Vox en Cataluña ha anunciado una “ofensiva en la calle” contra las Zonas de Bajas Emisiones el 31 de enero en la Plaza Colón, movilizaciones para apoyar la huelga de maquinistas el 9, el 10 y el 11 de febrero ante “el caos ferroviario” y la convocatoria de “la segunda de las muchas manifestaciones contra el avance del islamismo y la inmigración masiva por toda Cataluña”, en este caso en Tarragona en febrero. Así lo ha explicado Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, en una atención a los medios junto al secretario general de la formación y presidente de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, en la que han denunciado la falta de presupuestos y la “dura realidad configurada por la inseguridad, los problemas para llegar a fin de mes, la pérdida de identidad en los barrios y los sueldos precarios para acceder a una vivienda”.

La formación ha explicado que hay, a su modo de ver, “dos Cataluñas”. La primera, han dicho, es “la de las élites”, la de las instituciones, “donde todo va bien, todo son sonrisas, convivencia y Agenda 2030”. Sin embargo, la formación ha advertido que esa “no es la Cataluña real”. La segunda es “la Cataluña de la calle y de los barrios”, una que “lleva años degradándose y los servicios públicos están cada vez peor”. Según Garriga, hay que elegir “entre el delincuente multirreincidente o el comerciante de toda la vida. entre el imán radical o la libertad de nuestras mujeres, entre el eurodiputado del PP o PSOE o nuestra pesca y agricultura”. “Al final, la política se trata de elegir, y en Vox estamos tomando partido por lo nuestro”.

Antes de desgranar su diagnóstico y propuestas para Cataluña, el portavoz ha cargado contra la gestión de Rodalies tras el último accidente en Gelida: “Es un auténtico desastre”. Para Garriga, además, el traspaso de Rodalies defendido por el PSC, Junts y ERC no responde a la voluntad de mejorar el mantenimiento o los aspectos técnicos, sino a la de “crear estructuras nuevas para enchufar a afines y a generar un flujo de dinero”. En este sentido, han explicado que la formación se adherirá a la huelga de maquinistas de los días 9, 10 y 11 de febrero “para exigir las garantías en el servicio”. En su turno, Ignacio Garriga ha anunciado una querella contra el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera “por delito de homicidio imprudente” tras el accidente de Adamuz.

Zonas de Bajas Emisiones

La formación ha empezado cargando contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), lo que, para ellos, “no es una medida de salud pública, sino un castigo clasista contra trabajadores y familias”, debido a que quien no puede pagar vehículos nuevos o tener la etiqueta en regla “son el fontanero, la enfermera que trabaja en otro municipio o el abuelo que tiene que ir al hospital a tratarse a una capital de comarca”. Garriga lo ha contrapuesto a “los eurodiputados del PP y del PSOE, el alcalde o el conseller” que van en chófer o pueden permitirse económicamente tener todo en regla.

En este sentido, Joan Garriga ha explicado que, si gobiernan, iniciarán una ofensiva contra la normativa europea, la Ley del Cambio Climático española, y el Decreto Ley de la Generalitat, regualciones referentes a las ZBE. Mientras tanto, ha dicho, actuarán políticamente donde tengan infuencia. Garriga ha puesto el ejemplo de Castellón donde las ZBE son orientativas y son, como mucho, “una recomendación, pero no una imposición”. Además, jurídicamente ha explicado que han presentado recursos contenciosos – administrativos en los 38 municipios donde se aplican las zonas. Ha anunciado, por último, que han convocado una manifestación el sábado 31 de enero a las 12 del mediodía en la Plaza Colón de Barcelona, que contará con la presencia de varias caravanas llegadas desde provincias o comarcas de toda Cataluña.

“El drama de la vivienda”

En cuanto al que es el principal problema de los catalanes según el CEO, el portavoz de Vox ha responsabilizado directamente a “las políticas del bipartidismo”. Para Garriga, es un problema no solo de acceso, “sino de arraigo, de barrio, de generar civilización, familia, entornos, amistades e identidad”. Sin embargo, el principal problema “es de construcción” y de sueldos precarios. Garriga ha explicado que hay mucha demanda y muy poca oferta. Además, para él, la demanda se ve agravada por la inmigración: “Es imposible que no suba el precio si cada año traes a medio millón de inmigrantes. No cabe ni un inmigrante más”.

Para Vox, la solución pasa por construir, liberalizar el suelo, desregular, eliminar trabas y facilitar la construcción pública y privada. Además, paralelamente, bajar los impuestos y bonificar fiscalmente la construcción, compra y transmisión de vivienda a los nacionales. Esas bonificaciones, ha explicado el partido, se pagarían con los impuestos que pagan los extranjeros, con los que también se construiría vivienda social. Garriga ha resaltado “la perspectiva de familia y nacional. La caridad empieza por uno mismo, por los nacionales, los de casa”.

Seguridad e inmigración

“Cataluña no es un lugar seguro”, a ojos de la formación. Garriga ha enumerado algunos de los delitos que han crecido en el período de 2017 a 2024, para situar la cifra general en un aumento del 20,78%. Garriga lo ha vinculado directamente a lo que denomina la “cultura del buenismo” y la pérdida de respeto a la autoridad. Según la formación, la ausencia de consecuencias ante el pequeño desacato es el punto de partida de la delincuencia, que, a su juicio, se ve agravada por una inmigración “masiva y descontrolada”. Garriga ha asegurado que existe una relación directa entre inmigración ilegal y criminalidad, una conexión que, ha afirmado, queda reflejada en los datos policiales y penitenciarios: “El 65% de los detenidos son extranjeros, más del 50% de los presos son extranjeros, en el caso de los jóvenes detenidos, más del 80% son extranjeros y el 90% de los condenados por violación en Cataluña son extranjeros”.

Como respuesta, la formación propone una política de expulsión y repatriación inmediata de los inmigrantes en situación irregular, defendiendo —según ha puntualizado— un trato humano, pero firme. Entre las medidas anunciadas figuran el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados, la ampliación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y un plan para frenar la instalación de inmigración ilegal y masiva. En paralelo, Vox plantea un “plan de barrios seguros”, con más presencia policial y mayores recursos para las fuerzas de seguridad. En el plano político y social, ha anunciado nuevas movilizaciones contra la islamización y la inmigración masiva, con una próxima manifestación en Tarragona en febrero bajo el lema Stop islamismo e inmigración masiva.

Servicios públicos

Por último, Vox ha denunciado que, pese a que Cataluña es una de las comunidades con mayor presión fiscal, los servicios públicos se encuentran en una situación de colapso. En sanidad, ha puesto el foco en las listas de espera para especialistas y cirugías, así como en los retrasos en la atención a la dependencia y en la valoración de la discapacidad. En educación, la formación ha criticado la falta de libertad y de calidad del sistema, citando los resultados de los informes PISA. Además, Garriga ha acusado a la Generalitat de priorizar el gasto en duplicidades administrativas, subvenciones y estructuras ideológicas frente a la inversión en servicios básicos, y ha advertido del aumento de la pobreza, tanto energética como infantil, en los hogares catalanes.

Ante este escenario, Vox propone aplicar el criterio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, reservando los recursos de primer orden a catalanes y españoles. La formación defiende una reorientación del gasto público hacia sanidad, educación, infraestructuras y seguridad, y plantea eliminar lo que considera despilfarro ideológico y subvenciones innecesarias. Asimismo, ha insistido en la repatriación de inmigrantes en situación irregular como vía para aliviar la presión sobre los servicios públicos. Como parte de su estrategia política, Vox ha anunciado campañas mensuales en distintos municipios con vallas publicitarias para denunciar lo que considera la degradación de Cataluña causada por las élites políticas.

Vox se reivindica como alternativa política

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha situado a su partido como la principal alternativa política de cara a 2026 frente al PSOE y el PP, a los que ha acusado de sostener un mismo proyecto político. Garriga ha asegurado que la formación intensificará su presencia en la calle y su acción política para llegar a antiguos votantes socialistas y a quienes, según ha dicho, se sienten defraudados por el bipartidismo. En este sentido, ha cargado contra el Govern de Salvador Illa, al que ha acusado de no representar ningún cambio respecto a las políticas de ERC y Junts, y ha defendido que Vox aspira a “cambiarlo absolutamente todo” frente a quienes, ha afirmado, solo buscan alcanzar el poder sin transformar la realidad.

En su intervención, Garriga ha rechazado que el Partido Popular sea una alternativa real y ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de mantener acuerdos y posiciones comunes con el PSOE, tanto a nivel nacional como europeo. Como ejemplo, ha citado el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, criticando que el PP se presente como defensor del sector primario mientras, según Vox, respalda ese pacto en las instituciones europeas. Para Garriga, esta coincidencia entre populares y socialistas demuestra la necesidad de una alternativa política “al bipartidismo y a los partidos separatistas” que, a su juicio, han deteriorado Cataluña en los últimos años.

Garriga también ha centrado parte de su discurso en la gestión de las infraestructuras ferroviarias tras los accidentes de Adamuz y Gelida. Ha anunciado la presentación de una querella contra los responsables de Adif por un presunto delito de homicidio imprudente y ha criticado la negativa del Ministerio de Transportes a realizar una auditoría independiente. El dirigente de Vox ha atribuido los siniestros a la falta de mantenimiento y ha acusado al Gobierno de intentar ganar tiempo para “controlar el relato”. En este contexto, ha asegurado que Vox no participará en el homenaje de Estado a las víctimas y que su forma de honrarlas será exigir responsabilidades políticas y judiciales.