El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez “incumple” la ley cada día que el centro de acogida de inmigrantes (Creade) de esta localidad permanece abierto. De ahí que este martes haya presentado un escrito de alegaciones al recurso presentado por el Ministerio para retrasar la clausura del recinto, que no cuenta con licencia de actividad y que corre “riesgo de hacinamiento” si el Ejecutivo mantiene su plan en materia migratoria.

El consistorio, comandado por el Partido Popular, concluyó el pasado verano que el centro carecía de licencia para la acogida de “hasta 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio ministerio”, y sólo dispone de 270 “camas de hospedaje breves para asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social”, que es el uso inicial que se le daba a estas instalaciones públicas. Por ello Pozuelo decretó en septiembre su “clausura definitiva” y dio al Gobierno cuatro meses para realojar a las personas en otros centros de acogida.

Una circunstancia que a día de hoy no se ha producido, a pesar de que la fecha límite era el pasado sábado. El Gobierno a lo largo de estos meses presentó un recurso judicial contra la decisión del cierre, que el Ayuntamiento correspondientemente alegó este martes, día en el que por su parte acababa el plazo para presentar cualquier consideración.

En su apunte, el Ayuntamiento de Pozuelo defiende ante el juez que el Gobierno está “incumpliendo” incluso la normativa estatal. Y aporta, según ha sabido este diario, toda la documentación sobre la que sostiene que existe “riesgo cierto de hacinamiento” si el Gobierno mantiene su hoja de ruta y cumple su “amenaza” de trasladar a este centro " a cientos de menores inmigrantes no acompañados" tras el fallo del Supremo que obliga al Gobierno a hacerse cargo de su situación.

Es ahora el juzgado el que debe decidir si mantiene abierto el centro de Pozuelo. El consistorio ha preferido respetar unos plazos judiciales que se han prolongado más allá de la fecha de cierre porque el recurso presentado por el ministerio el 17 de noviembre tardó más de un mes en llegar al ayuntamiento, concretamente la víspera de Nochebuena, momento a partir del cual empezó correr el plazo de alegaciones para el ayuntamiento con el parón navideño de por medio, según se explica desde el propio Ayuntamiento.

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“Cuanto más avanza este ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola”, expresa la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, que tilda de “temerario” que el Ejecutivo “autorice que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas”.

“Confiamos en que la Justicia actúe ante esta irresponsabilidad”, asevera Tejero. “En cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea”.