Si no hay movimientos inesperados, tras las elecciones extremeñas del domingo, Vox y PP se van a tener que volver a ver las caras para negociar la investidura de María Guardiola.

Según ha podido saber La Vanguardia, las condiciones que va a imponer el partido de Santiago Abascal son las siguientes: exigencia de una rebaja de los impuestos; rechazo al Pacto Verde europeo; veto a la inmigración; y, supresión del gasto público en políticas de igualdad –que Vox define como ideología de género–. Además, según fuentes de Vox, el partido tampoco descarta pedir la entrada en el gobierno de la Junta de Extremadura, aunque tampoco es su prioridad.

“No es cuestión de sillones. Es cuestión de políticas”, insisten desde Vox, señalando que si el PP “está dispuesto” a desplegar las medidas exigidas por el partido de Abascal, no tienen ningún “inconveniente” en volver a formar parte de la Junta de Extremadura. “Será para vigilar que el PP desarrolla las políticas que acordemos”, precisan desde exigiendo un giro a los populares.

Vox ya formó parte de la Junta de Extremadura al inicio de la pasada legislatura y salió del gobierno de Guardiola y del resto de ejecutivos autonómicos por las desavenencias con el PP respecto a la acogida de los menores migrantes.

Tras esa salida, Guardiola no pudo llegar a ningún acuerdo con Vox para aprobar presupuestos y eso ha desembocado en la convocatoria de las elecciones que se celebraron el pasado domingo donde el PP ganó con 29 escaños pero no alcanzó la mayoría absoluta.

Vox consiguió once diputados, seis más de los que obtuvo en 2023, por lo que vuelve a ser imprescindible para la investidura y la gobernabilidad de la región.

En este sentido, en Vox son conscientes de que hay muchas políticas que proceden de Europa y, por ello, continuamente insisten en criticar los acuerdos entre los populares y los socialistas en Bruselas. No obstante, el partido de Abascal también cree que hay cosas que se pueden cambiar desde las autonomías. De ahí, que ahora exijan esos cuatro puntos.

El primero pasa por una rebaja de impuestos de competencia autonómica para que los extremeños dispongan de mas recursos en sus propios bolsillos. En este sentido, ahí no parece que haya escollos insalvables dado que los populares también quieren hacer bandera de la reducción de la carga fiscal que soportan los ciudadanos. Vox plantea reducciones en el IRPF, con tipos reducidos y un mínimo exento de 22.000 euros; bonificar al 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; o, rebajar o eliminar tributos propios. También quiere la rebaja de impuestos vinculados a la edificación y la compraventa de vivienda.

Respecto al Pacto Verde, Vox también quiere que la Junta de Extremadura intente derogar medidas que sean del ámbito de su competencia que puedan perjudicar a los agricultores. En este marco, también se apuestan por medidas como el impulso de una zona de regadío en Tierra de Barros –un proyecto en el que también está de acuerdo el PP y el PSOE– o la flexibilización de las limitaciones de la Red Natura 2000 para “compatibilizar conservación y actividad tradicional”.

Finalmente, Vox también rechaza la inmigración y el gasto en políticas de igualdad. Respecto a lo primero, los de Abascal han insistido mucho en campaña en cerrar centros para menores migrantes y han estimado el gasto en este tipo de instalaciones en 23 millones de euros. Además, señalan a las oenegés “proinmigración”, que perciben, según sus datos, más de 6 millones de euros de la administración pública. Quieren dedicar estos fondos a otro tipo de políticas.

Respecto a las políticas de igualdad Vox denuncia un gasto presupuestario de 30 millones de euros. Además, pretenden poner fin a actividades “ideológicas” de las aulas escolares y garantizar lo que definen como “neutralidad” educativa.