JARA PÉREZ/BILBAO

La Subdelegación aseguró ayer que hoy firmará «la denegación de residencia solicitada por la abogada de los tres polizones». De esta manera, añadió, que «desde ese momento queda abierto el proceso de expulsión». El Ejecutivo explicó que «ya no existe ninguna vía jurídica viable» que permita la permanencia en el país de los tres inmigrantes y planteó los dos procedimientos de expulsión que baraja la Subdelegación: aplicar una repatriación inmediata o llevar a cabo la expulsión mediante los convenios de repatriación de alguna ONG.

Javier Galparsoro, presidente de CEAR, declaró que la Subdelegación no puede expulsar a los polizones debido a que el auto judicial «nos concede quince días para recurrir». Galparsoro añadió que «si el Juzgado deniega su recurso, los polizones tienen la oportunidad de salir del país de manera voluntaria». Fuentes jurídicas consultadas revelaron que aunque la Subdelegación firme la expulsión de los polizones éstos, al no estar bajo vigilancia policial ni encontrarse en ningún centro de internamiento para inmigrantes, «pueden ‘escaparse’ del sitio donde se encuentran y permanecer en el país de manera ilegal».

La situación de peticionarios de asilo en la que se encontraban los polizones hasta el martes cambió cuando llegó el auto dictado por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Éste levantaba las medidas cautelares que permitieron el desembarco de los inmigrantes «tras comprobar que la salud de estos no corrió peligro en ningún momento». La Subdelegación aseguró que el auto «tacha de poco motivada la petición realizada por los abogados de CEAR» y acusó a la ONG «de representar un circo mediático donde utiliza a los polizones para salir en los medios». CEAR dice «no dar crédito a las informaciones de la Subdelegación» y niega que el auto haga referencia a la actuación de CEAR.