Madrid – A la lista de retrasos, recortes y «errores» varios en perjuicio
de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la nación añade ahora la
supuesta reducción de un 11 por ciento de la población inmigrante que
habita la región. Si el Instituto Nacional de Estadística da por
definitivo este dato, el Estado – conforme a los nuevos criterios de
reparto por número de habitantes – recortaría en doscientos millones de
euros la aportación de impuestos para la Comunidad gobernada por Esperanza
Aguirre.
   La trampa tiene doble cara, puesto que precisamente ha sido
la presidenta popular quien ha defendido con más ahínco los criterios por
población en la asignación comunitaria. La reacción a los datos, que
publicó el Instituto Nacional de Estadistica (INE) el pasado mes de julio,
no se ha hecho esperar y ayer la consejera de Inmigración y el consejero
de Economía, Fernado Merry del Val, presentaban las primeras cifras que
contradicen al INE.
   Según el Instituto la población extranjera en
Madrid a 1 de enero de 2006 era de 695.000 personas, 250.000 menos que las
que sostiene el gobierno regional. El INE reconoció haber dado de baja en
el padrón – por no haber renovado su inscripción – a 184.193 inmigrantes. De
estos, y cruzando los datos con las cifras de inscritos en el INEM, en la
Seguridad Social, renovaciones del abono transportes o matrículas de
colegios entre otros, la Comunidad ha localizado a 50.593 inmigrantes que
siguen viviendo en la región aunque no aparezcan en el censo. «Estos
50.000 son sólo una parte reducida del total, porque todos estos ficheros
son muy parciales – explicó Figar – pero sirven para confirmar las tesis de
la Comunidad de una subestimación demográfica por parte del INE». El
Gobierno regional ha implicado a los treinta municipios que más
extranjeros han «perdido» para localizarlos antes de que se den las cifras
definitivas del censo el próximo mes de octubre.