Francisco Suárez Álamo / Director de CANARIAS7

En un ejercicio ciertamente esforzado por decir digo donde decían Diego, el Gobierno central está reescribiendo sus páginas en materia de inmigración irregular. Donde antes todo eran brazos abiertos y mensajes de que el mejor inmigrante es aquel al que se regulariza, ahora todo son advertencias, e incluso amenazas, de que no habrá más amnistías generales, esto es, más regularizaciones masivas.

Después de escuchar las críticas del francés Sarkozy y presumiblemente de toda la Comisión Europea, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se ha puesto las pilas y anda, como el conejito de Duracell, advirtiendo de que España endurece el trato al irregular y fletará cuantos aviones hagan falta para devolverlos a su país. Primero fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de la que dicen que se le agotó la paciencia al ser informada de que las autoridades senegalesas hacían oídos sordos a las quejas españolas, y después ha llegado el secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco, a poner orden en la finca y ha subrayado que España ya no está para seguir admitiendo inmigrantes – lo curioso del caso es que le llevan la contraria hasta los propios empresarios – . La última vuelta de tuerca es la oferta de la vicepresidenta al Partido Popular de un gran acuerdo sobre esta materia, oferta que estaría bien si no fuera porque llega un poco tarde, pues ya llevamos dos años largos de legislatura y lo que sucede en estas semanas se veía venir desde hace muchos meses.

Da un poco la impresión de que en Bruselas le han comentado al Gobierno español que si quiere sensibilidad comunitaria, esto es, unos cuantos euros para cubrir los gastos, hace falta una prueba de fidelidad al cierre de fronteras, pues no hay que olvidar que buena parte de esos inmigrantes que nos llegan en cayucos y son reenviados a Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, están semanas y meses después en las calles de París, Amsterdam y demás metrópolis comunitarias. Y no conviene olvidar, para interpretar correctamente este giro radical del equipo de Rodríguez Zapatero, que todos los sondeos nacionales recogen ya que la inmigración irregular es una de las primeras preocupaciones de los españoles. Únase eso al hecho de que el votante suele decidir el sentido de su voto en función, en gran medida, de aquello que le quita el sueño, pues lo que le alegra lo asume como parte de la normalidad. La conclusión no puede ser otra que un cambio de posición que busca el auxilio comunitario a toda costa y congraciarse con una ciudadanía que empieza a hartarse.

Con esos mimbres, ZP aparece ahora un cesto diferente al que vendió al inicio de su mandato. El mercado de los votos se abre dentro de poco y cada uno tiene que vender su producto. Es ley de vida. De vida política, quiero decir.

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