La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega desempolvó ayer la vieja propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de suscribir con el Partido Popular un gran pacto nacional de inmigración, pero no tuvo éxito. El portavoz del partido opositor en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró tardía la oferta y puso unas condiciones difíciles de asumir por el Gobierno central: exigió un reconocimiento de los «errores» cometidos y apartar al ministro de Trabajo de las competencias en extranjería.

María Teresa Fernández de la Vega propuso el acuerdo en plena crisis migratoria en Canarias y días después de que el Ejecutivo endureciera su discurso en materia de inmigración. La vicepresidenta aprovechó el discurso que pronunció en el arranque del curso político ante el grupo parlamentario socialista para intentar involucrar al Partido Popular en la resolución de este problema.

Regularizaciones

En su intervención se mostró convencida de que los populares estarán dispuestos a sellar ese gran acuerdo puesto que, explicó, «todas las medidas anunciadas por el señor Rajoy son medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha». De esta forma dio a entender de manera implícita que el Ejecutivo aceptará reformar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones masivas, tal y como pidió el líder de la oposición el lunes.

Pero la respuesta del Partido Popular no tardó en llegar. Zaplana avanzó el ‘no’ de su partido al relatar qué condiciones exige su formación política para firmar. Los populares no suscribirán el acuerdo a menos que al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se le retiren las competencias en materia de extranjería. El portavoz del Partido Popular, que en varias ocasiones ha solicitado el cese del ministro, se limitó en esta ocasión a pedir que se le aparte de esta gestión.

El Consejo de Ministros ya acordó el pasado viernes retirar al Ministerio de Trabajo las competencias de la lucha contra la inmigración clandestina y la cooperación internacional con la creación de una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, que formará parte del Ministerio del Interior. Una variación en el esquema inicial del gabinete que deja a Caldera la gestión de la inmigración legal en lo que afecta a la Seguridad Social y a los planes de integración de los extranjeros documentados. Además de esta exigencia, Zaplana instó al Gobierno socialista a «reconocer su error, poner orden en su propia casa y atender las propuestas sensatas que hace el PP». No obstante, y aunque no rechazó abrir un diálogo sobre la inmigración, adelantó que «es muy difícil que pueda haber acuerdo» si los responsables gubernamentales no asumen que han cometido «errores».

Papeles con trabajo

Antes de conocer la respuesta del Partido Popular, la ministra de la Presidencia instó a los socialistas a mostrarse orgullosos de la legalización de 600.000 inmigrantes que puso en marcha el Ejecutivo porque, a diferencia de las cinco regularizaciones que hizo el PP en sus ocho años de gobierno, en ésta sólo se dio ‘papeles’ a los extranjeros con trabajo. Además, defendió haber resuelto la crisis de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla con respeto al derecho internacional y haber concienciado a la Unión Europea de que éste es un problema que afecta a todos los socios comunitarios.

En consonancia con el nuevo discurso del Gobierno en inmigración, la vicepresidenta ratificó que el gabinete evitará que sigan entrando indocumentados en España y expulsará a quienes crucen la frontera de forma ilegal.

Pidió comprensión y explicó que el Ejecutivo no sólo combate las avalanchas con medidas a corto plazo, como la vigilancia y el control de las fronteras, sino que además apuesta por políticas a medio y largo plazo con recursos destinados a los países de origen para ayudar al África subsahariana a impulsar su desarrollo.

Reacciones

Fernández de la Vega analizó las causas de la inmigración y destacó que es un fenómeno que muestra el «éxito social y económico de la democracia española» en los últimos 30 años. Por último, recalcó que la sociedad española es «profundamente compasiva» porque tiene todavía reciente la emigración de muchos compatriotas, pero recordó a los suyos de que los españoles también demandan seguridad y que la obligación de sus representantes políticos es trabajar por que la tengan.

Por otra parte, la oferta puesta sobre la mesa por Fernández de la Vega encontró un amplio respaldo entre las distintas formaciones políticas. Así, Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria aplaudieron la propuesta del Gobierno de alcanzar un pacto de Estado sobre la inmigración, mientras que Izquierda Unida puso condiciones y exigió al Ejecutivo una aclaración por asumir «posiciones de derechas» en su política migratoria. Josep Sánchez Llibre, portavoz parlamentario de Convergencia i Unió, consideró «necesario» el pacto de todas las fuerzas políticas pero siempre «que no sea electoralista» porque la inmigración ración «es el problema más importante que tiene que abordar España en estos momentos», dijo.

Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña cree «urgente» lograr el acuerdo para evitar que la inmigración se convierta en argumento electoral. Su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, pidió también al Gobierno central que busque fórmulas para regularizar a los inmigrantes cuya repatriación no sea posible. Desde el punto de vista del diputado de Esquerra Republicana, no puede haber «ciudadanos en la clandestinidad».

Reservas

Asimismo, Coalición Canaria se sumó convencida a la propuesta de pacto porque, recordaron fuentes de la formación, la inmigración «es un problema de estado» que no sólo afecta al archipiélago canario «sino a España y la Unión Europea». Las dudas las puso en esta ocasión IU. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, rechazó suscribir un acuerdo si el Gobierno lo basa «en la mano dura y el alarmismo» porque significaría «volver atrás con resultados contraproducentes». También consideró «inaceptable» una revisión a la baja de la Ley de Extranjería e instó al Gobierno a no hacer política «de una manera hoy y otra mañana».