El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo dieron

un paso decisivo en el endurecimiento de la política migratoria comunitaria

al cerrar un acuerdo provisional que permitirá a los Estados miembros

rechazar más solicitudes de asilo y enviar a migrantes indocumentados a terceros países considerados “seguros”.

El pacto, alcanzado en la madrugada del miércoles al jueves entre negociadores de ambas instituciones, forma parte central del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación está prevista para junio de 2026.

Rasmus Stoklund, ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, defendió la medida como un avance necesario. Aseguró que

reducir los “factores de atracción” es clave para frenar un sistema “insalubre e inhumano”. El acuerdo aún es provisional y debe recibir la confirmación formal de Consejo y Parlamento, pero ya ha generado una fuerte controversia política y jurídica.

España, junto con Francia y Portugal, se ha posicionado en contra al considerar que el texto plantea dudas legales de calado

y “rompe con la integridad” del pacto migratorio. Organizaciones de defensa de los

derechos humanos

y de los refugiados también han advertido de un retroceso en las garantías de protección internacional.

El eje de la reforma es

la revisión del concepto de “tercer país seguro”

, un mecanismo legal que autoriza a los Estados miembros a rechazar una solicitud de asilo sin examinarla cuando el solicitante podría haber obtenido protección internacional en un país ajeno a la UE.

Con la nueva normativa, este concepto se amplía:

ya no será necesario que exista un vínculo concreto entre el solicitante y el país al que será enviado. Una solicitud podrá ser rechazada si la persona ha transitado por un tercer país considerado seguro antes de llegar a territorio europeo, o si existe un acuerdo con ese país que garantice el examen de la demanda de asilo. Esta flexibilización abre la puerta a deportaciones a Estados con los que la UE mantenga convenios. Los menores no acompañados quedan excluidos de este mecanismo.

Por otra parte, se limitará el derecho a permanecer en territorio comunitario durante los procesos de apelación.

Los solicitantes que recurran una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrán derecho automático a quedarse en suelo europeo

, lo que podría derivar en expulsiones antes de que se resuelva el caso.

Además, el acuerdo incluye “la primera lista común de países de origen seguros de la UE” que, según Stoklund,

“permitirá procedimientos de asilo más rápidos y eficaces y el retorno de quienes no necesitan protección”. En la lista figuran Bangladesh, Colombia,

Egipto

, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, así como los países candidatos a la adhesión a la UE (salvo que atraviesen conflictos armados o retrocesos graves en derechos fundamentales).

Esta normativa se basa en el modelo impulsado por Italia en 2024, cuando

el Gobierno de Giorgia Meloni

construyó centros en Albania para trasladar a migrantes rescatados en el Mediterráneo sin derecho a asilo. La iniciativa fue frenada por decisiones de los tribunales italianos y europeos, lo que dejó las instalaciones inoperativas.

Organizaciones humanitarias mantienen una postura muy crítica. Amnistía Internacional ha calificado la propuesta de “impracticable, cara e inhumana”. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados advierte de una grave restricción de “las garantías procesales y los derechos de los migrantes de apelar contra la decisión de retorno y la detención”.