El Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya ha considerado que el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los inmigrantes desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona para realojarlos en diferentes centros “no es una victoria”, aunque supone “un alivio temporal de una situación de emergencia muy grave”.

“El acuerdo es una medida de urgencia, pero no una alternativa residencial real”, subraya este sindicato, que considera que sin su intervención y la del resto de agentes sociales que se han implicado en este caso no habría sido posible el acuerdo que permitirá que sean realojados muchos de los inmigrantes en centros que no han sido revelados para evitar posibles incidentes.

Fuentes del Govern han confirmado que después de una mediación que se ha alargado durante toda la noche y a lo largo de este martes junto a entidades sociales y la Sindicatura de Greuges, algunos de los inmigrantes han empezado a ser realojados en otros equipamientos.

El Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya señala en un comunicado que el PSC de Salvador Illa “es tan responsable” como el PP de Xavier García Albiol, ya que el primero fue el que envió 40 furgones de los Mossos d’Esquadra a “desalojar sin alternativa a 400 personas y coordinó el dispositivo con la Policía Nacional, enviando a 15 personas al CIE”.

“Ahora, ante la escalada de la situación se han visto obligados a ofrecer, como siempre, una falsa solución que les permite rebajar la tensión e implementar medidas cosméticas que no cambian nada del fondo de la situación”, añade.

Denuncia contra Albiol
El eurodiputado de Comuns Jaume Asens anunció que ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra García Albiol, por cuatro posibles delitos, denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa, relacionados con el macrodesalojo.

Asens señala en su escrito a Fiscalía que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”, de forma que lo primero quedaba “expresamente condicionado” a lo segundo.

Pese a ello, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales” y, así, “persistió en una actuación contraria al mandato judicial”.

Asens denuncia además la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento de Badalona con los “episodios de bloqueo y presión vecinal” que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos proporcionados por entidades sociales.

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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con vecinos.
Albiol, en posteriores reuniones con los vecinos en las que reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que “no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde.

Una frase pronunciada por Albiol que recoge el eurodiputado de Comuns en su denuncia es: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis”. Para Asens, esta expresión puede ser “razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza”.

El denunciante afirma que Albiol denegó su ayuda a los migrantes “de forma selectiva” debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios.

El eurodiputado recuerda, además, que la incitación al odio no requiere de expresiones explícitas para ser cometido. También defiende que existen “indicios de desobediencia reiterada” al no dar el consistorio badalonés “cumplimiento efectivo” a la resolución judicial que amparó el desalojo.

Finalmente, Asens ve un delito de prevaricación administrativa en la actuación “contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta”.