En enero de 2015, según el INE, España tenía 46.446.000 habitantes. En enero de 2025, diez años después, el mismo centro de estadísticas nos daba una población de 49.128.000 habitantes. Es decir, en una década nuestro país había crecido en 2.677.000, prodigio debido casi exclusivamente a los flujos migratorios. Más de dos millones de extranjeros, con marroquíes, colombianos y venezolanos a la cabeza, venidos en busca de un futuro mejor pero que, desafortunadamente, no traían una vivienda bajo el brazo. Ni siquiera una humilde habitación. Aunque suene mal decirlo, cuando los franquistas se encontraron con un problema de desplazamiento masivo de la población del campo a la ciudad, la dictadura levantó en seis años (de 1961 a 1967) 1.600.000 viviendas, alrededor de doscientas mil de ellas para personas sin recursos. Los que ya tenemos una edad recordamos perfectamente las casas con el emblema del yugo y las flechas que indicaba que habían sido construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda. La ley de memoria histórica fue retirando las placas, con lo que nuestro señorito se ahorra comparaciones, que siempre son odiosas. Uno se pregunta si la escasez de viviendas que padecemos responde a la mera torpeza de unos gobiernos que son incapaces de planificar más allá de unas elecciones o es fruto de unas posiciones ideológicas, las de la izquierda exquisita, que desde siempre ha considerado la industria de la construcción y el mercado inmobiliario como un negocio vergonzante, organizado por parásitos sociales que solo buscan enriquecerse con la sangre de las pobres gentes. Esos constructores venales, caseros retratados por Dickens o rentistas mugrientos surgidos de una Vetusta cualquiera, a los que, luego, el Gobierno endosa la responsabilidad social que es incapaz de afrontar. Sí, hablamos de esos izquierdistas y ecologetas de salón, siempre prestos a recurrir a los tribunales para impedir o retrasar proyectos inmobiliarios, reformas urbanísticas o, simplemente, cambios de uso, bajo la socorrida excusa de la lucha contra la especulación, pero que cuando vienen mal dadas no saben hacer otra cosa que actuar contra la propiedad privada y el libre desempeño de la actividad económica, con el resultado de fábula que estamos viendo. Y ahora, claro, cuando el problema ha dejado de ser una de esas cosas que solo le pasaban a los pobres inmigrantes y son las nuevas generaciones de españoles las que no encuentran un sitio decente donde meterse vienen las prisas y sólo queda el recurso a la propaganda. Por ejemplo, el anuncio del señorito de bonificar el 100 por 100 del IRPF a los caseros buenos que no suban el alquiler a sus inquilinos. Esa promesa la hizo el señorito el pasado lunes durante la «inauguración» de las obras de demolición de los viejos cuarteles de la «operación Campamento», en Madrid, proyecto urbanístico que «solo» lleva 36 años de retraso, pero es exactamente la misma que hizo en enero de 2025 y, por supuesto, la misma que hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en el mes de mayo siguiente. Como cuentacuentos, hay que reconocer que el señorito se repite más que el ajo, y no traigo a cuenta cuántas viviendas ha anunciado que iba a construir desde 2018 porque, como le pasaba a Umbral, no me apetece entrar en internet a mirarlo y, total, a sus socios de Gobierno estas cosas se la traen al pairo. Ellos están para luchar contra la especulación. O qué se habían creído.