Un nuevo varapalo del Tribunal Supremo al Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria añade una nueva capa al enredo judicial que protagonizan el Ministerio de Migraciones y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade). Las instalaciones, sobre las que pesa una orden de cierre por no contar con licencia para su actividad, han sido señaladas ahora por el departamento que dirige Elma Saiz como el lugar al que derivar los menores no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en la región y cuya competencia, como resolvió ayer el Alto Tribunal, recae sobre la Administración estatal.

Un revés judicial al que el Gobierno responde con un pulso a Pozuelo, que declaró en septiembre la clausura «definitiva» del Creade por falta de licencia de actividad y dio cuatro meses a Saiz para realojar a los inmigrantes allí acogidos. La respuesta del Ejecutivo central a menos de un mes de que finalice dicho plazo es apuntar a estas instalaciones como las adecuadas para el traslado de los menores. Un realojo, en base a las plazas de protección internacional del centro, del que el Ayuntamiento informará a Fiscalía y llevará a los tribunales si finalmente se ejecuta, tal y como informan a este diario fuentes municipales.

«No es una cuestión de personas ni de inmigración, sino de que la actividad es ilegal», critican desde el Ayuntamiento, donde tildan de «provocación, temeridad e irresponsabilidad» que el Gobierno ofrezca un centro sobre el que pesa un informe técnico desfavorable para acoger menores no acompañados. «Están usando a los menores y al centro como arma arrojadiza» contra Isabel Díaz Ayuso, lamentan en dirección a Moncloa.

Ayer el Ministerio reveló que ha recurrido la orden de clausura dictada por Pozuelo, pero en el consistorio niegan haber recibido ningún tipo de notificación. El contencioso-administrativo se interpuso, según el Ministerio, hace un mes. Para la acogida de los 106 menores el Gobierno debería, además, adecuar las instalaciones para poder contar con licencia, e incluso separar las zonas de menores de las del resto de inmigrantes que actualmente se encuentran en las instalaciones. Unas modificaciones de las que tampoco tiene ninguna información el Ayuntamiento. «Nos enteramos por los teletipos, no tenemos ningún contacto», lamentan en el equipo de la alcaldesa, Paloma Tejero.

La Sala acordó requerir a la Administración del estado para que garantice el acceso y permanencia de estos menores a su red de protección en el plazo improrrogable de 30 días. El choque migratorio entre Madrid y elGobierno se asoma, pues, a un mes crucial: el plazo para clausurar el Creade finaliza el 17 de enero, y el Supremo obliga al Ministerio a realojar a los menores antes del 9 de enero. Antes del 17, además, deberá resolverse el recurso presentado por Migraciones contra la orden de cierre definitivo del recinto.

Más en El Mundo
Julia Otero se sincera tras el cáncer en el programa de su ex marido: “Cada vez que entro en el tubo del TAC, lo hago convencida de que volverá a salir”
Julia Otero se sincera tras el cáncer en el programa de su ex marido: “Cada vez que entro en el tubo del TAC, lo hago convencida de que volverá a salir”
Zapatero tendrá que acudir a declarar ante la ‘comisión Koldo’ del Senado: “Él es quien mueve los hilos del sanchismo”
Zapatero tendrá que acudir a declarar ante la ‘comisión Koldo’ del Senado: “Él es quien mueve los hilos del sanchismo”
Asimismo, el Alto Tribunal acordó la necesaria colaboración y cooperación del ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones que se adopten en virtud del requerimiento deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor y, en esta línea, la Administración del Estado deberá dar cuenta al Tribunal Supremo dentro del plazo establecido de las medidas que se adopten en ejecución de lo acordado.

En marzo de este año, el Alto Tribunal requirió por primera vez a la Administración central para que se hiciera cargo en un plazo «improrrogable» de 10 días de casi un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Ocho meses y tres avisos después, el Gobierno dio por cumplida la orden. Si bien el Supremo reconoce que «existen diferencias apreciables» entre los casos de Canarias y Madrid, «fundamentalmente derivadas del número de menores afectados», también aprecia que esas diferencias no deben «impedir que se adopte la medida cautelar interesada».