Presidencia del Gobierno ha creado una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) pensada para ayudar a nuestros gobernantes a planificar y ejecutar sus políticas teniendo en cuenta los últimos avances en ciencia. Causa cierto resquemor, por tanto, pensar que hasta ese momento muchas decisiones han podido tomarse ignorando a los científicos, una posibilidad que deviene casi certeza a la vista de lo acaecido durante los últimos años en España. En todo caso, y ya felizmente creado este nuevo organismo asesor, ¿no debería auxiliar al Gobierno en todas sus actuaciones? Parece que no, al menos a la vista de una recientísima convocatoria de esta ONAC, en la que se ofrecen estancias para científicos en diferentes organismos de la Administración General del Estado. En tal convocatoria se identifican, específicamente, cuarenta y dos «retos de asesoramiento científico», que serían aquellos asuntos en los que, a juicio del Gobierno, la Administración precisa de «información, análisis o evidencia» para poder realizar mejor determinadas actuaciones. Conocer cuáles son esos retos constituye, por consiguiente, una forma de saber qué considera prioritario mejorar en su labor el Gobierno. Y como quiera que este tipo de asesoramientos demanda tiempo y esfuerzo continuados para ser eficaces, y que sus resultados no suelen ser inmediatos, cabe ver también en ellos un esbozo de la España futura que los políticos al mando tienen preparada para nosotros.

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Los retos identificados por los ministerios más importantes son, afortunadamente, de carácter sustancialmente técnico y en ocasiones, muy específicos. En el caso de Interior o de Transición Ecológica conciernen a la prevención de catástrofes, los riesgos relacionados con la bioseguridad o el preocupante declive de las poblaciones de abejas y otros polinizadores, que amenaza la viabilidad de muchos de nuestros cultivos. Siguiendo esta misma filosofía, Transportes se interesa fundamentalmente por cómo mejorar el transporte público, mientras que a Industria le preocupa todo lo relacionado con los vehículos eléctricos, optimizar nuestra producción farmacéutica y volver más eficaz la gestión industrial en general. Por su parte, Agricultura quiere aplicar de forma más eficiente la biotecnología a nuestra agricultura y gestionar mejor nuestra cabaña ganadera y nuestras pesquerías. Las condiciones de trabajo asociadas a las nuevas formas de empleo, especialmente en entornos digitales, son la principal prioridad para Trabajo, mientras que Vivienda quiere entender mejor cómo está funcionando en estos momentos el mercado inmobiliario. Finalmente, Derechos Sociales busca algo tan loable como erradicar la pobreza infantil. Ahora bien, hay también un grupo de retos que, si bien podrían parecer justificados a priori, se vuelven sospechosos a la luz de algunas actuaciones recientes del Gobierno. Así, es llamativo que varios de ellos se interesan por las técnicas de sondeo de la opinión pública, como ocurre con Sanidad, que quiere desarrollar formas más fiables de averiguar qué piensan los ciudadanos sobre temas como el aborto o las drogas; o con Presidencia, a quien le interesa el parecer de los españoles sobre nuestra justicia. Una prevención parecida despierta el interés de Presidencia por la seguridad nacional, un concepto bastante vago que podría acabar resultando en actuaciones tan poco deseables en democracia como incrementar el control de las comunicaciones o prohibir la actividad de medios de información contrarios al Gobierno. Sucede algo parecido con los retos que plantean Transformación Digital o Juventud e Infancia, relacionados con la desinformación y las competencias digitales. Sin duda, distinguir entre información veraz y falsa es crucial para la buena salud de una democracia, como lo es también emplear adecuadamente herramientas tan potentes y potencialmente peligrosas como la inteligencia artificial. Pero preocupa que el Gobierno pueda considerar desinformación todo lo que cuestione sus objetivos o evidencie sus desmanes o sus incompetencias. Preocupa también que las políticas educativas a este respecto tengan un carácter tan errático, porque quiere prohibirse ahora lo que hasta ayer se defendía con ahínco, como la digitalización total de las aulas. Esta preocupación aumenta si uno considera que los retos que plantea el Ministerio de Educación son puramente instrumentales, como mejorar el sistema de selección de los profesores, o bien, netamente coyunturales y sospechosos, por tanto, de sesgo ideológico e interés político, como conocer el efecto real de las llamadas políticas inclusivas en la formación que damos a los alumnos. Es verdad que en este último caso se está haciendo referencia a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero no es menos cierto que se trata de un reto en línea con los que propone Igualdad, un ministerio mucho más ideologizado y politizado: monitorizar las políticas de género promovidas desde las subdelegaciones de gobierno, conocer cómo funciona la industria sexual en los entornos digitales y luchar contra el extremismo misógino. Y preocupa igualmente que, a pesar de su nombre, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo le importen las mutuas privadas que colaboran con la Seguridad Social, los efectos económicos de las pensiones de viudedad (ya sabemos que es imposible vivir solo de ellas) o las consecuencias del Ingreso Mínimo Vital sobre el empleo. Y, en fin, qué decir del hecho de que el único reto sugerido por Política Territorial y Memoria Democrática tenga que ver con las incautaciones a partidos políticos durante la Guerra de Civil y la dictadura…

Siendo justos, algunos de los retos sugeridos por el Gobierno apuntan a algunos de los problemas clave que habrá de afrontar el país en los próximos años: conocer la efectividad de los programas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico (Vivienda), determinar la utilidad (aunque solo desde el punto de vista fiscal) de las medidas destinadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera (Hacienda) o averiguar el impacto real de la economía circular (Transición Ecológica). No obstante, son solo pequeñas teselas de un enorme mosaico que permanece a oscuras. Por ejemplo, salvo que las cosas cambien de un modo insospechado, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta España es la inmigración. El año pasado el saldo migratorio neto superó las 600.000 personas. Si añadimos el aumento de población debido al reagrupamiento familiar y a la mayor natalidad de los recién llegados, así como las decenas de miles de parientes más o menos directos de españoles emigrados que están a la espera de obtener la nacionalidad, podemos estar hablando de un incremento anual de habitantes en torno al millón de personas. Es un tsunami que lo está transformando todo y que lo hará aún más en el futuro: el medioambiente, el paisaje urbano, las infraestructuras, la economía, la cultura… Vamos a necesitar urgentemente más viviendas y más carreteras, más superficie cultivable y más recursos hídricos; los servicios asistenciales se saturarán más todavía, y tendremos que pagar, claro está, más impuestos para sostener un estado del bienestar que seguirá atrayendo cada vez a más gente. Y todo ello en un país gravemente amenazado por el cambio climático, que ha desmantelado casi todas sus industrias y que vive en gran medida del turismo (que solo promueve empleo poco cualificado, altera fatalmente el ecosistema social de nuestros pueblos y ciudades, e impacta negativamente en el entorno natural). Por no hablar de las dificultades que supone integrar adecuadamente en un mismo lugar a personas de culturas tan distintas como la latina, la musulmana o la hindú. ¿Y todo esto a cambio de qué exactamente? ¿De proveer de mano de obra barata a unas cuantas industrias y empresas para que sus dueños ganen todavía más dinero? ¿De evitarles a los españoles trabajos que consideran gravosos o denigrantes? ¿De garantizar votantes a determinados partidos políticos? Nadie parece interesado en saberlo. De hecho, una mejor gestión de la inmigración no figura entre los retos que se plantea el Gobierno (¡a pesar de existir un ministerio con tal denominación!).

Todo lo anterior pone de manifiesto el principal problema de esta nueva iniciativa gubernamental: no es el Gobierno quien debe señalar a los científicos cuáles son las cuestiones que demandan una atención urgente, sino que han de ser los científicos quienes indiquen al Gobierno cuáles son los genuinos retos a los que nos enfrentamos a largo plazo y, desde luego, exigirle que sean abordados según sus directrices. Pero parece que nuestro Gobierno prefiere que continuemos debatiendo sobre si hay que devolver palacetes parisinos al PNV, en lugar de fijarnos en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, con repercusiones posiblemente irreversibles para nosotros y para nuestros descendientes…o sea, que sigamos mirando al dedo y no a la Luna.