El Ayuntamiento de Donostia prevé firmar este jueves los permisos para el derribo de los pabellones abandonados de Herrera donde se ubicaba la antigua fábrica … de Zardoya Otis. Así lo anunció este miércoles el alcalde, Jon Insausti, quien advirtió de que «esto no se puede repetir en esta ciudad», en referencia a los «importantes problemas de convivencia» que ha generado en el barrio la okupación del edificio, en desuso desde 2022.

De hecho, la pasada semana se registró una pelea multitudinaria entre las personas que malviven en la vieja factoría, suceso que se saldó con dos detenidos y un herido. Por desgracia, no es el único incidente que se ha producido en este lugar en los últimos tres años, desde que la multinacional de ascensores trasladó su actividad al polígono de Ezkuzai – tzeta, en los Altos de Zubieta. Los propios vecinos han denunciado robos, agresiones y una sensación creciente de inseguridad que lleva a muchos de ellos a evitar el camino que, bajando desde Altza, pasa por esta zona industrial. Sobre todo a partir de ciertas horas de la noche.

Insausti recordó que existe un plan de regeneración urbanística para este ámbito de 22.336 metros cuadrados de superficie próximo al apeadero de Renfe que contempla la construcción de 380 nuevas viviendas –un 40% de ellas protegidas– en la llamada segunda fase de Jolastokieta.

«Sabemos que hay preocupación entre los vecinos del barrio y hemos decidido acelerar el proceso porque son imágenes que no deseamos para la ciudad», insistió el alcalde donostiarra, quien informó de que este mismo miércoles se iban a completar los informes necesarios en el consistorio y este jueves se dará licencia para que los propietarios del antiguo pabellón procedan a su demolición.

Antes habrá que desalojar el inmueble, que en la actualidad está okupado por alrededor de 200 personas, en su mayor parte inmigrantes ilegales en situación de calle. Para lograrlo, los titulares de la propiedad deberán solicitar una orden judicial para que Ertzaintza y Guardia Municipal procedan a sacar a los actuales moradores, algo que puede llevar aún un tiempo.

Entretanto, desde el Departamento de Acción Social prepararán, en la medida de sus posibilidades y competencias, la reubicación de los okupas en los recursos municipales que haya disponibles, una operación similar a la acometida a principios de diciembre tras el desalojo del antiguo colegio de los Agustinos en Martutene.

De aquellos 111 desahuciados, 60 han sido acogidos en el albergue La Sirena de Ondarreta, con aforo de un centenar de personas. Se da la circunstancia de que este edificio funciona también como local del frío durante las noches con previsión de helada, por lo que al tener estos días gran parte de sus camas ocupadas ha visto reducida su capacidad real. En cualquier caso, los desahuciados de Herrera son personas en situación de calle, por lo que el fin práctico de este recurso se está cumpliendo.

Insausti recordó que en la capital guipuzcoana existen otras instalaciones pata atender a quienes duermen a la intemperie, como el Gaueko Aterpea de Zorroaga, la Abegi Etxea de Intxaurrondo o los pisos de acogida, que suman un total de 234 plazas. «Donostia es una ciudad solidaria porque el Ayuntamiento pone recursos diarios y hay un tercer sector y una red de asociaciones muy potente. Cumplimos lo que establece la ley, pero la situación es compleja y las plazas disponibles, insuficientes porque sabemos que hay cerca de 500 personas en la calle», apuntó el regidor jeltzale, quien volvió a reclamar la «colaboración» del resto de municipios y de instituciones como la Diputación para hacer frente a «una realidad que va a ir en aumento» y ante la que «necesitamos dar una respuesta conjunta».

Insausti se ha reunido este miércoles en el Ayuntamiento con el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, con el que ha analizado los datos de delincuencia de 2025 y asuntos como la futura comiesaría mixta de Guardia Municipal y Ertzaintza en Egia – para la que ya existe una partida presupuestaria – , la creación de una mesa de seguridad tal y como se acordó en el último Pleno de Política General y «otras líneas de trabajo» para hacer frente a la que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía donostiarra: la inseguridad.