María Isabel Arocha recaló en Tenerife hace ya más de dos años. Lo hizo de la mano de su hija, de 14 años y con autismo, y con un título formativo en la maleta. Estudió Ciencias de la Educación en Venezuela con «mención en Inglés», pero cuando llegó a España se dio cuenta de que sería muy difícil ejercer su profesión ante las dificultades para homologar su título: «Existe mucha, mucha burocracia».

Esta situación lleva a muchas personas migrantes cualificadas a trabajar en empleos mal remunerados y con condiciones cuestionables, que en su mayoría incurren en la economía sumergida. Tanto es así que la Asociación Solidaridad Venezuela cifra en un 27% el talento latinoamericano que mantiene este tipo de riqueza en Canarias.

Fue el caso de María Isabel a su llegada a Tenerife. La profesora se vio obligada a trabajar de manera irregular en la isla picuda como limpiadora de viviendas vacacionales, un empleo que a pesar de todo agradece, ya que le permitió «subsistir» y cubrir los gastos de su hija, que necesita terapias y una alimentación específica libre de gluten.

También estuvo «a punto» de aceptar una oferta como cuidadora de una persona mayor con unas condiciones extremas: «Consistía en trabajar las 24 horas, seis días a la semana, hacer la comida, limpiar y atender todas las necesidades de la usuaria por 700 euros».

En aquel momento le vendieron el empleo como un ‘chollo’ porque se alojaría en la vivienda de la persona a cuidar y se ahorraría, así, el alquiler. Pero María Isabel «no estaba sola», tenía una niña a su cargo, lo que la llevó a rechazar el puesto definitivamente.

Con todo, considera que «tuvo ventaja, en comparación con otras personas» migrantes, al contar con dos familiares en la isla que le sirvieron como red de apoyo. Relata que «lo más fácil», cuando una inmigra a España, «es trabajar en hostelería, ir a hoteles a trabajar como camarera de pisos». «No sabes la cantidad de personas que hay allí con títulos. Incluso, conocí la historia de una juez, ¿sabes todo lo que tiene que estudiar un cristiano para ser juez?», incide, sin dejar de alabar la labor de las profesionales de la limpieza, que es «para quitarse el sombrero».

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David Morales
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Lo que más lamenta es el tiempo que lleva regular su situación en España, con múltiples citas que se demoran una media de seis meses: «Primero te toman la huella y luego tienes que esperar seis meses más por el permiso para formarte y trabajar, es un proceso que te lleva un año y casi dos». Un escenario en el que es complejo sobrevivir si no se tiene «gente que te pueda apoyar». Por ello, considera que facilitar el permiso para trabajar es «la mayor ayuda» que se podría entregar.

Giro de guion
María Isabel consiguió dar un vuelco a su historia gracias, en parte, a la orientación que le brindó la Asociación Solidaridad Venezuela, de la que es voluntaria. Hoy está empleada de forma regular en un centro de formación como auxiliar administrativo, a la vez que espera por la homologación de su título de Bachiller.

Una vez lo consiga, tendría que volver a hincar codos para ejercer la docencia en España, pues no le convalidan todas las asignaturas que superó en Venezuela. «Eso también es una inversión de dinero», repara, y no todos los bolsillos lo pueden asumir.

La Asociación Solidaridad Venezuela, radicada en Tenerife, denuncia en un comunicado que esta situación afecta en mayor medida a las mujeres latinoamericanas migrantes, ante una clara «feminización del sector cuidados y del sector trabajo del hogar, donde nueve de cada diez personas ocupadas son mujeres».

En este sentido, enfatiza que «más del 53,68% de los afiliados extranjeros al sector del hogar provienen de América», lo que viene a subrayar que «las mujeres latinoamericanas son el pilar de este sector precario».

Otro de los datos que arroja es que el 38,8% de las mujeres migrantes en España se dedican al servicio doméstico y el 96,5% se concentra en el sector servicios, «con predominio de trabajos desregularizados y precarios».

El profesor que limpia el cole
Manuel (nombre ficticio, pues prefiere permanecer en el anonimato) es otro venezolano en Tenerife afectado por las dificultades para homologar su titulación. También es profesor, pero de Matemáticas, con un máster en Computación y 20 años de experiencia.

No esconde su frustración, al otro lado del teléfono, al abordar el muro burocrático con el que chocan personas como él. Tampoco mantiene buen recuerdo del personal administrativo al que acudió para iniciar el proceso de homologación: «No guardo rencor, ya he pasado la página, pero me llamaron analfabeto», expone, para añadir que le hicieron entender que era una pérdida de tiempo solicitar tal trámite.

«A mí lo que sí me llegó rápido, gracias a Dios, fue la homologación del título de Bachillerato», incide, un procedimiento que «ha acelerado sus tiempos de respuesta» en Canarias, según la asociación venezolana, lo que «representa un valor importante, como herramienta fundamental de acceso a otros niveles de empleo y remuneración».

Manuel lleva dos años en la isla picuda, allí ha trabajado en el sector de la restauración: «Me felicitaron y todo», relata. Ahora está empleado en un colegio, pero no para enseñar Matemáticas, sino para limpiar «pisos y baños, con mucha humildad, cariño y bien agradecido». «El trabajo dignifica sea de lo que sea», incide, sin evitar manifestar lo «agradecido» que quedaría de poder homologar sus títulos, pues «adora» dar clases.

La decisión de marchar
A pesar de las dificultades que sortean en España, María Isabel y Manuel se muestran aliviados por haber salido de Venezuela. Ambos señalan el «tema político» y la «inestabilidad», que alcanza a la moneda del país latinoamericano, con cambios constantes en los precios de suministros tan básicos como los alimentos o medicamentos, como algunos de los motivos que les condujeron a emigrar.