La muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años acribillado por agentes federales el sábado el Mineápolis mientras protestaba pacíficamente, ha multiplicado las posibilidades de que el Gobierno de EEUU se vea obligado a echar el cierre de nuevo a finales de este mes, tal y como ya ocurrió en octubre. La razón es que entre el paquete legislativo que el Congreso tenía pensado aprobar en los próximos días está una provisión para aumentar la financiación del ICE, la agencia migratoria que se ha convertido en el instrumento principal de la administración para perseguir extranjeros.

Especialmente en Minnesota, donde en las últimas semanas dos norteamericanos han muerto por disparos y un venezolano resultó herido de bala en la pierna. El Partido Demócrata está avisando de que no va a aprobarlo bajo ninguna circunstancia, dejando en manos de la mayoría republicana la elección: retirar la propuesta sobre el ICE o ir a un nuevo ‘shutdown’ federal.

El caos político en EEUU es absoluto, y el ICE está en medio de todo.

El país está conmocionado por las imágenes, por lo que cada vez más voces califican de “asesinato” o “ejecución”. Y por la indefendible posición y frialdad del Ejecutivo. Hay un debate profundo y muy agitado sobre las agencias migratorias, por su disparatado presupuesto (se ha disparado por nueve en el último año), por sus métodos, por la falta de preparación de sus agentes o por la ideología de sus líderes. Y porque parecen tener carta blanca para hacer cualquier cosa, incluyendo matar. “Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza. No culpo a los agentes de la Patrulla Fronteriza. El sospechoso se puso a sí mismo en esa situación, las víctimas son ellos” ha defendido este domingo Gregory Bovino, su jefe sobre el terreno.

Oficiales detienen a un manifestante en una protesta contra el ICE, en Mineápolis.
Oficiales detienen a un manifestante en una protesta contra el ICE, en Mineápolis.EFE
El Gobierno de Donald Trump, a pesar de los muchísimos vídeos, grabados dese todos los ángulos posibles sobre lo ocurrido el sábado en las calles de Mineápolis, sigue enrocado, sosteniendo sin ningún tipo de prueba que Alex Pretti era un “terrorista doméstico” que quería “causar una masacre” entre los agentes federales. Ha cerrado filas con los agentes que abrieron fuego, igual que hizo con el que mató a Renée Good, una madre de 37 años con tres hijos, mientras conducía su coche. Han concluido, sin una investigación, que el hombre de Minnesota era una amenaza, que los agentes temían por su vida y que lo que hicieron fue apropiado.

Pero hay mucho más. El mismo sábado, en medio de una enorme conmoción, con las calles llenas de manifestantes a 20º bajo cero y mientras el gobernador Tim Walz activaba a la Guardia Nacional, la fiscal general del país, Pam Bondi, le envió una carta con una serie de exigencias muy llamativas. En un documento de tres páginas, lleno de reproches por lo que considera falta de cooperación con el ICE y por poner el riesgo a los agentes, Bondi, usando el estilo y lenguaje de Trump, le exige a Walz que “reinstaure el Estado de Derecho, apoye el ICE y acabe con el caos en Minnesota”. Para lo cual, le reclama que entregue “los registros de Medicaid y los programas de nutrición y alimentos” para que “el Gobierno pueda investigar el fraude”.

Bondi también exige que Minnesota abandone las políticas de ciudades santuario, por las que las ciudades rechazan colaborar en las tareas antimigratorias. Y sobre todo, le pide los “registros y censo de voto para comprobar que sus prácticas de votación se ajustan a la ley federal”. Las autoridades estatales han denunciado el chantaje como la demostración de que lo que busca el Gobierno con sus redadas migratorias es crear caos, violencia y confusión para tener excusas para seguir desplegando al ejército. Y todo con el objetivo final de influir sobre las elecciones de medio mandato en noviembre, después de que Trump haya perdido tres veces consecutivas en el Estado.

Entre el sábado por la tarde y el domingo, decenas de senadores demócratas (y también alguno de los independientes que en noviembre votaron a favor de acabar con el anterior cierre del Ejecutivo) anunciaron que no aprobarán ningún paquete que incluya dar más recursos todavía al ICE, que se ha convertido en la agencia con más fondos del país. Hace una década, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía un presupuesto de menos de 6.000 millones de dólares, mucho menos que las principales dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora es la primera, con 85.000 millones de dólares a su disposición, gracias a la Big Beautiful Bill, la ley promulgada el pasado mes de julio a instancias de Trump.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha asegurado que los suyos no apoyarán el paquete de seis proyectos de ley de gasto público que se someterá a votación la próxima semana si incluye financiación para el Departamento de Seguridad Nacional. Y como son necesarios 60 votos, al menos seis o siete demócratas tendrían que alinearse con los Republicanos.

En otoño, el Gobierno tuvo que cerrar completamente, y permaneció en servicios mínimos durante semanas, antes de que hubiera un acuerdo, tras romper filas una decena de senadores asustados por el malestar de la ciudadanía. El Congreso ya ha aprobado desde entonces la financiación para todo el año 2026 de departamentos como el de Comercio, Justicia o Agricultura, pero no para varios de los más importantes, como el Pentágono y las agencias de seguridad nacional. La financiación temporal para estos departamentos, que representan más del 75% del gasto discrecional federal, expira a medianoche del viernes.

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Los demócratas aseguran que votarán en contra de cualquier financiación adicional “a menos que se implementen más controles para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rinda cuentas”, en palabras del senador Brian Schatz, de Hawai. “Estos repetidos incidentes de violencia en todo el país son ilegales, provocan una escalada innecesaria de la tensión y nos hacen sentir a todos menos seguros”. Unos cuantos republicanos, congresistas, senadores o gobernadores, han mostrado su preocupación, diciendo que “los americanos están preocupados” por lo que están viendo y criticando las acciones del ICE, pero no se espera que lideren un debate dentro del partido para forzar a seguridad nacional a cambiar sus protocolos.

La opción más rápida en todo caso en el Congreso sería intentar separar el proyecto de ley de Seguridad Nacional de la legislación para financiar el resto del Gobierno, ya que eso cuenta con un mayor apoyo bipartidista. Pero desglosar el paquete requeriría que la Cámara de Representantes, que tiene previsto estar en receso hasta el 2 de febrero, vuelva a estar operativa para aprobar los cambios. Y eso desataría la ira de Donald Trump, que este domingo parecía más preocupado por lo que considera el progresivo control de Canadá por parte de China o el retraso en las obras de reforma de la Casa Blanca para construir un salón de baile que en lo ocurrido en Minnesota. “¡Lo que está ocurriendo allí es un encubrimiento criminal del enorme fraude financiero que se ha cometido!”, escribió en su red social.