La trágica y controvertida muerte de Renee Good por disparos de un agente del ICE la agencia federal encargada del control de inmigración en EEUU supone un antes y después en la política estadounidense y en la deriva autoritaria de la Administración Trump.
Lo es, en primer lugar, porque la víctima era una ciudadana estadounidense. Ese dato invalida la separación que la derecha estadounidense había trazado hasta ahora entre ciudadanos e inmigrantes y la lógica de su política migratoria, en teoría destinada a proteger a los primeros de los segundos.
De las acciones y declaraciones de las autoridades federales—que no solo se han negado a investigar al agente que disparó a Renee Good, sino que han calificado a la víctima de “terrorista” e investigado a su pareja— se desprende que los estadounidenses también van a ser divididos en dos grupos —los que acepten y los que se resistan al ICE— y que el segundo grupo no puede sentirse seguro a pesar de, en teoría, tener plenos derechos constitucionales.
En EEUU, como en tantas otras democracias, la residencia irregular no es un delito penal, sino una falta administrativa. Sin embargo, la administración Trump ha criminalizado a todo el colectivo inmigrante, independientemente de que tuviera antecedentes penales o policiales, con el fin de lograr un millón de deportaciones. Para ello no solo ha cuadruplicado el presupuesto de las agencias de control migratorio y contratado a 40.000 nuevos agentes, sino que les ha concedido un enorme poder e impunidad.
Que el ICE vista uniformes militares, no policiales, porte armas de guerra, que sus agentes operen encapuchados y sin identificarse, y que empleen la violencia e intimidación de forma tan extrema los convierte en una fuerza paramilitar inaceptable en una democracia. Que, además, Trump despliegue la Guardia Nacional, señala otra peligrosa deriva en todo régimen autoritario: el empleo de las fuerzas armadas para tareas de orden público —un problema secular para la consolidación de las libertades y los derechos fundamentales en España, como documentó el profesor Ballbé en su magistral obra ’Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)—.
Toda deriva autoritaria comienza con la designación de un enemigo interno, la militarización de la política para combatirlo y la aprobación de leyes y procedimientos excepcionales que violan los derechos fundamentales. Eso es lo que está pasando en EE.UU: un deslizamiento hacia un régimen autoritario