AGENCIAS

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció hoy en el pleno del Senado que mañana viajará al archipiélago canario para abordar con el Gobierno insular el traslado a la Península de aquellos menores inmigrantes que no puedan ser atendidos con plenas garantías.

El ministro explicó que tratará esta cuestión con el presidente canario Adam Martín y su consejera de Asuntos Sociales, para llevar una propuesta al conjunto de las comunidades autónomas al Consejo Superior de la Inmigración que se celebrará el próximo lunes, día 18.

Caldera no avanzó el número de inmigrantes que serán trasladado, si bien aseguró que el Ejecutivo se hará responsable de la financiación y la organización de los programas programas de traslado y acogida, si bien, la tutela de los menores estará en manos de las comunidades autónomas. «Espero la solidaridad de las comunidades autónomas».

El titular de trabajo respondió así al senador de Coalición Canaria, Melchior Navarro, quien se refirió a los cerca de 775 menores que actualmente se encuentran en los centros canarios. Esta formación política considera que «la atención de los menores en situación de desampara es competencia de las comunidades autónomas, pero la inmigración clandestina es competencia del Estado».

Caldera reconoció que Canarias vive «una situación difícil» y que el asunto de los menores es «uno de los fenómenos más sensibles» y de «las caras más amargas de la inmigración», que exige «una respuesta inmediata y planificación de medios». No obstante, precisó que la Fiscalía General del Estado prima la condición de menor a la de inmigrante.

En su intervención ante el pleno de control del Senado, Caldera se defendió de las críticas del Partido Popular sobre la gestión realizada del problema de la Inmigración y, en concreto, de los traslados de inmigrantes. El senador Antonio Beteta aseguró que su política «no tiene credibilidad» y le reiteró la petición de dimisión.

Por su parte, Caldera advirtió de que la política de traslados se inició en 2002 con el PP aunque sin un programa de acogida. «En 2002 se les dejaba (en la calle) con un bocadillo y sin una lista de centros de acogida». Según sus datos, en lo que va de año se han producido 13. 000 traslados a la Península, de los cuales 10. 538 fueron atendidos por las ONG y 2. 479 por las cc. aa. Estos programas cuentan con una financiación de 184 millones de euros.
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