Cada 18 de diciembre, el calendario conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes. Durante unas horas, se recuerda que millones de hombres y mujeres contribuyen a las sociedades, se visibilizan sus derechos y se crean campañas en defensa de su protección frente a la discriminación. El problema es que, cuando pasa el día, ese reconocimiento simbólico se diluye y deja paso a una realidad mucho menos amable: fronteras militarizadas, centros de internamiento y miles de muertes que, según denuncian las organizaciones sociales, podrían haberse evitado.

Desde el Atlántico, convertido en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, hasta los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los colectivos de migrantes describen un sistema que prioriza el control, gasto militar y blindaje de fronteras frente a la garantía efectiva de derechos, la protección de la vida y la dignidad de las personas migrantes.

Es en este contexto donde 19 organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Red Acoge, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, han alzado la voz contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y las propuestas legislativas europeas que están en debate, al considerar que suponen un grave retroceso respecto a derechos ya consolidados en el derecho internacional, el comunitario y las legislaciones nacionales.

Los puntos más polémicos son dos propuestas legislativas europeas-que se encuentran en fase de tramitación- para regular el retorno de los migrantes y sobre el “tercer país seguro”, que permitirían rechazar solicitudes de asilo si el refugiado pudiese encontrar protección en otro país fuera de la UE. Además, la normativa facilitaría crear centros de deportación en terceros países.

Las organizaciones han dirigido una carta al Gobierno español en la que expresan su preocupación por estas propuestas. En ella, denuncian que bajo esta legislación los solicitantes de asilo podrían ser expulsados a la fuerza a países denunciados por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.

“El objetivo es que las personas no lleguen: las fronteras se cierran, se aceleran las expulsiones y se delega la responsabilidad de atención y protección en terceros, suponiendo que esto vaya a ocurrir este marco destruye las bases del derecho internacional de los derechos humanos”, señala Red Acoge a Público.

El Gobierno de España se ha mostrado en contra de estas propuestas al considerar que pueden implicar una vulneración del ordenamiento internacional, en particular en relación con los derechos humanos. Los colectivos de migrantes valoran de forma positiva esta posición aunque, señalan, esa evaluación se ve empañada tras confirmarse la participación de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) dependiente del Ministerio de Exteriores en la construcción de dos centros temporales de recepción para extranjeros en Mauritania.

Dentro del Estado español, las vulneraciones continuarían. Organizaciones como Red Interlavapiés y Mundo en Movimiento denuncian que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) funcionan como espacios de “castigo y criminalización” de la migración. Estos son edificios públicos no penitenciarios gestionados por la Policía donde ingresan migrantes en situación irregular tras una orden dictada por un juez.

Actualmente hay CIE activos en Las Palmas, Murcia, València, Barcelona y Madrid, y las organizaciones alertan especialmente sobre la reciente apertura del mayor centro del Estado, en Algeciras, con capacidad para más de 500 personas. Para las comunidades migrantes, explican, la ampliación de esta red incrementa el miedo y la inseguridad. “Más allá del nombre, los CIE son cárceles. En medio de las redadas se llevan a los compañeros, los encierran y luego los deportan. Esa es la ruta de los CIE”, resume Sara, integrante de Red Interlavapiés, que expresa la incertidumbre ante el nuevo centro y las condiciones en las que comenzará a operar.

A esta realidad se suma una barrera burocrática: el empadronamiento. Las organizaciones denuncian que sigue sin garantizarse como un derecho efectivo para todas las personas que viven en el Estado español. “Bloquear el padrón es bloquear el acceso a la sanidad, la educación o la regularización administrativa. En la práctica, supone negar la existencia administrativa de miles de personas”, advierten desde Red Interlavapiés.

El BOE recoge que para empadronarse no es necesario presentar ni el permiso de residencia, ni el DNI o NIE, como muchas veces exigen las autoridades competentes. El pasaporte es suficiente, igual que lo son “el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional” o “los documentos acreditativos de la condición de solicitante, en tramitación, de protección internacional”. Sin embargo, las asociaciones denuncian que los ayuntamientos solicitan tener una vivienda en propiedad o un contrato de alquiler a su nombre, algo que en la mayoría de ocasiones resulta imposible ya que, según explican, “los caseros suelen pedir un DNI o NIE y los migrantes se ven obligados a tener que subarrendar una habitación”.

En este clima, un episodio reciente ha encendido una nueva polémica desde un lugar inesperado: la Real Academia Española. La RAE ha incluido el término “mena” en su diccionario, definiéndolo como “inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él” y advirtiendo de que se usa “a veces en sentido despectivo”.

Para la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, la decisión resulta profundamente preocupante. La entidad recuerda que en los últimos años esta sigla administrativa ha sido apropiada por sectores políticos y mediáticos vinculados a la extrema derecha, transformándose en una etiqueta deshumanizante asociada a la delincuencia y al conflicto social. A su juicio, al incluir el término sin un marco crítico claro, la RAE no se limita a describir un uso, sino que le otorga una legitimidad simbólica con consecuencias sociales.

“La lengua no es inocente, y las instituciones lingüísticas tampoco lo son cuando deciden qué usos legitiman. Al incorporar mena en minúscula y aceptar su uso peyorativo, la RAE no se limita a describir una realidad social: la consagra, otorgándole una pátina de normalidad y respetabilidad institucional”, advierten en un comunicado.

La asociación solicita a la RAE que reconsidere su decisión, incorpore una revisión crítica del término y abra un diálogo con profesionales del ámbito migratorio y de los derechos de la infancia para abordar el uso del lenguaje desde una perspectiva más respetuosa con la realidad de los menores migrantes no acompañados.