La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, finaliza el año con la tarea encaminada gracias a dos hitos: el decreto de dependencia y la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Por ello, valora este año como fructífero, aunque «con tareas pendientes» que cumplir de cara a 2026.

–2025 será recordado como el año en el que salió adelante la reforma de la ley de extranjería para compartir la responsabilidad de los menores migrantes entre las regiones, pero el mecanismo no funciona como se esperaba. ¿En qué punto nos encontramos?
–Ha sido un hito histórico aprobar esa reforma de la ley de extranjería, que fue impulsada por este Gobierno de Canarias. Sin esos esfuerzos para conseguir el apoyo de todo el arco parlamentario de la Cámara regional y sin ir a hablar con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, esa reforma legislativa no se hubiera llevado a cabo. Pero lo que nosotros suponíamos que iba a ser un avance importante no ha supuesto mucho. Seguimos con 4.758 menores a fecha de hoy, ya han llegado 355 niños y niñas desde que se declarara la contingencia migratoria y solo se ha derivado a 55, con lo cual eso quiere decir que el tiempo de resolución de la Subdelegación del Gobierno es lentísimo. Aparte de eso, nosotros hemos derivado más de 500 expedientes por el reparto ordinario y está siendo muy, muy lento, primero, por lo que tarda en resolver la Subdelegación y segundo porque las comunidades autónomas, a cada paso del proceso, están abriendo denuncias o poniendo recursos en el Supremo, con lo cual todo eso va ralentizando el proceso.

–Ante las trabas que ponen las comunidades autónomas del PP, ¿qué queda?

–La vía judicial. Todo se hace a través de la intervención de la Fiscalía y los diferentes recursos que nosotros hemos presentado tanto en el Constitucional como en el Supremo, como ya se ha hecho en algunas comunidades.

–¿Cuál es la fórmula para agilizar esta situación?

–Esta semana tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Infancia y Adolescencia para ver un poco de qué manera podemos agilizar todo el proceso para que esos menores, tanto los que tienen que salir inmediatamente, que son los que han llegado a partir del 29 de agosto, como los que ya estaban aquí. También nos acogimos a las órdenes del Tribunal Supremo para que salieran los niños con protección internacional, y lo que intentamos, dentro de esa vía de colaboración con el Ministerio de Infancia, es poder agilizar estos procesos.

–Uno de los principales retos de este año ha sido el camino para que el Estado cumpliera con los autos del Supremo para hacerse cargo de los chicos solicitantes de asilo. Cada martes, en las reuniones interadministrativas, había dos versiones: la del Estado y la de Canarias. ¿Por qué siempre nos encontrábamos con esos cruces?

–El cruce de versiones será el que será, pero está claro que el último auto del Supremo lo tenía clarísimo, nos dijo que el Estado no estaba cumpliendo con Canarias, lo cual ahí nos da toda la razón. Nosotros enviamos todos los expedientes porque sabemos las dificultades para abrir esos centros y tuvimos que decretar una emergencia migratoria en las islas. El Estado también tenía dificultades para abrir esos centros porque, además, tienen que reunir los requisitos de cada comunidad autónoma donde iban a ser derivados esos menores. Igual que nosotros teníamos problemas para abrir centros, y entre octubre y noviembre del 2023 abrimos 70 centros, ellos podrían haberlo hecho. Por eso tuvimos que seguir yendo al Supremo a presentar esos informes negativos hacia la gestión que se estaba realizando.

–Y, finalmente, el Estado cumplió y se derivó a los chicos.

–Sí, los chicos solicitantes de asilo que están en las islas residen en dispositivos del Estado, lo que sí es verdad que quedan en el Canarias 50 y en otro centro provisional 190 menores que deben salir a dispositivos en península. También está la posibilidad de que, si la fiscalía verifica que hay arraigo, se tienen que crear esos centros en Canarias, pero serán competencia estatal. El problema que nos encontramos ahora es que son centros dispersos por todo el territorio español y que son menores que siguen siendo tutelados por el Gobierno de Canarias. Por eso, hemos pedido tanto al Estado como a Fiscalía que se vayan instruyendo los expedientes para trasladar esas tutelas a la comunidad autónoma donde han sido derivados. También hemos solicitado al Supremo que nos aclare si podemos seguir nosotros con esa tutela, porque nosotros no podemos desplazarnos a todo el territorio español para verificar que las condiciones en las que están esos menores son las adecuadas.

–Hace unas semanas conocimos el caso de un chico asilado que había sido derivado a la península y fue devuelto a Canarias porque su petición de asilo fue denegada. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó al final con él?

–Dentro del auto del Supremo había expedientes de solicitantes de asilo que ya tenían la resolución y otros que aún no la tenían y fueron derivados, como es el caso de este chico y creo que hay tres o cuatro casos más donde la resolución ha sido denegatoria, lo que quiere decir que el Estado considera que no hay capacidad de asilo para ellos. En aquellos casos en los que entendemos que esa resolución es contradictoria con el Estado de derecho, es decir, que sí hay motivos para que ese menor sea considerado refugiado o asilado, hemos interpuesto, junto a ese menor, una reclamación conjunta para que se revise de nuevo el expediente de ese menor y se resuelva la orden de asilo. Entonces, estamos pendientes de que se resuelvan esas cuestiones.
–Algunas asociaciones y menores que ya han sido derivados a centros de la península denuncian que no han respetado su voluntad de quedarse en las islas. ¿Se está escuchando realmente a los chicos para que prevalezca su interés superior?

–No solo están siendo escuchados por nosotros desde el primer momento en el informe que hacen los trabajadores sociales dentro de los centros en los que están. También se hace un segundo informe que corre a cargo de los técnicos de la dirección general y, en tercer lugar, por la fiscalía. Lo que pasa es que querer quedarse por querer quedarse en las islas no puede ser. Primero tiene que haber un arraigo. Por ejemplo, si un chico empieza a trabajar en un centro, ya tiene un contrato de trabajo… Tenemos que velar por que cuando cumplan los 18 años no se vean en una situación de calle. También se tiene que demostrar que una familia está dispuesta a acogerlo y que, además, lo va a hacer cuando sea mayor de edad… Todo eso la Fiscalía lo está revisando, y no puede ser que se quede simplemente porque quiera quedarse en las islas porque no conoce otra cosa. Lo correcto es que tienen que entrar en un proceso de derivación. Quien mejor puede velar por el interés superior del menor es la propia Fiscalía, que es la que está revisando todo eso.

–El Ejecutivo canario denuncia el esfuerzo económico que hace para atender a los menores. Esta semana se aprobaron 100 millones. ¿Es suficiente?

–Este martes en el Consejo de Ministros se aprobaron 100 millones, 50 de este año y los 50 del año que viene. También se nos ha dado del reparto ordinario, que eran 35 millones, nuestra parte, como a Ceuta, Melilla y Baleares. Supuestamente el dinero de los traslados se nos va a compensar también, porque todo eso lo tenemos que hacer a cuenta del Gobierno de Canarias. Y digo supuestamente porque todavía no se nos ha devuelto. Entonces, lo que vamos a reclamar al Estado es que, desde el día 29 de agosto en el que se decreta la contingencia migratoria, ellos saben la capacidad ordinaria de niños y niñas que tiene que mantener Canarias, que son 737 niños. Su atención corre a nuestro cargo, al igual que en el resto de las comunidades autónomas. De ahí para arriba el coste lo tiene que financiar el Estado.

–Con las derivaciones y la disminución en el número de llegadas, ¿prevén cerrar los centros que han abierto?

–Ya hemos cerrado los centros que consideramos más de tránsito, y la idea es ir cerrando los macrocentros, que ya hemos cerrado dos. Evidentemente, una de las cuestiones que tenemos que plantearnos el año que viene, que ya se ha hablado con los cabildos insulares, es que los 737 menores que serían nuestra capacidad ordinaria su guarda o custodia pase a los cabildos insulares. De esta forma, tendríamos que trabajar con ellos cómo distribuimos en el territorio la atención de los chicos. La capacidad extraordinaria es la que seguiríamos asumiendo desde el Gobierno de Canarias. Ahora mismo hay 85 recursos abiertos en las islas.

–¿Espera que en marzo de este año se hayan cerrado centros drásticamente?

–Al ritmo que vamos en las derivaciones, no lo creo. Desde el 29 de agosto hasta ahora tenemos a 355 menores que no han salido de Canarias. Si dijéramos que los traslados en 15 días –mecanismo que se usa para los menores que llegan a Canarias después de haberse declarado la contingencia migratoria en agosto– funcionaran bien, pues sí se daría ese cierre de centros y tendríamos 355 menores menos a nuestro cargo.

–El Estado decía que la lentitud se debe a que Canarias no está llevando a cabo los trámites a tiempo.

–No solo se está cumpliendo con los trámites, sino que las cortapisas nos las están poniendo las otras comunidades autónomas, y eso no es culpa de Canarias, es culpa de cómo se hizo la normativa.

–Entonces, ¿entiende que la reforma de la ley no es la correcta?

–No es que no sea la correcta, sino que una cosa es diseñar una política migratoria sobre el papel y otra cosa es el día a día y los recursos que se han impuesto a esta norma, con lo cual, eso nos hace retrasarnos un montón.

–Durante este año hemos conocido casos de malos tratos en centros gestionados por Quorum 77, desvío de fondos en el caso de la Fundación Siglo XXI, o dispositivos en malas condiciones. ¿En qué punto se encuentran?

–Ahora mismo centros en malas condiciones no hay, solo había uno, en Lanzarote, que fue cerrado. En el caso de las otras asociaciones, las investigaciones policiales están abiertas, pero el que haya podido haber casos de malos tratos a los chicos y chicas no es la tónica general, y eso inmediatamente se denuncia, no solo por parte de nosotros, en Fiscalía, sino en muchos casos por parte de otros trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, los controles están puestos, se controla perfectamente todo, no solo desde esta Consejería, sino también desde la Fiscalía. Cuando sucede algo así, se realiza la investigación y vamos hacia adelante hasta las últimas consecuencias, por supuesto.

–Se cifra en 1.000 los pacientes sociosanitarios que ocupan camas en las islas. ¿Cómo van a solucionarlo?

–Ya nos han dicho en comisión parlamentaria que son 534 los que hay. Estamos trabajando en solucionar esa problemática. Lo que se está haciendo es analizar cada caso.

–El tiempo medio para resolver un expediente de dependencia asciende a 478 días, 1.904 personas han muerto esperando este año. ¿De qué forma van a reducir esa espera?

–Con lo que hemos hecho, con el nuevo decreto de dependencia. Cuando nosotros llegamos en julio del 2023 se tardaba 978 días, y desde ya hay municipios donde se está cumpliendo con el tiempo de espera, en seis meses se está resolviendo la dependencia. Es verdad que estamos hablando de una población mayor, por lo que estamos diciendo que soliciten la dependencia antes, porque a veces se pide cuando la necesidad es urgente y perentoria.

–¿Qué balance hace de este año y qué espera del próximo?
–Pues mira, este año ha sido positivo porque esos cambios estructurales que queríamos hacer ya los tenemos hechos, como son los dos decretos: el de dependencia y la reforma de la ley de extranjería. Esas bases estructurales que queríamos cambiar, las estamos cambiando. También es positivo porque hemos incorporado más personal a la consejería; porque para el año que viene vamos a tener muchísimo más presupuesto que el que teníamos en estos dos últimos años, ya que hemos incorporado más de 50 millones de euros. ¿Y lo que nos queda para el año que viene? Pues bajar las listas de espera para poder estar, tanto en discapacidad como en dependencia, en lo que estipula la ley. También queremos conseguir ese plan de infraestructura sociosanitaria y que Canarias acoja a los menores migrantes que la contingencia migratoria dijo que tenían que tener las islas. Queremos conseguir, y ya lo estamos haciendo, una nueva ley de Infancia, y que las islas sean referente en servicios sociales.