VEINTICUATRO horas ha tardado el Gobierno en darse cuenta de que las propuestas de Mariano Rajoy para un nueva política sobre inmigración habían dado la iniciativa al PP y dejado al descubierto el bloqueo del Ejecutivo. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, propuso a los populares «un gran pacto nacional sobre inmigración». Es difícil imaginar esta oferta si Rajoy no hubiera presentado el día anterior la alternativa del PP a la política del Gobierno socialista. En todo caso, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de Estado sobre inmigración debe ser bien valorada por la dirección popular, porque se encuadra en el estilo de oposición, constructiva y firme, que Mariano Rajoy defendió ante la Junta Directiva Nacional reunida el lunes en la sede popular.

Sin embargo, una cosa es la predisposición favorable del PP a aceptar la oferta de la vicepresidenta y otra muy distinta que el acuerdo de Estado consista en una mera adhesión de los populares a los errores cometidos. En este sentido, Fernández de la Vega no puso fácil el camino del acuerdo porque, al mismo tiempo que proponía el pacto con el PP, pedía a los diputados socialistas que defendieran con «orgullo» el proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales, que calificó de ejemplar. Si el Gobierno juzga de esta forma el lamentable proceso de legalización masiva, rechazado y criticado sin paliativos por los estados de la UE, y reafirma que su política migratoria es «responsable, sensata y firme», no parece que la oferta de un pacto de Estado tenga como finalidad la rectificación profunda y urgente de esa política, sino evitar que Rajoy lleve la iniciativa.

En gran parte, el mal está causado. España es un país al que se le toma poco o nada en serio en este asunto. Bruselas lo ha demostrado con hechos, y hasta Senegal le ha enmendado la plana al Gobierno socialista, acusando a la legislación española actual de provocar un «efecto llamada» de sus ciudadanos. La procesión de ministros por Bruselas y los países centroafricanos no ha servido de mucho en estos meses, y a Rodríguez Zapatero apenas le quedaba convencer a Merkel de que mejore la ayuda europea el próximo año. Además, ya hay una bolsa de inmigrantes ilegales instalada en territorio nacional, y a pesar de que Caldera diga – con sintaxis inefable – que «su número es poco», las ONG y los datos del INE lo desmienten rotundamente. Por eso, no es compatible ofrecer un pacto de Estado y reafirmarse en los errores cometidos. Una cosa u otra es lo que la dirección del PP debe plantear como cuestión previa al Gobierno para que le negociación llegue a un resultado aceptable.

El Ejecutivo ya sabe lo que piensa el PP sobre inmigración: prohibir por ley nuevas regularizaciones masivas, ayudas económicas sólo a los países que cumplan los convenios de repatriación, concentración de competencias en Interior – porque la inmigración ya es un problema de orden público, antes que asistencial – y establecimiento de una política europea común, medidas sensatas que devolverían solvencia a la posición española. Por tanto, si la vicepresidenta del Gobierno hizo ayer su oferta de pacto de Estado después de conocer la alternativa del PP, es porque ésta sirve de base para la negociación. Lo que no resultaría admisible es que la propuesta del Gobierno fuera un nuevo regate al PP y a la opinión pública, una válvula de escape para aliviar la presión del momento. Los asuntos de Estado no pueden ser objeto de pactos de oportunidad, ni de consensos in extremis. Durante dos años, el Gobierno ha tomado decisiones sobre inmigración sin contar con nadie, manejando cálculos de impacto en el empleo y en la cotización a la Seguridad Social y especulando con la apariencia de un talante progresista que ahora pasa factura.

A pesar de todo, la inmigración es un asunto de Estado que merece un pacto entre los dos grandes partidos, pero para dejar de hacer lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar radicalmente la política migratoria, que ha sido y es un fracaso absoluto que debe tener su reflejo en forma de responsabilidades políticas. No es creíble una rectificación, y menos aún un pacto de Estado, sobre política migratoria sin cambios en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sin el reconocimiento de los errores cometidos.