Huyes de la guerra en tu país, cruzas fronteras terrestres inestables, caminas durante kilómetros y ahorras cada céntimo para pagar un viaje que te lleve a Europa. Una noche por fin te subes a un cayuco que te dejará, si todo sale bien, en las costas españolas, pero al llegar no te reciben como solicitante de asilo, sino que te acusan de un delito grave por favorecimiento de la migración irregular, penado con hasta ocho años de cárcel. Y todo, sin una sola prueba que lo demuestre.

La plataforma Proyecto Patrones denuncia que esto es lo que les ocurre a decenas de migrantes en España, acusados de ser patrones de patera sin que existan pruebas materiales. No hay huellas en el timón, ni imágenes, ni mensajes o llamadas que los vinculen con la conducción de la embarcación o con una organización criminal. Aun así, pasan meses a veces más de un año encarcelados de forma preventiva, a la espera de juicio, señalados únicamente por el testimonio de otro pasajero obtenido en un “contexto de miedo, incomunicación y extrema vulnerabilidad”, apuntan los activistas.

Según explican, la escena se repite tras cada llegada. Cuando una patera alcanza las costas españolas, sus ocupantes son trasladados a campamentos o dependencias policiales. Allí se activa casi de forma automática una investigación destinada a identificar al supuesto responsable del viaje. Las personas migrantes son separadas por nacionalidades o idiomas y comienza la búsqueda del patrón. Un informe de Irídia y Novact afirma que durante este proceso la Policía y Frontex ejercen presiones para obtener declaraciones incriminatorias y ofrecen promesas de regularización administrativa, que a veces ni se llegan a cumplir.

“Durante años se ha condenado a personas únicamente con el testimonio de uno o varios testigos protegidos”, explica Inés Marco, coordinadora de Proyecto Patrones. Estas declaraciones se practican como prueba preconstituida, lo que garantiza su uso en juicio incluso si el testigo no comparece, una práctica que contraviene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo.

A ello se suma el problema de la traducción, ya que en las primeras entrevistas policiales que no siempre se consideran formalmente interrogatorios no suele haber intérpretes o las traducciones son deficientes. “Hemos visto situaciones en las que un testigo dice conozco a esta persona y eso acaba registrado como esta persona conducía la patera. No podemos demostrar intencionalidad, pero el resultado es devastador”, explica Marco. Además, como son migrantes sin arraigo en el país, los tribunales suelen considerar que existe riesgo de fuga y eso hace que prácticamente todos entren en prisión preventiva de forma automática.

Los organizadores siguen en África
El problema, señalan, es que quienes realmente diseñan y financian estos viajes rara vez pisan territorio europeo. “Los organizadores se quedaron en África, por eso nunca aparece el dinero de los pasajes. Esto lo dice un informe de Naciones Unidas de julio de 2022”, explica Daniel Arencibia, abogado e integrante de Proyecto Patrones, a Público. Según ese informe, en las Islas Canarias se ha abandonado en la práctica la persecución de las organizaciones criminales para centrar la respuesta penal en pasajeros que, por las propias dinámicas del viaje, se ven obligados a coger el timón en algún momento.

Según la ONU, en Canarias se ha abandonado la persecución de las organizaciones criminales para señalar a los pasajeros

Son jóvenes de distintas nacionalidades y trayectorias, que llegan a España tras huir de contextos de guerra, violencia o persecución. Algunos proceden de países como Mali, inmerso en un conflicto armado, lo que obliga a concederles protección internacional, según el derecho internacional. “España te dice que te va a proteger, pero te mete en la cárcel. Si para huir de la muerte tienes que incumplir unas normas, eso tampoco puede ser delito”, resume Arencibia. Según datos del Centro de Documentación Judicial, que recopila el abogado en su investigación, hay registradas al menos 63 personas malienses acusadas por delitos de este tipo desde 2016.

Antes del juicio, la Fiscalía ofrece habitualmente un acuerdo de aceptación de culpabilidad, la llamada conformidad. Si el acusado se declara culpable, se solicita normalmente una pena de tres años y no se celebra juicio. Si no acepta y defiende su inocencia, la petición habitual en el juicio es de ocho años y las posibilidades de que no ingrese a prisión, según la estadística actual, son mínimas. Esta diferencia se debe, en parte, a que solo se aplica la reducción de pena de quienes buscaban su propia migración cuando el acusado se declara culpable, aunque esa condición no figure en la Circular 5/2011 de la Fiscalía General del Estado.

“Cuando están entre rejas, aislados, en un entorno cuyo idioma no entienden y bajo el peso de la incertidumbre, lo único que estos jóvenes desean es recuperar la libertad lo antes posible, llegando a declararse culpables aunque sean inocentes para que se acabe todo antes”, apuntan desde Proyecto Patrones.

Los datos lo reflejan. Solo en Las Palmas, entre 2016 y 2025, más del 80% de los acusados se declaran culpables. El 20% restante, unos 69 casos, fueron a juicio, pero solo once fueron absueltos. “Este sistema le resulta cómodo a la Fiscalía porque evita juicios. Se amenaza con ocho años y se consigue una confesión. Incluso cuando se analizan los teléfonos móviles, muchas veces de forma ilegal, no aparece ninguna prueba incriminatoria y aun así, se condena”, denuncia Arencibia.

Todo ello se apoya en un marco legal que, según las organizaciones de derechos humanos, confunde migración con criminalidad. El derecho internacional define el tráfico de personas como una actividad realizada con ánimo de lucro. Sin embargo, la normativa europea introdujo el delito de favorecimiento de la migración irregular sin exigir beneficio económico. “Eso permite criminalizar a personas que simplemente estaban intentando migrar. La mayoría de quienes conducen una embarcación no lo hacen para ganarse la vida. Nadie se juega la vida en el Atlántico como modelo de negocio”, explica Inés Marco, coordinadora de Proyecto Patrones.

Esto ocurre en casi todo el territorio en el que llegan migrantes vía marítima: Canarias, Balears, Andalucía, Murcia, Ceuta… "La única excepción clara es Almería, donde existe el fenómeno de las llamadas “pateras taxi”. Allí se detiene a personas que traen migrantes y regresan a África. En esos casos sí tiene sentido pedir penas altas, porque no buscan su propia migración y además se quedan con el dinero. Pero también tienen recursos para pagar abogados privados y suelen no acabar en la cárcel", explica el abogado.

Una sentencia que arroja un atisbo de esperanza
Aunque, según los datos de Proyecto Patrones, en el 95% de estos casos en España acaban en condena, el pasado diciembre la Audiencia Provincial de Las Palmas determinó una sentencia que puede ser esperanzadora en este sentido. El caso parecía repetir el mismo patrón de siempre. Dos jóvenes migrantes uno senegalés y otro maliense habían llegado a Canarias en abril de 2024 en una patera con casi 50 personas a bordo. Tras el rescate, fueron señalados como patrones y enviados a prisión provisional, donde pasaron meses a la espera de juicio, pero ellos decidieron defender su inocencia.

Dos ocupantes, que declararon como testigos protegidos, afirmaron que los patrones eran “los de piel más oscura”, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Público. Esa sola observación bastó para que los jóvenes, los únicos subsaharianos en una embarcación mayoritariamente compuesta por personas de origen magrebí, fueran detenidos. Durante el juicio, un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó incluso a plantear que las mafias podrían estar usando a jóvenes subsaharianos como peones para evitar conflictos entre grupos marroquíes y mantener a estos últimos fuera de prisión.

En su versión, ninguno supo concretar con claridad quién hacía qué, cuántas personas dirigían realmente la patera o en qué momento exacto habían asumido el control. La Fiscalía tampoco aportó ninguna prueba material que respaldara las acusaciones de los testigos protegidos.

Los acusados explicaron que habían pagado mucho por ese viaje, que no sabían navegar y que ni siquiera sabían nadar. Relataron que quienes realmente controlaban la patera llevaban la cara tapada y eran de origen magrebí. Añadieron que, justo antes del rescate, cuando llegaron a la costa la persona que conducía la embarcación los llamó y los sentó de manera diferente y les dijo que después vendrían para salvarlos.

Ante la falta de pruebas, la Audiencia determinó que “una condena no ha de estar basada únicamente o de modo decisivo en testimonios anónimos”, tal y como establecen el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Subrayó además que existían contradicciones en las declaraciones de los testigos sobre quién dirigía la patera y que los reconocimientos fotográficos se limitaron al color de piel, algo insuficiente para condenar a alguien. De esta forma, la sentencia concluyó que debía prevalecer la presunción de inocencia y ambos migrantes fueron absueltos y puestos en libertad inmediata.

Esta es la segunda sentencia que se produce en este sentido en Canarias y los colectivos de migrantes esperan que pueda servir para fijar este criterio. “Estamos empezando a ver un reconocimiento judicial de algo que llevamos años denunciando”, señala Inés Marco, coordinadora de Proyecto Patrones.

Mientras tanto, los verdaderos organizadores del negocio continúan operando desde África, fuera del alcance de la Justicia europea. “Hay que perseguir a quienes se quedan con el dinero en África, no encarcelar a pasajeros pobres sin pruebas. Mientras no se haga eso, los verdaderos organizadores seguirán montando pateras semana tras semana y lucrándose de ello mientras aquí hay inocentes haciendo frente a un proceso judicial”, denuncia Arencibia.

Este medio contactó con el Ministerio de Interior, Policía Nacional y Frontex para conocer su versión, pero en el momento de la publicación de este artículo no habían respondido.