Un hilo invisible conecta el software de los drones que merodean Gaza y las cámaras de seguridad que vigilan el paseo del puerto de Málaga, conocido como Muelle 1. Este hilo tiene forma jurídica de sociedad limitada y su razón social responde al nombre de Magal Solutions. En enero de 2025 esta empresa, de capital israelí, se hizo con un contrato de la Autoridad Portuaria de Málaga para instalar y poner en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial (IA) en el puerto.

Este servicio añade al circuito clásico de cámaras de seguridad un software cuya IA analiza e interpreta las imágenes. Gracias a ello, la Autoridad Portuaria puede automatizar decisiones, lanzar avisos o recopilar información estadística. A los 51.450,37 euros 42.520,97 sin impuestos que supuso este contrato se suman otros contratos menores que el puerto de Málaga ha adjudicado a Magal y que no han sido recogidos en el presente artículo. Entre ellos se encuentra el suministro e instalación de cámaras de seguridad en varios de los edificios y accesos de la infraestructura marítima.

Público ha consultado el Portal de Contratación Pública del Estado en busca de otras adjudicaciones a Magal Solutions. A lo largo de 2024, la compañía de origen israelí se hizo con otros tres contratos de seguridad, esta vez para las autoridades portuarias de Tarragona y Huelva. Entre julio y septiembre de aquel año, la ciudad catalana adjudicó dos licitaciones para la actualización y el mantenimiento de los sistemas de grabación del puerto por un total de 1,3 millones de euros 1,08 millones sin impuestos.

En el caso del puerto onubense, el servicio por el que Magal Solutions fue contratada en julio de 2024 el control de acceso a una zona del puerto-recibió la financiación de la UE a través de los Fondos Next Generation, tal y como reza el documento de formalización del contrato. En septiembre de 2025, la Autoridad Portuaria de Huelva publicitó un nuevo contrato para mejorar dicho control, que volvió a contar con financiación europea. Por ambos contratos, Magal percibió 1,2 millones de euros -1 millón sin impuestos.

La Autoridad Portuaria de la ciudad andaluza ha querido aclarar a este periódico que la suya “es una infraestructura crítica, con un elevado volumen de tráfico de mercancías, tráfico energético y actividad industrial, lo que exige sistemas avanzados de control de accesos y vigilancia”.

En total, las autoridades portuarias de Málaga, Tarragona y Huelva adjudicaron, en pleno genocidio gazatí, 2,5 millones de euros 2,1 millones sin impuestos a una empresa vinculada con la industria militar de Israel. Esta cifra es mayor si se tiene en cuenta otro contrato adjudicado por Tarragona a la UTE Magal-Bosir por 2,6 millones 2,1 sin impuestos por el vallado y otras medidas de protección del yacimiento arqueológico Mas dels Canonges. Debido a que se desconoce qué cantidad de este importe recaerá exclusivamente en Magal se ha optado por no incluirlo en esta estimación.

Con motivo del contenido de este artículo, Público ha contactado con Magal Solutions. En una comunicación remitida a este periódico, la compañía ha subrayado que es “una empresa de seguridad privada” homologada por el Ministerio del Interior y que, como tal “no comercializa armamento, material de defensa, material policial o sistemas de seguridad sujetos a control de transferencias o de doble uso”. Asimismo, ha recordado que todos los contratos adjudicados por entidades portuarias “han sido en base a procedimientos oficiales sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, con las garantías de publicidad y transparencia que ello conlleva”.

Este periódico también se ha puesto en contacto con las autoridades portuarias de las tres ciudades que contrataron a Magal entre el 2024 y el 2025. En respuesta a las preguntas de este periódico, el puerto de Málaga ha afirmado que desconocía la relación entre la matriz de Magal y la industria armamentística israelí. Según las palabras que ha remitido a este periódico, “en la declaración responsable [aportada por Magal durante el concurso] (…) no se hacía mención alguna a que la citada Magal Security Systems [matriz de Magal] fuese una entidad extranjera y menos aún que fue de nacionalidad israelí”.

A este respecto, cabe decir que el contrato fue denunciado públicamente por Podemos Málaga en octubre de 2025, una vez ya estaba formalizado, sin que ninguna autoridad local o portuaria diera explicaciones al respecto.

Por su parte, el Puerto de Huelva se ha limitado a señalar que la empresa no ha incurrido “en ninguna de las prohibiciones para contratar” previstas en la legislación vigente, mientras que el de Tarragona ha afirmado su firme compromiso “con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Asimismo, asegura que “llevará a cabo cualquier actuación que pueda contribuir a una paz justa y estable para el conflicto israelopalestino en el marco de las competencias de las autoridades portuarias”.

“El contrato con Magal Solutions es ética y políticamente inaceptable”, ha señalado Nicolás Sguiglia, concejal de Podemos Málaga. En conversaciones con Público explica que, dado “el compromiso firme” de “el pueblo de Málaga” contra el genocidio, “no podemos permitir que una infraestructura civil, utilizada cada día por miles de malagueños, esté vigilada y controlada por empresas manchadas de sangre”.

Magal Systems como compañía no aparece en los listados de entidades que hacen negocio en los territorios palestinos ocupados que desde 2020 elabora la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Tampoco en el informe de la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, en el que nombraba algunas de las empresas que hacían posible el genocidio. Pero que no aparezca en ellas no significa que su vínculo con la vigilancia de Gaza no esté más que demostrada.

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (ODHE) lleva meses señalando la necesidad de que Magal Solutions y las empresas a las que se encuentra vinculada, Rafael Advanced Defense Systems y Aeronautics Defense System, sean incluidas en el listado de la ONU. El grupo de las Naciones Unidas que lleva a cabo esta tarea tiene en cuenta varios criterios a la hora de incluir a una compañía en este listado. Entre ellos, se encuentra que dicha empresa suministre los “equipos de vigilancia e identificación para los asentamientos, el muro y los puestos de control directamente relacionados con los asentamientos”.

“El desarrollo tecnológico de Magal no puede entenderse sin la experiencia acumulada en la contribución a la infraestructura de la ocupación israelí en Cisjordania”

En su informe más reciente, publicado en enero de 2025, los investigadores del ODHE desgranan algunas de las tareas que la matriz israelí de Magal desarrolla en los territorios palestinos ocupados. Actualmente, la compañía es una de las mayores proveedoras de sistemas de seguridad para vallas inteligentes, como las que componen 150 kilómetros del Muro de Separación o Muro del Apartheid, de acuerdo a la visión árabe construido por Israel a partir de 2002 y declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) en 2004.

De acuerdo con la información recopilada en este informe, la empresa también proporciona tecnologías de vigilancia y seguridad anti intrusiones a las vallas que se encuentran dentro de la Franja de Gaza, en las prisiones israelíes y en los checkpoints de Cisjordania. Tal y como recogió el investigador y coordinador de Novact (Instituto Internacional por la Acción Noviolenta), Felipe Daza, en un informe publicado en 2020, “el desarrollo tecnológico de Magal no puede entenderse sin la experiencia acumulada en la contribución, durante más de 50 años, a la infraestructura de la ocupación israelí en los Territorios Ocupados Palestinos”.

Esta afirmación venía acompañada de una tabla de la asesoría Dun & Bradstreet en la que se mostraba el ranking de las empresas productoras de sistemas y equipamientos de seguridad que más habían crecido económicamente en 2013. Magal se encontraba en el puesto número seis de dicho ranking. Rafael Advanced Defense, actual socia mayoritaria de Magal, en el tercero. El podio lo coronaba Israel Aircraft Industries, ahora Israel Aerospace Industries (IAI), la compañía de la que nació Magal en 1967. Público no ha podido acceder a los datos de cuota de mercado actualizados por la consultora.

Por su parte, la empresa española ha explicado a Público que “si bien a escala financiera nuestro accionariado está participado por Magal Solutions Ltd, sociedad israelí dedicada a la fabricación de sistemas de seguridad, gozamos de una total independencia y prácticamente el 100% de nuestras mercaderías proceden de otros proveedores con origen en países distintos de Israel”, y que, como tal, no están “sujetos a ningún tipo de restricción comercial”.

Los orígenes de Magal Solutions
Magal Solutions aterrizó en España en 1993 bajo el nombre Defcon Technologies SL. En 2021, la empresa Aeronautics Defense System se hizo con su propiedad, que hasta aquel año estaba en manos de FIMI, un gran fondo israelí de capital privado. Aeronautics Defense Systems es la compañía que desarrolla, fabrica y comercializa los vehículos no tripulados (drones) y sistemas de vigilancia aérea que las Fuerzas de Defensa de Israel usan en algunas de sus operaciones.

Un ejemplo de cómo el ejército israelí empleó esta tecnología contra los palestinos lo encontramos en 2018. Aquel año, miles de civiles palestinos desarmados se manifestaron en el aniversario de la Nakba la catástrofe en la bautizada como Gran Marcha del Retorno. Según las informaciones recopiladas por Who Profits, el ejército israelí alquiló a Aeronautics su dron Pegasus 12 para utilizarlo contra los manifestantes.

Según dicha organización, este vehículo no tripulado tenía “una carga útil máxima de hasta 75 kg”, que el ejército “equipó con armas de control de multitudes como gas lacrimógeno y agua skunk”. Esto es, agua con mal olor o putrefacta. Además de utilizar estas herramientas, el ejército israelí descargó munición real contra los manifestantes palestinos que dejaron un centenar de muertos.

Antes de que Aeronautics se hiciera con Magal, la empresa de drones había sido comprada en 2019 por Rafael Advanced Defense Systems, la compañía estatal de investigación y desarrollo tecnológico militar del ejército de Israel. Pese a que en los noventa comenzó a desarrollar tecnología civil y de que a principios del nuevo siglo se constituyó como sociedad limitada, Rafael siempre ha permanecido vinculada a las Fuerzas de Defensa de Israel. Entre sus muchas aportaciones al estamento militar está el desarrollo de misiles que han sido utilizados contra población palestina, civil o armada.

Cuando Rafael Advanced compró Aeronautics lo hizo de la mano del empresario israelí Avichai Stolero. Según las publicaciones de aquel momento, ambos se asociaron bajo la marca Rafael and Avichai Stolero, creada ad hoc para la adquisición de Aeronautics. Actualmente, Rafael posee un 50% de la empresa de drones mientras que Stolero tiene el otro 50%.

Pero la relación de Magal con la industria militar israelí no es meramente orgánica. El nacimiento de su matriz israelí, Magal Security Systems, en 1969, como departamento de tecnología de seguridad de la compañía militar Israel Aerospace Industries (IAI), evidencian que el ADN de esta compañía está vinculado a la colonización de Palestina. IAI fue creado, en primer lugar, para la fabricación de aviones destinados al ejército de Israel. Posteriormente, su tecnología evolucionó hacia todo tipo de vehículos aeronáuticos.

Magal fue creada por IAI para dar respuesta a las crecientes necesidades de tecnologías de vigilancia y seguridad que las cambiantes fronteras del Estado de Israel demandaba. Entre las muchas colonias ilegales vigiladas por tecnología de Magal se encuentra el asentamiento de Ariel, uno de los más poblados y extensos de la Cisjordania ocupada, pese a que ha sido declarado ilegal por la Asamblea General de la ONU en varias de sus resoluciones.

Una brecha del decreto de embargo de armas
La presión constante de los movimientos sociales antibélicos y propalestinos para que España rompiera relaciones con Israel consiguió arrancar, en 2025, unos mínimos al Gobierno central. Para aquel entonces, el ejército israelí ya había asesinado a unos 68.600 palestinos en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos, civiles. En septiembre, el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, recabó los apoyos suficientes para aprobar el Real Decreto-ley 10/2025 de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y el apoyo a la población palestina. En otras palabras, el embargo de armas a Israel.

Sin embargo, como han señalado numerosos analistas, la letra pequeña del decreto es extensa. Para empezar, en su disposición adicional primera, el texto permite al Consejo de Ministros aprobar, excepcionalmente, una autorización para permitir transferencias de armamento o material de doble uso, en el caso de que no hacerlo suponga “un menoscabo para los intereses generales nacionales”.

Además, deja fuera a las empresas que se lucran del apartheid o que operan en territorios palestinos ocupados, pese a que el Tribunal Internacional de Justicia haya hecho hincapié en la importancia de no alimentar el sistema colonial para prevenir el genocidio. Además, el embargo de armas solo hace referencia al material militar. De esta forma, el decreto permite a las administraciones públicas contratar los servicios de empresas de la industria militar israelí o de sus filiales. Es en este silencio normativo donde los sistemas de vigilancia de Magal Solutions se extienden por los puertos españoles y otros activos críticos.

Por ello, Nicolás Sguiglia, concejal de Podemos Málaga, señala que el decreto-ley 10/2025 “fue más un gesto propagandístico que un embargo real (…), porque mantiene abiertas puertas que permiten contratos como el del Puerto de Málaga”. La Autoridad Portuaria de Huelva es muy clara en este sentido: “La legislación española y europea no prevé un mecanismo general de exclusión automática de empresas por su origen o por sus vínculos societarios salvo en los supuestos expresamente recogidos en normas con rango legal”.

Sin una normativa que lo impida, “los órganos de contratación deben actuar conforme a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre concurrencia”, recuerda el puerto onubense. En otras palabras, bajo el amparo de la normativa vigente, las entidades públicas no pueden abstenerse de contratar a empresas que, como Magal Soluciones, están participadas por otras que operan en los territorios ocupados palestinos y hacen posible el apartheid o el genocidio.