El Gobierno socialista ofreció ayer un gran pacto de Estado en materia de inmigración al Partido Popular, quien consideró que la oferta llega “un poco tarde”. Los populares exigen que Zapatero reconozca sus errores y retire al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, las competencias de Extranjería. La vicepresidenta primera desempolvó ayer la vieja propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de suscribir con el Partido Popular un gran pacto nacional de inmigración, pero no tuvo éxito. María Teresa Fernández de la Vega propuso el acuerdo en plena crisis migratoria en Canarias y días después de que el Ejecutivo endureciera su discurso en materia de inmigración.


La vicepresidenta aprovechó el discurso que pronunció en el arranque del curso político ante el grupo parlamentario socialista para intentar involucrar al PP en la resolución de este problema. En su intervención se mostró convencida de que los populares estarán dispuestos a sellar ese gran acuerdo puesto que, explicó, “todas las medidas anunciadas por el señor Rajoy son medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha”. De esta forma dio a entender de manera implícita que el Ejecutivo aceptará reformar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones masivas, tal y como pidió el líder de la oposición el pasado lunes.


Pero la respuesta del PP no tardó en llegar. Zaplana consideró que, “con independencia de que se pueda hablar o no”, la invitación “llega un poco tarde”, ya que si el Gobierno la hubiera realizado hace dos años y hubiera “hecho caso” a las propuestas del PP, se habrían evitado “las tragedias que hemos vivido”. El portavoz popular avanzó el no de su partido al relatar qué condiciones exige su formación política para firmar. Los populares no suscribirán el acuerdo a menos que al ministro Jesús Caldera, se le retiren las competencias en materia de extranjería.


Retirar a Caldera

El Consejo de Ministros ya acordó el pasado viernes retirar al Ministerio de Trabajo las competencias de la lucha contra la inmigración clandestina y la cooperación internacional con la creación de una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, que formará parte del Ministerio del Interior. Una variación en el esquema inicial del Gabinete que deja a Caldera la gestión de la inmigración legal en lo que afecta a la Seguridad Social y a los planes de integración de los extranjeros documentados.


Además de esta exigencia, Zaplana instó al Gobierno socialista a “reconocer su error, poner orden en su propia casa y atender las propuestas sensatas que hace el PP”. No obstante, y aunque no rechazó abrir un diálogo sobre la inmigración, adelantó que “es muy difícil que pueda haber acuerdo” si los responsables gubernamentales no asumen que han cometido “errores”.


En Alemania, la canciller Angela Merkel trasladó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero su solidaridad en la lucha contra la inmigración ilegal, recalcó que no es un problema exclusivó de España y que afecta a toda Europa. Al hilo de ello, consideró que la UE debe ofrecer su ayuda y, “a lo mejor, la Agencia de Fronteras europea, Frontex, debería adaptar sus métodos de trabajo a la realidad para que realmente sea capaz de actuar”, dijo Merkel. Zapatero agradeció a Merkel el apoyo dado a España.


Sobre el terreno, en Canarias, tres cayucos llegaron ayer al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, y en ellos viajaban un total de 294 inmigrantes subsaharianos, de los que dos parecían ser menores de edad.