Más de 3.000 personas perdieron la vida en las fronteras del Estado español a lo largo de 2025. Así lo recoge el informe Monitoreo del Derecho a la Vida 2025, presentado este 29 de diciembre por la organización Ca-minando Fronteras, que analiza la situación de las rutas migratorias en la Frontera Occidental Euroafricana, un territorio que abarca desde Guinea Conakry hasta Argelia, tanto en su dimensión marítima como terrestre.

La investigación documenta que, entre enero y el 15 de diciembre de 2025, fallecieron 3.090 personas en los intentos de llegar a España, entre ellas 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes. Los datos, cerrados a 15 de diciembre, se basan en el análisis de 303 tragedias registradas a lo largo de las distintas rutas migratorias, así como en el seguimiento específico de 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro.
El cambio en la dinámica de las rutas
Uno de los principales hallazgos del informe es el cambio de las rutas. La ruta argelina se ha convertido en el cruce migratorio más transitado hacia el Estado español, superando a la ruta atlántica hacia Canarias y duplicando su mortalidad respecto al año anterior. En este trayecto se han documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas. El recorrido desde Argelia hacia las Islas Baleares, especialmente Ibiza y Formentera, se consolida como uno de los más peligrosos debido a la longitud y dificultad del viaje, así como a la falta de visibilidad institucional y a la escasa cooperación entre países, factores que retrasan los rescates y agravan la desprotección del derecho a la vida.

La ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo, no obstante, la más letal, con 1.906 víctimas registradas en 2025. Aunque el informe constata un descenso en el número de llegadas y de tragedias en esta ruta, alerta de la apertura de un nuevo itinerario aún más largo y peligroso, con salidas desde Guinea Conakry. En más de la mitad de estas embarcaciones viajan mujeres y menores de edad, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas a bordo.

Por su parte, el cruce del Estrecho de Gibraltar ha estado marcado por un aumento de los intentos de llegada y de las muertes en los accesos a nado a Ceuta. En este punto se han contabilizado 139 víctimas, de las cuales el 24 % son niños, niñas y adolescentes.

«La reducción del número global de personas fallecidas no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida», advierte Helena Maleno, coordinadora de la investigación. Según explica, el descenso estadístico convive con un aumento del número de tragedias, ya que muchas rutas utilizan embarcaciones con menos personas, fragmentando las cifras sin reducir la letalidad. Además, se observa un incremento de los intentos de llegada y de los episodios mortales, especialmente en la ruta argelina y en los cruces a nado hacia Ceuta, así como la apertura de trayectos cada vez más largos y peligrosos.

El informe concluye que las muertes y desapariciones en las fronteras españolas se producen en un contexto marcado por la insuficiente activación de los dispositivos de búsqueda y rescate y por la externalización del control migratorio a terceros países. Entre las principales causas que afectan al derecho a la vida, la investigación señala la demora en la activación de rescates, la falta de coordinación entre Estados y la omisión de auxilio incluso cuando se dispone de la localización de las embarcaciones, a lo que se suman factores estructurales como el uso de infraembarcaciones, la sobrecarga, las largas distancias y las condiciones meteorológicas adversas.
Desde 2007, Ca-minando Fronteras gestiona una línea telefónica de alertas activa las 24 horas del día, los 365 días del año. Las informaciones recibidas se centralizan en el Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2014, que mantiene una base de datos de embarcaciones en riesgo y un registro de personas fallecidas y desaparecidas, construido con la colaboración de familiares y comunidades migrantes.