testimonio de su amor por EE UU y sus valores democráticos en un vídeo grabado con las palabras de despedida que dedicó a uno de los pacientes, fallecido en 2024.

«Hoy recordamos que la libertad no es gratis. Que tenemos que trabajar por ella, nutrirla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella», recitó solemnemente delante del cadáver del veterano de 77 años tapado con una sábana. Como muchos vecinos de Mineápolis, Pretti estaba indignado con la crueldad de las redadas migratorias y recientemente le dio cien dólares a un hispano que le había ayudado a arreglar la puerta de su garaje, con sentidas disculpas por lo que su país estaba haciendo. A sus padres les había prometido ser un observador diligente sin «meterse en líos» con las autoridades.

La Avenida Nicollet donde quedó inerte se ha convertido en el frente de una batalla civil contra el auge del autoritarismo de Trump, pero también en el núcleo de un cisma potencial entre el presidente y su partido, que ya le han hecho bajar el tono. No se trata solo de los centristas habituales como las senadoras de Alaska y Maine, Lisa Murkowsky y Susan Collins, quienes piden una investigación «transparente» y advierten de que «los agentes del ICE no tienen carta blanca para realizar sus labores». El senador de Luisiana, Bill Cassidy, ha calificado los hechos de «increíblemente perturbadores» y ha exigido que la investigación sea conjunta con las autoridades estatales, a las que, desafiante, el gobierno ha abierto una investigación por «obstrucción a la justicia». El propio gobernador de Texas, Gregg Abbot, ha pedido al gobierno en una entrevista de radio que «recalibre» en sus tácticas para que los operativos sean más estructurados. «Se que están trabajando en un plan de acción», ha asegurado.

Y es que los republicanos también leen las encuestas «fraudulentas» que el presidente quiere perseguir como «delitos criminales», según ha publicado este lunes en Truth Social. Los sondeos revelan que los estadounidenses quieren que las deportaciones masivas por las que han votado se lleven a cabo de forma respetuosa y conciliatoria con sus propios ciudadanos. Thom Till, senador por Carolina del Norte, también se ha alejado de la línea oficial, al igual que el ex gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, o el ex vicepresidente Mike Pence. «La prioridad ahora debería ser coordinar a las fuerzas de seguridad en todos los niveles para atender las preocupaciones de la comunidad, al tiempo que se garantiza la detención de los inmigrantes indocumentados que sean peligrosos», ha publicado el que fuese segundo de Trump en su primer mandato.

El presidente recogió el guante atendiendo una llamada del gobernador de Minnesota, Tim Walz, exnúmero dos de Kamala Harris, que llevaba quince días intentando hablar con él sin que la Casa Blanca le diera audiencia. «No creemos que sus intenciones sean sinceras», desestimó la semana pasada la portavoz Karoline Leavitt. A la luz de los nuevos acontecimientos, Trump ha cambiado de opinión. «Fue una muy buena llamada y, de hecho, parecía que estábamos en la misma sintonía», ha explicado en una publicación de Truth Social. «Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan lo llamara, y que lo que estamos buscando es a todos y cada uno de los criminales que tengan bajo su custodia».

Homan es su ‘zar de la frontera’, un hombre de su confianza, galardonado por Obama durante su gobierno, en el que trabajó como director ejecutivo de las Operaciones de Cumplimiento y Deportaciones del ICE. Durante sus ocho años de mandato, el primer presidente afroamericano batió récords al deportar a más de tres millones de personas, a razón de 400.000 al año de media, sin la violencia que se está desplegando ahora por las calles.

Aunque el gobierno culpa a la falta de colaboración de las autoridades demócratas, lo que según dice le obliga a ir a buscar a los delincuentes a sus casas, Paul Schnell, comisionado del Departamento de Correccionales de Minnesota (DOC, por sus siglas en inglés) ha negado esas acusaciones hasta la saciedad. «A pesar de nuestros mejores esfuerzos por corregir lo que dicen y entablar contacto directo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), continúan repitiendo públicamente información que es inexacta y engañosa», dijo frustrado el jueves pasado en una conferencia de prensa, antes de que Pretti cayera abatido por los disparos de las patrullas fronterizas.

El análisis exhaustivo de las imágenes grabadas por los testigos demuestra que Pretti no solo no se enfrentó a los agentes pistola en mano, ni siquiera llegó a desenfundarla. Fue uno de los agentes el que se la extrajo del cinto cuando sus compañeros ya le tenían reducido en el suelo. Todos eran miembros de una unidad táctica de élite pertenecientes a las patrullas fronterizas, normalmente limitada a operar contra narcotraficantes o inmigrantes indocumentados a cien millas de la frontera. Portan cámaras en el uniforme, lo que aportará una evidencia más de su punto de vista. Según los vídeos de testigos, para cuando se oyen los disparos – hasta diez seguidos, algunos por la espalda – , el enfermero estaba desarmado y sometido. El gobierno considera «innecesaria» la orden judicial que le conmina a preservar todas las evidencias del caso.

Con dos muertos en su haber, la Guardia Nacional activada y las calles enfurecidas, la fiscalía de Minnesota ha pedido este lunes a la justicia que intervenga para poner fin a la «invasión ilegal y sin supervisión» de ICE, ha dicho en los tribunales la fiscal Lindsey Middlecamp. «No mañana, ni la semana que viene, sino ahora», ha exigido. La jueza Katherine Menendez ha contestado que «ni que decir tiene que vivimos en tiempos perturbadoramente inusuales», ha admitido, pero la petición de que intervenga contra una agencia del gobierno federal la pone en una situación jurídica muy delicada. Tras la muerte de Renee Good el día 7, también observadora de las operaciones del ICE, la jueza dictaminó que los agentes migratorios no pueden detener ni rociar con gas pimienta a manifestantes pacíficos que no estén obstruyéndoles. El Tribunal de Apelaciones tumbó su sentencia.

«Nunca hemos visto que el gobierno federal amase lo que, en la práctica, es un ejército de agentes enmascarados y fuertemente armados, y los envíe a un Estado, básicamente a agitar las aguas, con una actuación generalizada que incluye conductas violentas ilegales a gran escala», ha afirmado Brian Scott Carter, durante la vista.

Las aguas siguen revueltas y, de repente, la marea se había tornado en contra del gobierno conservador. Chris Madel, aspirante a la candidatura republicana al gobierno del Estado, anunció este lunes su retirada en un sorpresivo vídeo en el que dice no poder respaldar la «represalia declarada» del Partido Republicano contra los ciudadanos de su estado, ni poder considerarse miembro de un partido que actúa de ese modo. Estas y otras defecciones, reflejadas en las encuestas que tanto importa al presidente, llegan a Washington con más eco que los silbatos y las protestas que el ICE reprime con gases lacrimógenos, en el mejor de los casos.