Un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional incoara diligencias preprocesales para investigar la denuncia presentada por dos mujeres contra Julio Iglesias por un presunto delito de agresión sexual, el caso ha adquirido una dimensión creciente, ampliando progresivamente su alcance.

El procedimiento ha trascendido el ámbito estrictamente judicial y social para irrumpir, una vez más, en el debate político

, donde ha sido utilizado como elemento de confrontación partidista. Mientras desde sectores de la izquierda se condena al cantante de forma anticipada, desde la derecha se cuestionan las acusaciones apelando a su trayectoria artística, si bien el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido la “gravedad” de los testimonios conocidos y se ha mostrado conforme con que sea la Justicia quien los investigue. Paralelamente, el Gobierno estudia la posible retirada de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes concedida a Iglesias en 2010.

En este contexto de exposición pública y debate generalizado en torno a un procedimiento de carácter reservado, la organización feminista Women’s Link Worldwide, que ha respaldado a las demandantes y les presta asesoramiento legal – junto con Amnistía Internacional – , ha ofrecido precisiones sobre los hechos denunciados en este supuesto caso de agresión sexual y trata de seres humanos, cuya repercusión ha traspasado fronteras debido a la proyección internacional del artista. “

Los hechos denunciados por Rebeca y Laura – los nombres ficticios de las demandantes – deben analizarse en el marco de estructuras sistémicas de opresión y abuso

”, ha señalado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, quien ha añadido que “estas dinámicas suelen manifestarse en formas de violencia sexual, racismo, colonialismo y extractivismo de los cuerpos y las vidas de las mujeres, y forman parte de un sistema que deshumaniza a las mujeres racializadas y les niega el derecho a vivir libres de violencia y discriminación”.

Asimismo, durante una rueda de prensa celebrada este 14 de enero, Cisnero ha confirmado que

a las denunciantes se les ha concedido el estatus de testigos protegidos y que ambas ya han sido citadas a declarar ante la Fiscalía. No obstante, la abogada de la organización, Gema Fernández, precisó que “todavía no hay una fecha fijada para la toma de declaración y es posible que se utilicen medios telemáticos”, subrayando que, en cualquier caso, se trata de extremos propios de una investigación preprocesal que deben abordarse con la debida reserva.

Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, en rueda de prensa

La Razón

En la misma comparecencia, Cisnero detalló las medidas de protección solicitadas por Women’s Link Worldwide ante la Fiscalía para salvaguardar a las demandantes, fundamentadas en la existencia de “

una asimetría de poder evidente entre el denunciado y las denunciantes, derivada de su posición económica y su influencia

”. Entre dichas medidas, la organización ha solicitado, en primer lugar, evitar cualquier contacto directo entre las denunciantes, sus familiares y los sospechosos; en segundo lugar, adoptar garantías para proteger su intimidad y la de sus allegados, impidiendo la difusión de datos que puedan facilitar su identificación; en tercer lugar, que en el momento de prestar declaración se tengan en cuenta sus circunstancias personales – incluido el hecho de que no residan en España y sean denunciantes de violencia sexual – para evitar situaciones de revictimización; y, por último,

prevenir la revictimización de las trabajadoras que continúan empleadas por el denunciado.

Si bien corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar los delitos que eventualmente podrían imputarse, en caso de que el procedimiento avance, desde Women’s Link Worldwide sostienen que existen indicios de

posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual – entre los que incluyen acoso y agresión sexual, así como un delito de lesiones derivado de estos hechos – y delitos contra los derechos de los trabajadores. “Corresponde ahora a la Fiscalía valorar si los hechos puestos en su conocimiento pueden ser constitutivos de estos u otros ilícitos penales”, ha subrayado la letrada.

Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide, en rueda de prensa

La Razón

Fernández ha señalado igualmente que las demandantes habrían sufrido “

un contexto de intimidación que, en algunos casos, se producía en presencia de sus superiores directas en las mansiones, también empleadas del denunciado

”, una circunstancia que, a su juicio, pudo incrementar la presión psicológica sobre las víctimas y reforzar la percepción de que no podían oponerse o resistirse a los presuntos abusos.

Por último, la abogada ha indicado que

el plazo máximo previsto para que la Fiscalía adopte una decisión es de seis meses

, prorrogables de forma excepcional por otros seis. Transcurrido ese periodo, el Ministerio Público deberá resolver mediante el archivo de las actuaciones o la continuación del procedimiento por la vía judicial correspondiente.