El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber dejado de lado a las decenas de inmigrantes que mantiene acogidos en una antigua escuela de formación de la Seguridad Social en el municipio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El Ayuntamiento de la localidad, que denunció que el edificio no cuenta con la licencia pertinente para ese uso, ordenó su clausura el pasado 16 de septiembre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía dos meses para presentar un recurso contra la orden y pedir medidas cautelares al juzgado de lo Contencioso Administrativo. El consistorio popular, dirigido por Paloma Tejero, sentencia rotundamente que, 30 días después de expirar el plazo, no han recibido comunicación alguna de que el Ejecutivo central haya movido ficha al respecto.
ABC ha intentado a lo largo del día de hoy obtener una respuesta por parte de la cartera que dirige Elma Saiz en numerosas ocasiones, tanto por teléfono como por escrito, sin haber obtenido respuesta. En el propio ayuntamiento pozoleño se muestran sorprendidos de la actuación del ministerio, que se ha negado en todo momento, al menos verbalmente, a sacar de allí a los individuos y familias. Este verano, como adelantó este diario, eran 404 las personas, la mitad de ellas refugiados ucranianos (que algunos también tenían a hijos menores allí) y el resto, sobre todo, extranjeros llegados de África (magrebíes y subsaharianos), adultos.

En la actualidad, hay 178 residentes en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, al que ha acudido precisamente hoy Elma Saiz a participar en unas jornadas sobre inmigración. La alcaldesa de Pozuelo envió ayer una carta recordando que queda menos de un mes (el 17 de enero) para que acabe la moratoria que les facilitó en septiembre para la evacuación del inmueble. Pide, además, que aclare las medidas que va a tomar para legalizar la situación. El tiempo se echa encima.

Pasado ese ultimátum y sin haber recurrido el ministerio, la ley dicta que el consistorio puede enviar otro requerimiento para un plazo definitivo de tres meses más (15 de abril de 2026), pasado el cual, Paloma Tejero podría acudir a los tribunales y, además, abrir un expediente administrativo sancionador, cuya multa máxima ascendería a 3 millones de euros.