El Gobierno ha logrado que la Justicia paralice de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que gestiona en Pozuelo de Alarcón, un cierre que ordenó el Ayuntamiento de este municipio madrileño alegando la falta de licencia.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado este jueves que el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares pedidas por el Gobierno, paralizando así el cierre del centro, que no será clausurado mientras no resuelva el recurso interpuesto, según señalan estas fuentes.

El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, por su parte ha anunciado en un comunicado que recurrirá la decisión judicial. En el texto, han señalado que no comparten la decisión del Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid de decretar las medidas cautelares.

La alcaldía de Pozuelo de Alarcón ordenó cerrar el centro el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad, después de que trascendiese que se barajaba trasladar desde Canarias a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo .

La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Gobierno acudió a la vía judicial el 17 de noviembre para evitar este final.

El Ayuntamiento del PP, sin embargo, ha recalcado que recurrirán la decisión de mantener abierto el centro, que, según han asegurado, solo tiene permiso municipal para 270 camas para alojamientos para alumnos de cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero el Ministerio autorizó “más del doble” de las plazas.

Además, ha argumentado que la propia Secretaría de Estado de Migraciones “autorizó hasta 564 plazas” y ha afirmado que llegó a reconocer que la ocupación real superaba las 400 personas.

El Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en Pozuelo acoge en estos momentos a 70 personas refugiadas y está, según el Ministerio, al 17% de su capacidad. Las plazas ocupadas corresponden a familias con niños y niñas ucranianos, con protección temporal, y a mujeres con sus hijos en situación de asilo.

La paralización cautelar del cierre ha sido recibida con alivio por parte de Migraciones, que alude a las familias acogidas en este recurso.

Pozuelo alegó riesgo de hacinamiento
Para defender el cierre, Pozuelo sostuvo en sus alegaciones ante el juzgado que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la TGSS y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo. El consistorio también aludió a un “riesgo cierto de hacinamiento”.

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EFE

Este ayuntamiento madrileño, que en todo momento ha estado respaldado por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, argumenta que la licencia concedida en 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio de la localidad, no se han cumplido.

Frente a estas alegaciones, fuentes del ministerio que dirige Elma Saiz señalaron que este Creade fue abierto en marzo de 2022 para atender a las personas ucranianas huidas de la invasión rusa con 400 plazas iniciales “sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses”.

Además, estas fuentes apuntaron que se trata de un centro “de derivación”, por lo que no tiene el “carácter de permanencia” que argumenta Pozuelo.

En estos centros, solo se necesitan unas horas para que las personas refugiadas sean registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y atendidas a nivel psicosocial, mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan, según explican desde el Ministerio de Migraciones.