La vicepresidenta De La Vega sorprendió ayer en el pleno del Congreso por sus duros reproches contra el Gobierno canario, al que acusó de insolidario por algunas de sus actuaciones sobre la inmigración ilegal. Concretamente, en respuesta al portavoz de CC, Paulino Rivero, la número dos del Gobierno acusó a las autoridades de las islas de no haber firmado el plan de acogida de inmigrantes y de ser el decimoquinto – de entre 17 comunidades autónomas – en ayuda al Africa subsahariana. Este repentino ataque contra el Gobierno canario, que soporta desde hace meses la llegada incesante de cayucos cargados de miles de sin papeles, es fruto sin duda del nerviosismo del Ejecutivo ante una cuestión que se les está yendo de las manos. Es obvio que el Gobierno precisa de toda la ayuda posible en uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestro país y el mejor camino para lograr la colaboración de todos no es atacar al resto de las fuerzas políticas. La vicepresidenta ha pedido al PP un pacto de Estado, pero se niega a reconocer los errores cometidos y defiende que la política de inmigración del Gobierno ha sido la adecuada. El PP lo ha interpretado, con razón, como una muestra de debilidad y no se fía porque el PSOE ya ha roto el pacto antiterrorista. La trascendencia de la cuestión hace necesario que el Gobierno sea un poco más humilde y que el PP arrime el hombro, olvidando intereses electorales.