Enterrados en las mil páginas de reformas fiscales y otras necesidades de la agenda del Make America Great Again (Hagamos Grande a EE UU de Nuevo), hay 170 millones de dólares para el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esa partida aprobada en julio pasado con la «Big, Beautiful Bill» de Donald Trump ha permitido a la agencia armada federal duplicar con creces su fuerza laboral y desplegarse virulentamente por EE UU, con preferencia para las ciudades santuario gobernadas por la oposición del Partido Demócrata.

ICE, cuyas siglas se leen como «hielo» en inglés, se había convertido desde su fundación en 2002, tras los ataques terroristas del 11-S, en el terror de los inmigrantes, pero desde el año pasado lo es también de los propios ciudadanos estadounidenses. Según una investigación de ProPublica, al menos 170 han caído indebidamente en las redes de esta fuerza de detención y deportación migratoria, que se ha convertido en el brazo armado del gobierno de Trump. A eso hay que sumar cuatro muertes, destacando la de Renee Good, una mujer de 37 años de Mineápolis que el miércoles cayó víctima de sus disparos.

Tras dejar a su hijo de 6 años en el colegio, su naturaleza compasiva, dijo su madre, le inclinó a participar como observadora en la redada que se producía en un barrio residencial de la ciudad. Y aunque ni siquiera se bajó del coche, se convirtió en el blanco de los agentes de ICE, que forcejearon con la puerta del coche para sacarla, mientras ella trataba de huir. Un tercero le disparó a través del limpiaparabrisas y siguió descargando su arma mientras el coche, ya a la deriva, chocaba con otros vehículos aparcados.

El argumento de que intentaba atropellar a los agentes de ICE era simplemente «una absoluta gilipollez», dijo enfurecido el alcalde de la ciudad, Jacob Frey. Ni que decir tiene que sus hombres no cooperan con las fuerzas de ICE. Tampoco el FBI lo hace con la fiscalía del estado, a la que ha negado acceso a las evidencias del caso.

El agente de 43 años que alega defensa propia, Jonathan Ross, es un veterano de Irak reconvertido a miembro de ICE en 2017. En junio pasado se enganchó a la ventanilla del coche que conducía un inmigrante mexicano para abrirle la puerta y fue arrastrado 90 metros hasta que cayó a la carretera, requiriendo de 20 puntos de sutura en un brazo. Roberto Carlos Muñoz ha sido condenado por ese ataque. Ross ha endurecido sus tácticas. Entonces disparó a Muñoz con una pistola Taser de descargas eléctricas. Esta vez, a Good, con su arma reglamentaria –presumiblemente una SIG Sauer de 19 mm parabellum, que está siendo reemplazada en el cuerpo por la Glock de 9 mm–.

La diferencia entre ambas respuestas es sustancial, no solo en el daño infligido. El mexicano era objeto de búsqueda y captura por estar ilegalmente en el país y tener antecedentes delictivos. Good, una ciudadana estadounidense, viuda, madre de tres hijos, evangélica devota y amante de la poesía, filmaba el operativo desde dentro de su vehículo para servir de testigo. La mujer que grita palabras soeces en uno de los vídeos hechos públicos era su pareja, no la «alborotadora profesional» que Trump creyó ver. «Fue culpa mía», sollozaba. «Yo la llamé para que viniese».

Entrenamiento militar
Ross, como otros veteranos, había desplegado su entrenamiento militar como miembro de la Guardia Nacional, asignado a una ametralladora en Irak, a las calles de Mineápolis. Su misión inicial de capturar «objetivos de alto valor» en una fuerza antiterrorista conjunta con el FBI se ha trasladado a la búsqueda de cualquier inmigrante.

Sus compañeros de trabajo son ahora jóvenes inexpertos menores de 40 años, la edad límite que establece ICE para el reclutamiento. El bono inicial de hasta 50.000 dólares (43.000 euros) en el caso de agentes jubilados, que les permite además cobrar pensión y sueldo si vuelven al trabajo, ha logrado que la agencia establecida pase en solo seis meses de 10.000 a 22.000 efectivos. En una convocatoria abierta apenas este pasado jueves, el sueldo base era de entre 51.632 y 84.277 dólares anuales (de 44.216 a 72.173 euros), antes de los complementos específicos del puesto, que varían por localidad. A eso todavía se pueden sumar horas extras, bonos por desempeño y retención en el puesto. Otros incentivos incluyen el perdón de préstamos estudiantiles y mayores contribuciones para la jubilación. Todo se sazona con una alta dosis de orgullo patriota, impulsado por una campaña publicitaria tan reñida con el sentir de la calle que Spotify ha dejado de emitirlos esta misma semana.

Una agencia única en el mundo que suma 605.000 deportaciones
No existe una agencia equivalente a ICE en otros países. No hay un cuerpo armado autónomo dedicado casi en exclusiva a la inmigración interior, con capacidad concentrada para investigar, detener y expulsar. En España, ese poder está repartido deliberadamente entre la Policía Nacional, a través de la Brigada de Extranjería y Fronteras (expedientes, internamientos y expulsiones), la Guardia Civil (control de fronteras exteriores, costas y lucha contra redes), y el Ministerio del Interior, que fija la política y autoriza las decisiones administrativas. Y hasta la Home Office Immigration Enforcement del Reino Unido, que sería lo más parecido, carece de la militarización y la fusión de competencias que caracterizan a ICE, además de estar sometido a un marco administrativo y de supervisión más restrictivo.

ICE congela barrios y ciudades, en nombre de una seguridad cuyo concepto se ha ido ensanchando hasta perseguir a mano armada a estudiantes propalestinos, activistas proinmigrantes y vecinos preocupados por la convivencia en su barrio. «Tengo un mensaje de nuestra comunidad para ICE: ‘Lárguense de Minneapolis’», les dijo el alcalde de la ciudad el miércoles, tras ver los vídeos del asesinato de Good. «No los queremos aquí. La razón que declaran para estar en esta ciudad es la seguridad y están haciendo exactamente lo contrario».

El año pasado ICE respondió a tiros en 14 ocasiones a las amenazas percibidas, según la cuenta de The Trace, pero hasta el mes pasado dice haberse anotado 605.000 deportaciones forzadas y casi dos millones «voluntarias». Con todo, el 53% de los estadounidenses desaprueban sus tácticas. Para más de la mitad de la población, el fin no justifica los medios.

Los requisitos son sencillos: no tener antecedentes penales, ni rastro de drogas en los análisis, superar el examen médico, las pruebas físicas y estar entrenado en el uso de armas de fuego, algo común entre los estadounidenses. El reclutamiento federal para absorber miles de nuevas contrataciones en un tiempo récord ha bajado los estándares y ha generado tensiones con los cuerpos de policías locales. «Cuando el gobierno federal recluta contra ti, compite con mejores beneficios y bolsillos más hondos», decía la Asociación Nacional de Condados.

Brutalidad
Lo que nació como una agencia híbrida diseñada para perseguir delitos vinculados a la inmigración y ejecutar expulsiones dentro del país, se ha convertido, con los años, en un cuerpo con doble columna vertebral —la rama de deportaciones (Enforcement and Removal Operations) y la de investigaciones (Homeland Security Investigations). Eso le permite desde ir a buscar a una persona a su casa para detenerla hasta abrir pesquisas de fraude documental, tráfico de personas, contrabando o delitos financieros. Su poder no reside solo en los arrestos, sino en la logística que también se refuerza con la partida presupuestaria aprobada por el Congreso para financiar centros de detención, traslado de detenidos, coordinación con cárceles locales, vuelos de deportación. Dispone también de un amplio margen para operar en un terreno gris donde lo administrativo y lo penal se rozan.

La indignación ante la brutalidad de los operativos que llevan a cabo agentes enmascarados en plena calle, a veces junto a colegios o iglesias, se ha extendido a ciudades como Los Angeles, Nueva York, Chicago y Portland. En esta última, el jueves resultó herido un matrimonio venezolano que se encontraba dentro de su coche junto a un hospital. ICE siempre busca los lugares más vulnerables. La asustada pareja tuvo que recorrer varios kilómetros para encontrar asistencia médica.