Gipuzkoa siempre ha sido un territorio protagonista en los flujos migratorios al encontrarse junto a un punto caliente como es la frontera con Francia, pero … los cambios que se están dando en las características de los inmigrantes están provocando que la Diputación de Gipuzkoa reconozca que su red de acogida de menores se encuentre «totalmente saturada desde hace años». Esa situación límite se traduce en que su centro de referencia de recepción de estas personas, ubicado en Donostia, recibió durante 2025 a 32 menores extranjeros no acompañados al mes, cifras que casi doblan el promedio de anteriores años.

El departamento de Cuidados y Políticas Sociales ha habilitado de «urgencia» un albergue en un municipio costero de Gipuzkoa, a donde ha trasladado 28 menores extranjeros no acompañados que llevaban ya unos meses en su centro de acogida de urgencia. Lo hace a la espera de que pueda contar con más recursos durante estos próximos meses. El objetivo mediante esta alternativa, que la considera «extraordinaria», es tratar de aligerar la ocupación de un centro que está muy por encima de su capacidad, al 174% concretamente.

El gobierno foral, en un informe en el que plasma negro sobre blanco la crítica situación que vive el servicio, explica que la acogida de urgencia de migrantes menores de edad sin referentes familiares en Gipuzkoa se encuentra en estos momentos «muy tensionada». Y apunta que «para los próximos meses se prevén mayores dificultades».

Esas llegadas se producen en el centro de Uba de Donostia y cuenta con 33 plazas, capacidad que lleva tiempo quedándose corta. La media mensual de llegadas es de 18 personas menores de edad, una cifra a la que el recurso puede responder «de forma adecuada». Sin embargo, a causa del «significativo incremento» que se está produciendo los últimos años, desde enero a principios de noviembre de 2025 se tramitaron 323 altas de menores extranjeros, lo que repercute por un lado en un mayor desequilibrio entre el número de menores que llegan y los que salen y, por otro lado, en el aumento de la carga de trabajo. Las tareas que requiere realizar con cada menor arribado son el cumplimiento de tramitaciones en coordinación con Fiscalía, Osakidetza o autoridades policiales y la realización de entrevistas por parte de los trabajadores sociales para que se puedan atender sus necesidades básicas.

Al incremento de llegadas hay que sumar el cambio que se ha dado en los movimientos migratorios. En los últimos diez años el 14% de los menores extranjeros que llegaban a Gipuzkoa permanecían después en el territorio, ya que en la mayoría de los casos no era más que una parada transitoria de un camino más largo y que tenía un destino final más lejano.

Sin embargo, el departamento de Maite Peña destaca que en 2024 esa tendencia «se rompió», y actualmente el 37% de los niños, niñas y adolescentes con menos de 18 años se quedan en la red de acogida foral, lo que repercute en una mayor demanda de plazas y en un «atasco» de las salidas de urgencia.

Uba es el centro de referencia porque es el que recibe las acogidas de urgencia de menores extranjeros no acompañados, un primer paso para entrar en el programa de la Diputación que debería suponer una estancia media de tres meses (90 días) y está alcanzando actualmente los seis meses y medio (200 días).

Todos esos factores –más llegadas, mayor permanencia en Gipuzkoa y estancias más prolongadas– han disparado la tasa de ocupación del centro en cuestión y el departamento de Políticas Sociales transmite que «desde primavera de 2022 nos encontramos estructuralmente con sobreocupación», tasa que a noviembre de 2025 se encontraba en el 172,7% de ocupación en el centro de Uba.

A todo este contexto de menores extranjeros, hay que añadir también que Uba es el centro de acogida de urgencia inmediata para aquellos menores «autóctonos», que por cualquier razón deben recibir protección «en cuanto se adopta la forma definitiva de ejercer la guarda». Por eso se le denomina el ‘centro cero’, abierto a niños, niñas y adolescentes que cuentan con referentes familiares en Gipuzkoa pero que deben ser acogidos con carácter muy inmediato y urgente, de forma muy provisional y como puente hacia otro recurso residencial.

Sin embargo, por la «saturación» del centro, existen «grandes dificultades» para realizar «la labor protectora y valoradora para la que está definido», cuya consecuencia es una evolución «muy negativa» que «condiciona totalmente» el trabajo que se debe desarrollar.

El plan original para el centro ‘cero’ era que las estancias fueran «muy reducidas y sumamente cortas» para dar estabilidad a los menores y dotarlos de vínculos «más estables y seguros» en sus futuros recursos que no son provisionales, pero según lamenta la propia Diputación, «el conjunto de la red está totalmente saturado desde hace años y no es viable la absorción de los casos que entran en el centro ‘cero’ de Uba». Para ello sería necesario disponer en cualquier momento de un número de plazas determinado para realizar altas, requisito que «en los últimos tiempos» no se ha dado «en ningún momento». Es decir, no se están liberando plazas nunca.

El departamento de Políticas Sociales abrió cuatro recursos y en 2025, antes de la emisión de este informe fechado en noviembre, procedió a la apertura de 12 plazas para aligerar el centro de Uba, «pero estos problemas se han vuelto a reproducir y de forma muy explícita». La cartera que dirige Maite Peña ha tratado de reorganizar la red y ha ocupado plazas y recursos extra para la acogida de urgencia de autóctonos sin que tengan que pasar previamente por Uba, y trabaja estos meses para activar 38 plazas, 28 de ellas en Donostia y otras diez en Alto Deba.

Además, está buscando posibles ubicaciones para otros dos recursos que aumenten la capacidad de acogida de menores extranjeros, pero admite que no será posible en el corto plazo y que es una solución a «medio – largo» plazo.

Todo ello, con el fin de resolver las «dificultades estructurales actuales», pero como en el corto plazo el problema persiste, la Diputación redactó un contrato de emergencia en noviembre para trasladar «de inmediato» a 28 menores extranjeros no acompañados a un albergue que facilitó el Servicio de Promoción a la Infancia y la Juventud, donde están actualmente y permanecerán en él hasta el 19 de marzo, según el calendario marcado en el informe que justifica la redacción del contrato.

En esta maniobra realizada «de urgencia» para dar respuesta a una situación «extraordinaria», aunque el problema ya es «estructural», los menores trasladados han sido los que llevaban unos meses en Uba.

En el centro de Donostia se quedaron las personas menores de edad autóctonas, los migrantes recién llegados a Gipuzkoa y las chicas extranjeras que llevaban ya un tiempo en el recursos de Uba, además de que sigue dando entrada a los menores que siguen llegando. El objetivo es «solventar provisionalmente» durante estos meses «la situación de saturación» de Uba, lo que ha impedido «dar respuesta a esos jóvenes en el resto de la red».

Según los últimos datos –de noviembre–, la red foral de protección a menores migrantes de Gipuzkoa tutelaba a 175, un número que va fluctuando pero que es mayor al de hace una década. El pico máximo se produjo en 2018, cuando estalló la crisis migratoria. Entonces, Gipuzkoa asistió a 699 menores migrantes, y en 2024 la Diputación tenía a 236 menores extranjeros en sus centros, un 25% más que en 2014.

Última cifra de la sobreocupación que soporta el centro de acogida de Uba, en Donostia. El departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación traslada que «desde primavera de 2022 nos encontramos estructuralmente con sobreocupación».

La forma mayoritaria en la que llegan los menores inmigrantes a Euskadi ha cambiado en los últimos años, y la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, transmitía

en la entrevista que ofreció a este periódico

a principios de diciembre que «antes eran personas que tenemos en el imaginario de un niño de 10 años que venía en los bajos de un camión, y eso ya no existe en Gipuzkoa». Expresaba que «vienen de manera mucho más ordenada» porque «vienen buscando una oportunidad de la mano de un proceso migratorio, y no a raíz de la desprotección infantil».

Admitía que tenían «constancia» de los casos que se han dado en el conjunto de Euskadi de menores que llegaban acompañados por sus padres, quienes los abandonaban para que accedieran a la red de acogida. En Araba, por ejemplo, los últimos meses 34 menores llegaron de esa manera, y el departamento alavés solicitó la repatriación de siete de ellos contactando con sus allegados o con las embajadas de sus países de origen para advertirles sobre esa situación ilegal.

En Gipuzkoa también ha habido este tipo de casos, pero la Diputación prefiere «no entrar a valorar las circunstancias en las que cada uno llega» porque «nuestro deber como institución es atender y proteger a todo menor de edad que llegue a Gipuzkoa en situación de desprotección». Desde el departamento que dirige Maite Peña quieren «reafirmar» que «todas las actuaciones se realizan conforme al marco legal y en coordinación permanente con las autoridades competentes, teniendo siempre como principio rector el interés superior del menor».

Admitía que tenían «constancia» de los casos que se han dado en el conjunto de Euskadi de menores que llegaban acompañados por sus padres, quienes los abandonaban para que accedieran a la red de acogida. En Araba, por ejemplo, los últimos meses 34 menores llegaron de esa manera, y el departamento alavés solicitó la repatriación de siete de ellos contactando con sus allegados o con las embajadas de sus países de origen para advertirles sobre esa situación ilegal.

En Gipuzkoa también ha habido este tipo de casos, pero la Diputación prefiere «no entrar a valorar las circunstancias en las que cada uno llega» porque «nuestro deber como institución es atender y proteger a todo menor de edad que llegue a Gipuzkoa en situación de desprotección». Desde el departamento que dirige Maite Peña quieren «reafirmar» que «todas las actuaciones se realizan conforme al marco legal y en coordinación permanente con las autoridades competentes, teniendo siempre como principio rector el interés superior del menor».

En Gipuzkoa también ha habido este tipo de casos, pero la Diputación prefiere «no entrar a valorar las circunstancias en las que cada uno llega» porque «nuestro deber como institución es atender y proteger a todo menor de edad que llegue a Gipuzkoa en situación de desprotección». Desde el departamento que dirige Maite Peña quieren «reafirmar» que «todas las actuaciones se realizan conforme al marco legal y en coordinación permanente con las autoridades competentes, teniendo siempre como principio rector el interés superior del menor».