La actuación policial ha frustrado 47 intentos de matrimonios forzados en Cataluña en los últimos cinco años. Los Mossos d’Esquadra empezaron a trabajar en 2009 con un procedimiento de prevención y atención pionero en España con el que, desde entonces, han atendido a más de 230 víctimas en la región, de las que más de la mitad son menores de edad. En el periodo comprendido de 2021 a octubre de 2025, de las 47 mujeres atendidas, 28 tenían edades inferiores a 18 años e incluso hay un caso de una niña de nueve años.

Las cifras oficiales con origen en denuncias o sospechas representan, no obstante, solo una parte de los intentos de enlaces concertados en los que al menos uno de los dos implicados [mayoritariamente mujeres] no ha expresado su consentimiento. Una práctica incorporada al Código Penal español en 2015, con condenas de hasta tres años y medio de prisión, y que está extendida en algunos países del sur de Asia, el África subsahariana o el Magreb.

Los datos aportados por la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, a una pregunta parlamentaria del PP muestran que las 47 tentativas del último lustro se han producido en familias procedentes de Pakistán (18), Gambia (8), Marruecos (7), Senegal (4), India (2), Bangladesh (2), Guinea (2), Nigeria (1), Mali (1) y Rumanía (1), además de un caso de familia española.

“Estos datos muestran que el 99% de las familias son de origen extranjero y, mientras, Salvador Illa dice que la inmigración no es un problema, sino una solución”, señala la diputada de los populares en el Parlament Belén Pajares aludiendo a las palabras del presidente de la Generalitat, esta misma semana, con motivo del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre).

“Hay inadaptados que pretenden ejecutar en nuestro país prácticas totalmente lesivas para las mujeres, que las denigran y las convierten en simple mercancía, y el PP combatirá siempre esta barbarie”, añade la portavoz del partido en la comisión parlamentaria de Igualdad y Feminismo.

Detección en escuelas
El protocolo de los Mossos establece tres tipos de situaciones que definen la actuación policial: sospecha, riesgo y riesgo inminente. Las vías de conocimiento de estos casos de violación de los derechos humanos tienen diferente origen y demuestran la importancia de que exista una coordinación de los cuerpos policiales con los servicios sociales de las Administraciones o los centros educativos y sanitarios. En el caso de la niña de nueve años, detectado en 2023, la información procedió de una escuela, como también sucedió en 2022 con una adolescente de 13 años y otras cuatro de 14.

En este quinquenio, los agentes fueron alertados en solo 14 ocasiones por las propias víctimas o sus familiares (12 y 2 respectivamente). Educación (11), servicios sociales (11), entidades (2) y sanidad (1) fueron las otras fuentes que informaron sobre intentos de matrimonio infantil y forzado.

Los datos del Departamento de Interior reflejan un descenso de los casos detectados en los dos últimos años en que ha habido una actuación policial preventiva: 10 en 2021, 12 en 2022, 16 en 2023, cinco en 2024 y cuatro en 2025 (hasta el 31 de octubre). Los registros correspondientes al año pasado indican que, además de estas cinco operaciones en que se frustró el abuso, hubo otras dos mujeres atendidas por la policía catalana cuando el enlace ya se había materializado, una de ellas menor de edad.

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Mutilación genital femenina
En marzo de este año, la Generalitat informó de que en la última década se han detectado 141 casos de mutilación genital femenina en menores de edad residentes en Cataluña, de los cuales 17 fueron consumados y en otros cuatro “se desconoce el estado”. Respecto a mujeres adultas, los Mossos d’Esquadra han registrado cinco casos de ablación de clítoris en este mismo periodo (en tres no llegó a hacerse y se desconoce el estado de las otras dos víctimas).

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En el primer semestre de este año, la policía autonómica ha tenido conocimiento de tres casos, en dos de los cuales ya se había efectuado la ablación. Ambas eran mujeres mayores de edad, mientras que la otra víctima era menor. No consta que esta práctica se haya llevado a cabo en Cataluña, sino en los países de origen familiar.

Las cifras preliminares de 2025 son inferiores porcentualmente a las del año pasado, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de 10 tentativas de mutilación (nueve de ellas a menores) y dos ablaciones ya consumadas, ambas a víctimas de menos de 18 años.