M. SÁIZ-PARDO/COLPISA. MADRID
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió ayer en el Congreso que los acuerdos de España con Marruecos, Mauritania y Senegal servirán para «reducir drásticamente la inmigración ilegal». El jefe del Ejecutivo defendió que su gabinete «trabaja en la dirección adecuada» para poner coto a las avalanchas de clandestinos en Ca – narias y dijo sentirse «razonablemente satisfecho» del trabajo del Gobierno en materia de extranjería. Pero no contentó ni al PP ni a Coalición Canaria, grupo con el que llegó a enfrentarse la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

La inmigración marcó la primera jornada parlamentaria del curso, con más de una docena de preguntas al Gobierno en el Congreso y el Senado, la mayoría del PP, que pidió en, al menos, tres ocasiones la dimisión de los dos ministros con competencias en extranjería, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba. El enfrentamiento entre populares y Gobierno frustró en menos de 24 horas las expectativas de un pacto de Estado sobre inmigración. Mariano Rajoy acusó al presidente de traspasar los «límites razonables de la incompetencia y la ineficacia» en la gestión de la extranjería, y su ‘número dos’, Ángel Acebes, reprochó a la vicepresidenta que ofrezca un pacto en inmigración para que «los fracasos del Gobierno los paguemos los demás».

«Párvulos»

Horas antes, en el Senado, Fernández de la Vega reiteraba sus llamadas al entendimiento con el principal partido de la oposición, al que pidió «un poco más de voluntad e imaginación» para resolver la actual crisis. Tras los ataques de los ‘pesos pesados’ del PP, la vicepresidenta cambió el discurso: denunció el «oportunismo de párvulos» de Acebes y acusó al partido de Rajoy de boicotear desde septiembre de 2004 el acercamiento al Gobierno en inmigración.

Coalición Canaria también expuso sus críticas en las dos cámaras. Su portavoz, Paulino Rivero, dijo que la Administración central ha convertido el archipiélago en una «olla a presión» y reprochó al Gobierno que no haya movilizado los medios suficientes para evitar las más de 3.000 muertes en las aguas atlánticas.

Fernández de la Vega recordó al Ejecutivo autonómico que Canarias es la antepenúltima comunidad en cooperación al desarrollo de los países africanos y reprochó al Gobierno de Adán Martín que sea el único que no ha firmado el plan de acogida de inmigrantes. Por su parte, el ministro del Interior anunció en el Congreso que se convocará «muy pronto» a los grupos parlamentarios para estudiar cambios en la Ley de Extranjería.

En el Senado, los parlamentarios del PP centraron sus ataques en el ministro Caldera, al que acusaron de «político irresponsable y gestor ineficaz» y le consideraron el autor de la «imagen de España como país chollo de la inmigración». Al acoso al Ejecutivo se sumó también Coalición Canaria.

El senador del PP Ignacio Cosidó dijo que a este ritmo el Gobierno tardará «más de un siglo» en expulsar a los clandestinos llegados a Canarias en el último año. Rubalcaba reveló la cifra de deportados – 59.000 personas en los ocho primeros meses de 2006 – y explicó que el Gobierno prefiere no informar a diario de las repatriaciones para no crear susceptibilidades en los países de origen.