Discretamente pero de forma efectiva. Así es como gusta definir a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, la labor que realiza su departamento en la crisis suscitada tras el desalojo del edificio B9 de Badalona. Hoy se cumple una semana de la evacuación de unas 400 personas de origen subsahariano, lo que provocó su dispersión por diversos asentamientos de la ciudad, entre ellos el más numeroso, el instalado bajo el puente de la autopista C – 31. No fue hasta ayer, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, consiguieron acercar posiciones sobre el conflicto, lo que permitirá activar con mayor celeridad las medidas sociales para atender a estas personas.

De materializarse, los acuerdos darán cumplimiento al auto judicial que permitió el desalojo y que exigía previamente garantizar una alternativa habitacional a los desahuciados. Una situación que las entidades sociales han venido denunciando reiteradamente que no se había producido, acusando a Albiol de incumplir la orden del juzgado.

Hasta el momento la postura del alcalde era inflexible. “No daré un techo a quien ha venido a delinquir”. Una obstinación que le ha valido la reprobación de las entidades sociales que, como Càritas o Badalona Acull, no descartan judicializar. Albiol, ayer suavizó el discurso y justificó que “Badalona no dispone de alojamientos sociales”, pero por otro lado amenazó a quienes intenta ocupar ilegalmente otros emplazamientos de actuar judicialmente, ya que también se debe tener en cuenta la opinión de los vecinos “que ya han sufrido bastante”

El realojo de los inmigrantes más vulnerables hace días que se viene produciendo de forma escalonada. Badalona Acull ha conseguido que una veintena sean acogidos por familias y otros 20 han sido repartidos por parroquias y otros centros religiosos. Càritas ha ofrecido alojamiento a otras 50 personas mientras hace un llamamiento urgente para incrementar la acogida.

La maquinaria solidaria avanza muy lentamente por lo que algunos subsaharianos del B9 optaron por disgregarse por la ciudad y generar nuevos asentamientos, como el que ha crecido bajo el puente de Sant Lluc, en el barrio de la Mora. “No somos delincuentes, solo intentamos integrarnos, estamos estudiando y buscando trabajo, pero nos lo impiden siempre”, lamentaba ayer Abdulaye, uno de los inmigrantes .

A escasos metros de allí, poco antes de las 11 horas de ayer, efectivos antidisturbios de la Guardia Urbana de Badalona y de los Mossos accedían a un antiguo instituto, el Ventura Gassol, que había sido ocupado horas antes. Una veintena de personas, también procedentes del B9, accedieron al edificio, pero la inmediata alerta de los vecinos movilizó a los efectivos policiales, que actuaron con contundencia para impedir un nuevo asentamiento. Allí se vivieron escenas de tensión con las personas que se concentraron para apoyar a los colectivos vulne­rables que, como sucedió en Can Bofí Vell, se enfrentaron dialécticamente a los vecinos, lo que obligó a la policía a separar a los dos grupos.

Fuentes del Govern confirmaron a media tarde que, después de una mediación que se prolongó durante toda la noche del martes y parte del día de ayer, en la que participaron representantes de la Generalitat, entidades sociales de Badalona, la Sindicatura de Greuges y los representantes de los ocupantes del antiguo albergue de Can Bofí Vell, éstos serán realojados en otros equipamientos. En paralelo, se activó un nuevo dispositivo social bajo el puente de la C – 31, en el que participaron los servicios sociales, tanto municipales como de la Generalitat, así como las entidades solidarias, para plantear alternativas al centenar de personas que siguen refugiadas en ese emplazamiento.

Por su parte, la Síndica de Greuges ha sido requerida para participar en el diálogo entre las representantes de las personas desalojadas del B9 y el Departament de Drets Socials. El objetivo de estas conversaciones era encontrar una salida habitacional de emergencia por las personas desalojadas y un acompañamiento social y jurídico de todas ellas para estudiar individualizadamente su situación. Por último la síndica manifestó su preocupación por la falta de colaboración del Ayuntamiento de Badalona en la solución a la crisis humanitaria.

Desde el Govern se emitió un mensaje de agradecimiento a las instituciones que ayudan a buscar una salida al conflicto social, que permita garantizar la convivencia en todos los barrios de Badalona. Si en algo han coincidido los políticos sobre la crisis del B9 es en la necesidad de imponer la calma para apaciguar los ánimos de los vecinos y de los activistas que protestan contra el desalojo y que, a menudo, acaban enfrentados con los residentes. Entidades como la FAVB alertan de que ciertas actitudes, como la mediación de Albiol ante los vecinos, “agravan el problema” y abogan por no radicalizar las protestas, a pesar de que en algún caso se trate de una estrategia electoral.