Ya se puede decir que la guerra de la inmigración ha quedado oficialmente declarada. Al margen de los ataques de la izquierda, que vuelve a utilizar la carta del fascismo, el verdadero enfrentamiento se va a dar entre el PP y Vox. Y los populares quieren marcar el terreno desde el principio, dejando clara su apuesta por una inmigración reglada. Defienden la idea de regularizar a los inmigrantes que llevan tiempo residiendo en el país para que puedan trabajar en aquellos sectores donde haga más falta mano de obra, reprochando a Vox que defienda echar a estas personas del país sin ni siquiera explicar cómo lo va a hacer, además de que solo plantea palabras grandilocuentes sobre expulsar a millones de inmigrantes para contentar a los más radicales de sus votantes. También dispara contra el PSOE, al que reprocha que haya llevado a cabo una política de fronteras abiertas, bajo el lema «aquí entra todo el mundo», cuando eso lo único que consigue es colapsar los servicios públicos y crear problemas sociales donde no los había. En este sentido, el PP defiende mirar a las políticas de inmigración más eficaces que hay en los países desarrollados, en los que se establece una inmigración selectiva donde se fijan baremos para establecer los inmigrantes que necesita el país y ver dónde hay demanda de trabajadores que no se puede satisfacer con empleados españoles, una fórmula efectiva de que el país tenga la inmigración que necesita teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en la actualidad es muy baja, ya que el apoyo a las familias por parte del Gobierno sigue brillando por su ausencia.

Por eso, aunque un cambio de rumbo político facilitaría medidas de protección familiar que ayuden a que la natalidad aumente, se necesitan décadas hasta que tenga un impacto real en las cifras de nacimientos. Por ello, desde el PP se defiende que la caída de los nacimientos que sufre España tiene que ser cubierta con población inmigrante que viene a trabajar y se pregunta por qué la tasa de ocupación de España está diez puntos por debajo de los países más avanzados de Europa. Pues es fácil la respuesta, por la falta de incentivos adecuados a la incorporación al mercado laboral y por el castigo fiscal al trabajo impuesto desde el Gobierno. Así, la apuesta popular coincide con la de Foment del Treball y CEO, que reclaman incorporar al mercado de trabajo 1,5 millones de inmigrantes en los próximos diez años. Si no se consigue esa cifra, los problemas de vacantes se agudizarán y miles de empresas tendrán problemas. Ahí lo dejo.