ACN Press
Madrid

Paulino Rivero califica sus manifestaciones como “absolutamente intolerables” y “propias de una persona desquiciada y fuera de sí”, además de demostrar que “está muy nerviosa y este tema le hace daño”. Fuentes del PSOE recuerdan que Canarias es la única Comunidad Autónoma que no recibe inmigrantes que llegan en cayuco y no pueden ser repatriados.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reprochó hoy ante el Pleno del Congreso al presidente de CC, Paulino Rivero, que el Gobierno de su partido en Canarias fuese el único en no firmar el Plan de Acogida de Inmigrantes ilegales en otras Comunidades Autónomas por el que éstos se derivan a la Península antes de que pase el plazo de 40 días tras el que deben ser puestos en libertad tras su estancia en Centros de Internamiento.

Asimismo reprochó al Gobierno regional que en 2004 y 2005 haya ocupado el decimoquinto lugar entre los autonómicos en Ayuda al Desarrollo, algo que ya manifestó antes del verano, durante el Debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y que, según la vicepresidenta, “contrasta con la actitud de los ciudadanos canarios que aguantan con responsabilidad y sensatez” el fenómeno de los cayucos,

“Obras son amores y no buenas razones, señor Rivero”, espetó la vicepresidenta desde su escaño al portavoz nacionalista tras reiterar el conjunto de medidas que el Gobierno central ha adoptado en los últimos meses para hacer frente al fenómeno.

Rivero había preguntado a la vicepresidenta por las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para hacer efectivo el compromiso que la propia De la Vega formuló hace unos días de “no aceptar que se incumplan los acuerdos bilaterales o multilaterales” con los países de origen y repatriar a todos los irregulares.

Con posterioridad, el portavoz de CC calificó en los pasillos del Congreso las afirmaciones de De la Vega como “absolutamente intolerables” y “propias de una persona desquiciada y fuera de sí, que quiere desviar la atención sobre el problema de la inmigración irregular”. Asimismo dijo “no saber” a qué se refería la vicepresidenta al decir que Canarias “no firmó” el Plan de Traslados y que CC presentará próximamente una iniciativa parlamentaria para debatir con ella este tema.

En este sentido, fuentes del PSOE aseguraron que al Gobierno regional se le requirió la firma de dicho Plan, de modo que asumiera también “su cuota de responsabilidad” en la acogida de inmigrantes ilegales en el caso de que se produjeran llegadas masivas a otras Comunidades Autónomas, como pudiera ser el caso de Andalucía.

Las mismas fuentes recordaron las resistencias que hace aproximadamente un año existieron en las Islas al traslado de inmigrantes desde Ceuta y Melilla a los Centros de Internamiento de las Islas en un momento en que se había frenado la presión migratoria en el Atlántico desde Marruecos y el Sáhara Occidental y todavía no se había hecho patente el fenómeno de los cayucos.

En esta misma línea, señalaron que con la política de Traslados, Canarias es la única Comunidad Autónoma que no se queda con los inmigrantes ilegales que llegan en cayuco si pasa el plazo de 40 días sin que puedan ser repatriados.

“Ni pies ni cabeza”

“De todos modos, no tiene pies ni cabeza, quién más que Canarias está sufriendo la inmigración ilegal y está demostrando capacidad de acogida”, aseguró Rivero en los pasillos del Congreso cuando posteriormente un grupo de periodistas le trasladó estas explicaciones sobre las palabras de De la Vega, “lo que ha demostrado es que está muy nerviosa y que este tema le hace mucho daño, pero su respuesta supone un absoluto maltrato a Canarias”.

Por su parte, el diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos manifestó que el Gobierno de Canarias y Coalición Canaria “deben tomar medidas ante lo que ha dicho De la Vega, porque lo que ha dicho es bochornoso”.

“Aunque yo no soy de CC, me siento avergonzado como canario”, aseguró Matos a la salida del hemiciclo. En su intervención, De la Vega reiteró los datos y argumentos que el Gobierno viene exponiendo en los últimos días, y que en buena parte ya había expuesto en el Senado por la mañana.

1200 policías

Así, señaló que el Ejecutivo ha trasladado a Canarias 1200 policías y Guardias Civiles, agregando que las patrullas conjuntas con Mauritania ya han servido para apresar 60 embarcaciones, desarticular 700 redes mafiosas y detener a 1000 personas.

El Gobierno también habría destinado 35 millones de euros a la atención a los inmigrantes a pie de playa y en España bajo el Gobierno del PSOe se habría detenido a 2.300 personas y desarticulado 550 redes. Tras señalar que el dispositivo de Frontex cuenta con 7 millones de euros; el control de las aguas mauritanas, 5; y otros 5 para Senegal, aunque próximamente se ampliarán los medios de Frontex.