M. MARÍN / C. DE LA HOZ

MADRID. El Gobierno y el PP trasladaron ayer al Congreso su pugna por transmitir a la opinión pública quién lleva la iniciativa y cuál de los dos se presenta como más activo al inicio del nuevo curso político, a punto de concluir el verano más convulso en la lucha contra la inmigración ilegal. Anteayer, el líder del PP, Mariano Rajoy, denunció el «fracaso» de la política de inmigración del PSOE y se ofreció como parte de la solución al proponer entre otras medidas un pacto para reformar la ley de Extranjería que permita prohibir las regularizaciones masivas, como la que realizó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

El PP, que quiere sacudirse la imagen de oposición antipática y en permanente queja para difundir que su programa tiene soluciones y alternativas a los problemas de los ciudadanos, ha acompañado esta iniciativa con una ofensiva parlamentaria – en el Congreso y en el Senado – cuyo fin es poner en evidencia al Gobierno. El PP quiere denunciar la debilidad de Zapatero en España y en Europa para luchar contra la inmigración ilegal al haber fomentado un «efecto llamada» del que ahora se sufren las consecuencias.

En respuesta al PP, la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, transmitió ayer a su Grupo Parlamentario en ambas Cámaras, en la primera reunión del periodo de sesiones, que el PSOE no va a permitir que sea el PP quien lleve la iniciativa y capitalice en su favor la «crisis de los cayucos».

PSOE: Lo que pide Rajoy ya está hecho Por eso, el Gobierno, en su afán por demostrar que va un paso por delante del PP, infravaloró ayer las iniciativas propuestas por Rajoy – «todas ya las ha puesto en marcha este Gobierno», dijo – e «invitó» al PP a suscribir «un gran pacto nacional por la inmigración» para cumplir el objetivo de que «todo el que entra en España de manera ilegal salga, tarde o temprano». Pero el PP, a través de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, le hizo saber de inmediato que la oferta «llega tarde» y que, antes de sentarse a hablar – a lo que el PP dice estar dispuesto – Zapatero debe «reconocer su error».

En el PP interpretan que esta actitud «generosa» del PSOE sólo esconde una huida hacia adelante en un momento en que el Gobierno está «acorralado»; arguyen que se trata, en definitiva, de un intento «a la desesperada» de Zapatero por hacer cómplices a todos los Grupos de su «errónea política y arrastrarnos en su desgaste». Una segunda interpretación del PP apunta que se trata de «una nueva trampa de Zapatero porque sabe que, en inmigración, el PP lleva la iniciativa y que al PSOE la regularización masiva se le ha ido de las manos». Además, en el PP desconfían de la «invitación» del Gobierno a un «gran pacto nacional» porque no sólo hicieron la regularización masiva de 2005 a espaldas del PP, sino que «resulta muy sospechoso que nos llamen ahora, en el tercer año de legislatura, cuando más agobiados están».

De todos modos, nada indica que el Gobierno vaya a admitir su error y a rectificar su política, como planteó Zaplana. De hecho, ayer De la Vega se ratificó punto por punto en la política de inmigración del Gobierno, aunque en los últimos días haya endurecido su discurso, algo que, por cierto, le valió ayer una dura crítica de IU, que acusó a Zapatero de «derechizar» su política al adoptar un nuevo discurso «xenófobo, de mano dura y de tolerancia cero».

Un coste de 180 millones de euros

«Hemos acometido y conducido con éxito un proceso de regularización ejemplar», dijo De la Vega ante los parlamentarios socialistas; «este Gobierno ha hecho una regularización que ha permitido que cerca de 600.000 inmigrantes tengan un contrato de trabajo», añadió; «hemos resuelto crisis como la de la entrada a través de Ceuta y Melilla»; y «estamos situando el fenómeno migratorio en la agenda política y movilizando los recursos de la UE». Y todo, «con eficacia y con visión estratégica», argumentó la vicepresidenta.

Precisamente, el PP puso en marcha ayer una ofensiva parlamentaria en toda regla en materia de inmigración por la que pretende ir poniendo en marcha algunas de las aportaciones que Mariano Rajoy hiciera el pasado lunes ante la Junta Directiva Nacional de su partido. En concreto, el pleno de la Cámara Alta debatió ayer una moción en la que se solicitó completar el despliegue del SIVE (sistema de vigilancia) en todas las islas Canarias antes del año 2008, mantener los niveles óptimos de operatividad en los equipos ya existentes así como aumentar el número de efectivos de las FSE, en especial, el servicio marítimo de la Guardia Civil. En la misma moción, el Grupo Popular instó al Gobierno a potenciar la vigilancia de las costas africanas mediante acuerdos bilaterales o en el marco de acciones conjuntas de la Unión, donde creen necesario potenciar un plan global de lucha contra la inmigración ilegal. Los populares estiman el coste económico de sus propuestas en unos 180 millones de euros hasta el año 2008.

Esta moción no fue más que el preludio de una amplia estrategia que seguirá hoy en la Cámara Alta. Efectivamente, el Grupo Popular aprovechará sus siete turnos de preguntas para, encabezados por Pío García – Escudero, interrogar a Fernández de la Vega y a los titulares de Interior, Trabajo y Sanidad, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Caldera y Elena Salgado, respectivamente. La ofensiva se trasladará al Congreso donde Rajoy – que ha ampliado su pregunta – interrogará a Zapatero sobre si «está satisfecho de su gestión de los problemas que han preocupado a los españoles este verano», en referencia a la «crisis de los cayucos», pero también a los incendios en Galicia y a la huelga ilegal de El Prat. El líder del PP almorzó ayer con la dirección del Grupo Popular del Senado para diseñar una estrategia de largo alcance sobre un tema que, creen, puede ser un buen banderín de enganche ante los ciudadanos frente a un Gobierno que consideran sobrepasado por los acontecimientos. Mañana jueves visitará, además, una casa de acogida de inmigrantes en Algeciras.
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