La ayuda al desarrollo de los países pobres que aprueban las comunidades autónomas camina con paso muy desigual. El crecimiento del presupuesto en 2025 se concentró prácticamente en tres territorios, Catalunya, Euskadi y Canarias, mientras el retroceso más acusado se registró en regiones gobernadas por el PP, como Andalucía y País Valencià. La coordinadora estatal de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo lo atribuye en buena parte al avance de la ultraderecha y sus políticas contrarias a estas ayudas, la migración y el multilateralismo.

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que representa a 17 coordinadoras autonómicas con más de 600 entidades, detalla ese grado de desigualdad en un informe en el que analiza los presupuestos autonómicos del último año. De esos presupuestos sale el dinero con el que se financian programas para paliar graves déficits de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales, afrontar crisis humanitarias y fomentar posibilidades de empleo en poblaciones con altos niveles de pobreza, la causante, en gran medida, de la migración que busca en los países desarrollados, entre ellos España, las oportunidades que no encuentran en el suyo.
Y 2025 ha sido, según este informe, el año con el mayor presupuesto global destinado a cooperación al desarrollo en las comunidades autónomas: 334,4 millones de euros, casi diez millones más que en 2024. Sin embargo, tal incremento presupuestario ha sido posible, fundamentalmente, por el empuje de tres comunidades: Catalunya, que ha aumentado sus partidas en 7,3 millones; Euskadi, en 3 millones, y Canarias, en 1,9, aunque en esta última el presupuesto final continúa siendo relativamente bajo respecto al conjunto autonómico.
El balance revela que entre las comunidades que han incrementado el presupuesto hay tres gobernadas por los socialistas (Catalunya, Asturias y Navarra), una por el PNV (Euskadi), otra por Coalición Canaria y dos por el PP (Balears y Galicia), mientras que todas las que han reducido la financiación se hallan en manos de los populares (Andalucía, País Valencià y Cantabria). El resto de territorios ha mantenido prácticamente el mismo gasto en cooperación del ejercicio anterior en un marco de notable ascenso inflacionario en un país donde, desde las elecciones autonómicas de 2023, el PP gobierna en 11 de las 17 comunidades, en muchos casos con algún tipo de acuerdo con la ultraderecha representada por Vox.

“La cooperación descentralizada es esencial, pero está amenazada”, advierte la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que señala, entre otros, un factor claramente ideológico: “La entrada de la extrema derecha en las instituciones y en el debate público, con sus políticas anticooperación, antiinmigración y contra el multilateralismo, está debilitando un sistema de ayuda que se venía fraguando desde los años 70 y 80 en el Estado español. Esto está llevando a que haya recortes y una cooperación al desarrollo muy condicionada por otros intereses”.

Y eso ocurre a pesar de que, de acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 96,6% de la población española cree que existen muchas desigualdades entre los países pobres y ricos y que el 72,2% considera que España debería hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollar otras regiones. Es decir, los sondeos constatan que la solidaridad sigue siendo, pese a todo, una seña de identidad de nuestra sociedad, recalca la Coordinadora.

Las consecuencias del cierre de la USAID
Todo esto ocurre, además, en un contexto internacional de avance de las políticas ultraconservadoras marcado, en el ámbito de la cooperación, por el cierre de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa decisión, a juicio de la coordinadora española, ha traído consigo un cuestionamiento del sistema de cooperación por parte de nuevos actores y el cierre inmediato de cientos de proyectos vinculados a sanidad y educación. Y como consecuencia, la ayuda oficial al desarrollo descendió en 2024 a nivel global por primera vez en seis años, al experimentar una reducción del 7,1% con respecto al ejercicio anterior.
“Frente al contexto actual de policrisis, guerras y rearme, la respuesta deberá ser siempre cooperación. Apostar por la cooperación al desarrollo es apostar por seguridad. Invertir en sanidad, educación, derechos sociales es invertir en seguridad. Los contextos militaristas suelen ir acompañados, además, de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales. La inversión más rentable será siempre la cooperación, la diplomacia y la protección de derechos”, subraya la coordinadora estatal en su informe de 2025.

Estos retrocesos no hacen más que alejar el objetivo que fijó la Asamblea General de la ONU en 1970 para los países ricos: destinar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta a la ayuda al desarrollo de los territorios pobres, objetivo luego incluido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tan denostada por las fuerzas ultraconservadoras en todo el mundo. Y en España, contribuyen a lograr el objetivo del 0,7 tanto las partidas presupuestarias del Gobierno central para programas de cooperación como las de las comunidades autónomas y las entidades locales.
En el caso de las comunidades, el objetivo sigue estando muy lejos todavía y con diferencias muy acusadas entre unas y otras. Euskadi y Navarras son las que se encuentran más cerca, al haber alcanzado un 0,35% y un 0,31, respectivamente. Tras ellas se sitúan La Rioja (0,26), País Valencià (0,20) y Catalunya (0,19).

Pero, según el informe de la coordinadora, resulta muy llamativa la caída porcentual experimentada desde 2018 por comunidades autónomas como Andalucía, que ha bajado estrepitosamente del 0,14 al 0,04; de Extremadura, que ha pasado del 0,21 al 0,13, o de Aragón, que ha descendido del 0,07 al 0,02. Por contra, han aumentado el peso presupuestario de las políticas de cooperación en La Rioja, del 0,23% al 0,26%; Navarra, del 0,20 al 0,31; Catalunya, del 0,09 al 0,19, y País Valencià, del 0,11 al 0,20.

A las organizaciones de ayuda al desarrollo les llama la atención, además, la “gran desconexión” que existe entre la riqueza y el esfuerzo presupuestario realizado en cooperación. Algunas comunidades con un PIB per cápita bajo hacen más esfuerzos en este ámbito que otras con mayores índices de riqueza y están menos comprometidas, como es el caso de Madrid (la de mayor PIB) y Aragón, ambas con un 0,02%, el más bajo de toda España, se lamenta la coordinadora estatal.

El vocal encargado de la cooperación descentralizada dentro de la coordinadora estatal, Carles Xavier López, asegura que a las organizaciones de ayuda al desarrollo les preocupa cada vez más el estancamiento del gasto de las administraciones, pese a que el Gobierno español y el de muchas comunidades y entidades locales estaban en sintonía con los postulados de la Agenda 2030. “Seguimos estando lejos del 0,7 y está habiendo recortes en comunidades que han sido referentes en cooperación, como Andalucía, o inversiones insignificantes en un territorio con tanta riqueza como Madrid”, explica en declaraciones a Público.

A juicio de Xavier López, el avance de los discursos del odio y de la ultraderecha están cuestionando en nuestra sociedad la misma defensa de los derechos humanos y el valor de la solidaridad, de la dignidad de vida de cualquier persona, una lacra que ha llegado a las negociaciones de los presupuestos de administraciones públicas. “Son momentos dificilísimos para la defensa de los derechos humanos”, advierte.
El sintomático desplome de Andalucía
El caso más sintomático del retroceso presupuestario en las comunidades autónomas es el de Andalucía, pese a que en su Estatuto de Autonomía hay un capítulo entero dedicado a la importancia de la cooperación para el desarrollo de los países pobres, con el fin de conseguir un mundo más justo.

En el año 2018, Andalucía estaba situada, junto a Euskadi, Navarra y Extremadura, entre las cuatro comunidades con un mayor esfuerzo presupuestario para cooperación al desarrollo y acción humanitaria: un 0,14%. Pero tras la llegada a la presidencia de la Junta del popular Juan Manuel Moreno Bonilla en 2019, ese porcentaje ha ido bajando de forma más acusada. Otras comunidades han reducido o subido ligeramente sus porcentajes de gasto o se han mantenido en el mismo índice durante ese periodo, pero ninguna ha dado el bandazo que ha experimentado la andaluza, de lo más alto a lo más bajo. De un 0,14 pasó a un 0,11 y luego a un 0,09 y después a un 0,06, a un 0,05, hasta quedarse en 2025 en un un escuálido 0,04, en el furgón de cola, entre las cinco comunidades con menor peso presupuestario.

El volumen de inversión en proyectos de cooperación y acción humanitaria, su reconocimiento por primera vez en un Estatuto de Autonomía como principio de solidaridad y el gran número de organizaciones y voluntariado que trabajan en este sector situaron a Andalucía como referente en España de la ayuda al desarrollo. En 2009, con el PSOE en el Gobierno andaluz, el presupuesto de la Junta para cooperación casi alcanzó los 100 millones de euros, cinco veces más que el asignado en las cuentas de 2025 (18,8 millones).

El primer golpe fue el acuerdo entre Vox, Ciudadanos y PP que llevó en enero de 2019 a Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, y que exigió en su punto número 37 que el gobierno andaluz debía dar “pasos decididos” hacia una gestión nacional de las ayudas a la cooperación internacional, es decir, para que Andalucía dejara de asumir gastos en ese ámbito.

El segundo mazazo llegó en 2021, cuando la formación de ultraderecha exigió al PP en el acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos que se redujera la dotación de la ayuda al desarrollo para hacer frente a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia en Andalucía. El resultado de ese acuerdo fue la retirada de tres millones de euros del presupuesto asignado a la Agencia andaluza de Cooperación para destinarlos al Banco de Alimentos, con el objetivo de solucionar “los graves problemas de pobreza alimentaria” que había en la región.

Ese mismo año, sin embargo, aumentaron en los presupuestos andaluces las partidas para subvencionar a las escuelas taurinas y para ampliar las medidas de seguridad en los centros de protección donde están acogidos menos migrantes no acompañados, otra de las exigencias que puso Vox sobre la mesa para aprobar las cuentas del gobierno de Moreno Bonilla.