Badalona, cuarto municipio catalán por número de habitantes, llega este año a la Navidad en un am­biente enrarecido. Si el espíritu navideño suele asociarse a una combinación de buenos deseos, amor al prójimo y solidaridad, el desalojo registrado el pasado miércoles en el asentamiento de inmigrantes situado en el antiguo instituto B9, donde llegaron a residir unas 400 personas, ha alimentado un áspero conflicto social. En las últimas noches, las fuerzas policiales han debido interponerse entre vecinos que reclamaban el realojo de los inmigrantes, deplorando la falta de alternativas habitacionales, y quienes preferirían verlos salir de la ciudad sin billete de vuelta. Entretanto, los desalojados siguen vagando por las calles de Badalona y durmiendo al raso o en tiendas de campaña, en una situación todavía más precaria que la del B9.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, trató ayer de serenar los ánimos, pidiendo calma a los vecinos, asegurando el cumplimiento de la ley y afirmando que su Ejecutivo estaba trabajando para resolver esta crisis social. Dijo también que confiaba en que se produjera una mejora de la situación en las próximas horas. Fueron palabras tranquilizadoras, en sintonía con los “valores humanistas que sustentan la acción de gobierno”. Pero más tranquilizadoras serán las acciones que se han puesto en marcha de forma discreta pero efectiva, como las que se empezaron a ver ayer mismo con el traslado de las personas que ocupaban un albergue cerrado por el Ayuntamiento de Badalona.

De un signo distinto han sido las intervenciones del alcalde Xavier García Albiol (PP), con mayoría absoluta (18 de un total de 27 concejales) en el consistorio badalonés, desde donde se cursó la petición de desalojo, avalada posteriormente por la autoridad judicial. Ya lo fueron en los primeros compases de esta crisis, cuando se vanaglorió de haberse desembarazado de “400 okupas ilegales” y de que no iba a hacer el menor gasto para realojarlos, pese a que el asunto figura entre las competencias municipales. Y volvieron a serlo ayer por la mañana, cuando el alcalde se refirió al B9 como la sede de una organización criminal en la que había “mafia, prostitución y drogas, y donde los capos cobraban a la gente por dormir”.

Hasta la fecha, esta crisis badalonesa se ha gestionado mal. Porque, lejos de resolverse, ha generado más crispación y ha ido ampliando su perímetro. Es probable que García Albiol opine de modo diferente, puesto que con tan expeditiva actitud refuerza su perfil de político duro con la inmigración y, de paso, quizás aspire a achicar el espacio de las formaciones ultras que acechan al PP por el flanco derecho, según acaba de verse en las elecciones extremeñas, y según vaticinan las encuestas para próximos comicios en Catalunya.

Pero está bastante claro que esta conducta persigue un ob­jetivo quimérico, como es hacer desaparecer a los migrantes,

cosa que no va a suceder ni en el improbable caso de que todos los ahora residentes en Badalona fueran expulsados a otros

municipios, en lugar de articularse una política constructiva, dotada de algún elemento integrador, solidario o, simplemente, más apegado a la realidad.

Decimos esto porque no todas las persona que vivieron en el B9 están cortadas por el mismo patrón: junto a algunas con antecedentes delictivos, toxicomanías o enfermedades mentales, había otras con la situación laboral regulada y con empleo, aunque sin recursos suficientes para pagarse un alojamiento propio; y también las había con los permisos de residencia y trabajo en curso de tramitación, o recién llegadas al país. Ninguna de las incluidas en estos últimos capítulos merece ser identificada con las del primero. No sería justo ni contribuiría a analizar debidamente el problema ni a resolverlo.

La inmigración es un fenómeno de enorme complejidad, que no admite soluciones expeditivas o chulescas, a no ser que se quiera complicar con problemas de orden público. La inmigración tiene sus ventajas en países donde escasea la mano de obra y la tasa de natalidad es baja, pero no debe admitirse de modo indiscriminado, sin los controles oportunos. Tampoco debería usarse políticamente, como suele hacer García Albiol, y como ayer hizo Carles Puigdemont, reduciendo el caso de Badalona a ilustración de las supuestas ineptitudes del alcalde local y del presidente de la Generalitat, reivindicando de paso la petición de Junts de hacerse con las competencias en la materia, un objetivo en el que pesa su afán de frenar el ascenso de Aliança Catalana. En este asunto, y por decirlo en palabras pronunciadas ayer por Salvador Illa, “las irresponsabilidades no salen gratis”.