Después de que, en palabras de la alcaldesa de

Pozuelo de Alarcón

, el

Supremo

le haya «pintado» la cara al Gobierno central, obligando al Ejecutivo a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo en centros regionales, la

Secretaría de Estado

del ramo abre las puertas del

Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade)

, de titularidad estatal y situado en la localidad madrileña. Según avanzó Europa Press, el Ministerio «va a proceder, igual que lo ha hecho con los menores de Canarias, atendiendo en todo momento su interés superior».

El Gobierno realizó este anuncio coincidiendo no solo con la resolución del Supremo, sino con el litigio que mantiene con el

Ayuntamiento de Pozuelo

a cuenta del Creade. Tal y como informó ayer este diario, la alcaldesa de la localidad,

Paloma Tejero

, dirigió una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recordándole que su Ministerio tiene

hasta el próximo 17 de enero

para realojar a las personas allí acogidas. Y es que, el pasado septiembre, el Ayuntamiento declaró el cese definitivo de su actividad, después de constatar que la instalación no disponía de licencia para esta función. De hecho, recordaban, la única licencia de obras que figura en el proyecto original es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con hospedaje de 150 habitaciones. Sin embargo, el Creade alojaba

entonces a 400 personas.

En respuesta, el Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso – administrativo, presentado por la

Abogacía del Estado

, solicitando medidas cautelares contra la orden de cierre del Creade. «Es un referente que, en estos años, ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal. Hasta hace unos meses, no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento», afirmaron fuentes del Ministerio.

El Ayuntamiento respondió: es una «absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad» que el Gobierno «amenace» ahora con llevar a medio centenar de menores no acompañados a un centro que es «ilegal».

«Hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de ‘‘vengarse’’ del varapalo judicial que le ha propinado la Comunidad de Madrid, amagar con meter a cincuenta chicos en un centro sin licencia, que no reúne las condiciones y en el que

ya viven más de 125 personas

, incluidas familias con adultos y sus hijos», afirma Paloma Tejero. Y avisa: «Si el Gobierno intenta castigar a los pozueleros por sus fracasos (…), informaremos a la Fiscalía de que Sánchez y su ministra pretenden meter a menores inmigrantes en un centro sin licencia», sin «las condiciones ni la capacidad para ello y sobre el que pesa una orden de cierre inmediato». «Que tenga claro el Gobierno que el

Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar de brazos cruzados

ante semejante disparate».