YOLANDA ILUNDAIN/LOGROÑO

La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, aseguró ayer que a La Rioja no se le puede pedir que participe en el plan de traslados de inmigrantes ilegales previsto por el Gobierno central «cuando tenemos una población de 11.000 inmigrantes irregulares en La Rioja que son los que deja el Estado que pululen por todo el país».

Loza argumentó que debe tenerse en cuenta que la región tiene una «presión migratoria muy fuerte» que la sitúa entre las siete comunidades autónomas con mayor porcentaje de inmigrantes, 11,7% frente al 8,8% de la media nacional. Según afirmó, la población extranjera ilegal se ha doblado de enero a junio, pasando de 5.500 a 11.000 personas. «Como sigamos así el mismo derecho tendríamos en un futuro a pedirle al Estado el traslado de nuestros inmigrantes», apuntó.

Aunque la consejera insistió en que «la solidaridad riojana no tiene límites» y en los «enormes esfuerzos que estamos haciendo y seguiremos haciendo para atender a todos los inmigrantes que llegan», reiteró que «nuestra capacidad de acogida sí que tiene límites».

A su juicio, la postura del delegado del Gobierno es «vergonzosa» por sus críticas a La Rioja, recordando que los inmigrantes ilegales son su competencia y le instó «a decirnos a todos los riojanos cuáles son las medidas que va a establecer».

Para Loza, la política de traslados «no resuelve absolutamente nada» si no hay medidas que reduzcan la entrada de inmigrantes y dijo que el problema se está centralizando «hábilmente» en Canarias «cuando no hay que olvidar que la inmigración está entrando por todos los sitios, por Ceuta y Melilla, por la Junquera, por autobús, en avión, por Andalucía».

La responsable de Asuntos Sociales lamentó que no haya podido hablar con el ministro Caldera sobre la situación de La Rioja y acusó al Gobierno central de estar actuando con una «prepotencia enorme» en este tema.

Respecto al hecho de que La Rioja haya sido la única comunidad autónoma que no vaya a participar en el plan de traslados, Loza precisó que «cada comunidad autónoma es responsable de su política», añadiendo que la colaboración en este asunto «es opcional».