El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretendía paralizar el traslado de 12 menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Los magistrados ratifican que estos territorios han superado por tres veces su capacidad de recibirlos y protegerlos, por lo que aceptar la petición madrileña supondría mantenerlos en unas circunstancias “gravemente perjudiciales”. En una resolución, el Supremo descarta suspender los procedimientos administrativos activados por la delegación del Gobierno de Ceuta y las subdelegaciones de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para trasladar a una docena de menores a Madrid. Fuentes de la Comunidad aseguran que, sin esperar a la respuesta del Supremo, el Gobierno de Díaz Ayuso ya está cumpliendo con el reparto de menores “impuesto” por el Gobierno y asegura que ha atendido a un total 120 chicos procedentes de esos territorios. La decisión comunicada este miércoles por el alto tribunal responde al enfrentamiento abierto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Díaz Ayuso por el reparto de menores migrantes decidido por el Ejecutivo central para descongestionar los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Madrid recurrió en el Tribunal Constitucional el decreto aprobado el 18 de marzo de 2025 por el que se acuerda el reparto de menores migrantes no acompañados; meses más tarde, impugnó en el Supremo el decreto, aprobado en agosto, que fija la capacidad de acogida de cada comunidad y que asignó al Gobierno madrileño la recepción de 647 chicos, de un total de 3.975.La Comunidad, además, reclamó como medida cautelar que el Supremo dejara en suspenso el inicio de 12 procedimientos administrativos puestos en marcha por Canarias y Ceuta para activar el traslado de los menores. A esta petición es a la que responde la resolución que el Supremo ha difundido este miércoles. Fuentes del Gobierno de Ayuso señalan que el auto del Supremo hace solo referencia al inicio de esos 12 casos porque fueron los primeros que se pusieron en marcha y que fueron recurridos.El Supremo cree, en línea con lo que ya dictaminó en el caso de los menores solicitantes de asilo en Canarias, que mantenerlos en el sistema de acogida de las islas provocaría “graves daños” a los menores, ya que, en esa otra causa, el tribunal determinó que los chavales llegados a Canarias estaban en una situación de “hacinamiento”. “Si ahora acordamos la suspensión de las disposiciones tomadas por la Administración del Estado con el propósito de evitar esta situación, entonces no solo caeríamos en contradicción con nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores”, razonan los magistrados.No obstante, al mismo tiempo la sala destaca que “la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y en Canarias supone que ha sido superada en tres veces la capacidad ordinaria de su sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados”, lo que “ha afectado negativamente a las administraciones autonómicas, que se han visto forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes”.Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalan que esta decisión del Supremo es “un nuevo varapalo judicial” a “la estrategia de bloqueo que distintos gobiernos autonómicos gobernados por el PP han llevado a cabo en contra del reparto solidario de menores migrantes. Tras distintos recursos por parte de varias comunidades, la justicia hace prevalecer el interés superior de los menores, tal y como establece el Real Decreto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. De este modo, han de evitarse los daños que sufren dada la situación en que se encuentran en territorios de acogida, como Canarias”, señalan estas fuentes.El reparto decidido por el Gobierno no es el único conflicto entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Ayuso abierto en el Supremo sobre los menores migrantes. La Sala de lo Contencioso – Administrativo instó en diciembre pasado al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad de Madrid. El alto tribunal dio así la razón a Madrid, que había pedido la adopción de esa medida, similar a la acordada en marzo del año pasado por el Supremo para los menores solicitantes de asilo que estaban en Canarias. Dentro de este procedimiento, la Comunidad ha enviado este miércoles un escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que le insta a acelerar los trámites para poner en marcha la acogida de los menores solicitantes de asilo que actualmente están en centros dependientes del Ejecutivo autonómico. Fuentes de la Comunidad aseguran que en el último año han atendido a 117 menores que han pedido protección internacional, pese a que esta es una “competencia exclusiva estatal”. “Hasta la fecha, el Gobierno no se ha hecho cargo ni de un solo menor solicitante de asilo, no dando cumplimiento al auto del Tribunal Supremo del pasado 18 de diciembre”, señalan estas fuentes.