En un contexto de progresivo declive demográfico, los datos sobre población publicados en diciembre por el Instituto Vasco de Estadística invitan a la reflexión. La … novedad es el aumento de la población de Euskadi. Una buena noticia. A pesar del saldo negativo entre nacimientos y defunciones, la llegada de 20.870 personas inmigrantes ha invertido la tendencia a la baja. Con casi 5.700 residentes más, Bizkaia es el territorio que muestra un mayor aumento. Álava crece de manera más limitada (2.534 personas) a pesar del tirón de Vitoria – Gasteiz (13,4%), muy superior al de las otras dos capitales. Gipuzkoa aumenta en 1.973 personas. En el conjunto de municipios, 150 mejoran sus cifras de población, liderados por Barakaldo y Berango. Getxo encabeza junto a Hondarribia la pérdida de población en 93 ayuntamientos.

El crecimiento demográfico moderado por la inmigración va en paralelo al envejecimiento persistente: una de cada cuatro personas tiene más de 65 años (3,6 puntos más que en el conjunto del Estado), y solo el 16% es menor de 18. La tendencia es consecuencia del descenso de la natalidad, con especial impacto en Bizkaia. La edad media de la población no para de subir: en las últimas dos décadas aumentó cuatro puntos, hasta 46,1 años, dos más que en el conjunto de España.

El informe Eustat muestra un cambio profundo en la sociedad. De los 938.000 hogares, los formados por familias con hijas e hijos no llegan a un tercio, y las monoparentales son ya el 18,1%. Los hogares unipersonales han aumentado un 91%, hasta 290.497. Llama la atención el número de personas que viven solas: 296.530, la mayoría mujeres.

Los datos esbozan una sociedad necesitada de recambio demográfico y medidas de apoyo a las familias para cumplir su importante cometido en la vertebración y fortalecimiento del tejido social. La situación es consecuencia de factores sociológicos, económicos y también del contexto cultural.

No hay sociedad con aspiraciones de futuro que pueda resistir semejante panorama. Consciente de la situación, el Gobierno Vasco aprobó el V Plan de Apoyo a las Familias, la Infancia y la Adolescencia. La consejera Nerea Melgosa escribe en la presentación que «hablar de familias es también hablar de cohesión, de bienestar y de los vínculos que sostienen la vida cotidiana». No hay modo mejor de hacer frente al reto demográfico que fortalecer la institución familiar. Supone remover obstáculos estructurales como la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres, las necesidades de apoyos a la conciliación y la crianza. «Reconocemos la contribución social de las familias al bien común y apostamos por el carácter universal de los apoyos».

La línea de trabajo del Ejecutivo autonómico contrasta con el derrotismo del Gobierno central al enfrentar el mismo problema: ¿alguien se acuerda del Plan España 2050, presentado hace cinco años? «Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad, ni un potencial incremento de la inmigración, podrán revertir completamente este escenario», se lamentaba el Gobierno. Las proyecciones asumían una ligera mejora de la tasa de fecundidad, pero «no lo suficiente como para llegar al índice de reemplazo poblacional».

La institución familiar pertenece al ámbito privado, pero tiene efectos públicos. Al contribuir de modo efectivo a la renovación generacional, desempeña una función que el Estado no puede sustituir. Una población envejecida es menos emprendedora porque los jóvenes aportan nuevas ideas y más capacidad para la innovación y el desarrollo.

¿Se puede hacer algo para facilitar el cambio? Un reciente informe de Save The Children sugiere algunas líneas de acción: hacer rembolsable el mínimo por descendientes del IRPF para que beneficie a las familias con bajos ingresos; reforzar y rediseñar la aportación a las familias; y pensar una prestación universal por hijo o hija a cargo. Al plan del Gobierno Vasco, que va en la buena dirección, deben acompañar medidas en los ámbitos de la conciliación, fiscalidad, salud, educación, higiene y alimentación, ocio, entre otros.

El espectro político empieza a situarse en modo electoral, pero las llamadas ‘políticas familiares’ que anunciarán los programas no pueden depender de la coyuntura. Deben nacer del convencimiento de que sin la familia no puede haber crecimiento económico sostenido, y resulta más difícil la estabilidad y la cohesión social.

Dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Este es el significado del término prevaricación. La moción aprobada por el Congreso en noviembre (sin votos en contra), que insta a modificar la ley y derogar la penalización a pensionistas con largas carreras de cotización, determina que la ley actual es injusta. En consecuencia, entiendo que mantenerla equivaldría a prevaricar. El Gobierno, a pesar de haber votado afirmativamente, está bloqueando su modificación. Por otra parte, recordar que los grupos políticos serían cómplices de esa prevaricación si permiten que continúe el citado bloqueo. Se ha logrado un avance fantástico en los derechos de los trabajadores. No se entiende que esos mismos grupos ninguneen las condiciones precarias de insalubridad, penosidad y peligrosidad en las que ha trabajado el colectivo de largas carreras, durante muchos años de su vida laboral. Señorías, ¿no tienen padres y abuelos para preguntarles?