El pasado 15 de septiembre, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón declaró el cese definitivo de la actividad del

Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade).

Una decisión adoptada después de constatar que la instalación, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no disponía de licencia de funcionamiento. De hecho, la única licencia de obras que figura en el proyecto original, fechada en 2013, es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con auditorio y hospedaje de

150 habitaciones. Sin embargo,

el Creade alojaba entonces a 400 personas.

A partir de ahí, el Ayuntamiento dio al Gobierno de

Pedro Sánchez

cuatro meses para que realojara a los refugiados. Un plazo, afirmaban, que supone el doble de tiempo que «el propio Ministerio reconoce como promedio de estancia». Así, la fecha límite se cumple

dentro de un mes: el 17 de enero.

Y, por el momento, el Consistorio no ha recibido noticias.

Precisamente ayer, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitó el Creade, con motivo del Día del Migrante. Una cita a la cual no estuvo invitado el Ayuntamiento de la localidad. Así se lo recuerdan en una misiva,

a la que ha tenido acceso LA RAZÓN

, firmada por la alcaldesa de Pozuelo,

Paloma Tejero,

y en la que avisa a Saiz del inminente vencimiento del plazo.

«A día de hoy, por parte de su Ministerio, no ha recibido el Ayuntamiento ninguna notificación ni comunicación respecto a esta resolución, ni de planificación alguna realizada por el Ministerio para cumplir con la misma, ni de cualquier otra medida dirigida a garantizar su efectivo cumplimiento», señala la regidora.

Del mismo modo, Tejero recuerda que el Ministerio tampoco ha solicitado el «título habilitante» para el ejercicio de su actividad, ni tiene constancia de que se haya interpuesto «recurso judicial alguno». Algo que, de haberse llevado a cabo, debería haberse producido dos meses después de la resolución municipal. «Sí que tenemos constancia, sin embargo,

de que el centro sigue teniendo actividad», añade.

«Como queda un mes para el vencimiento del plazo concedido, le solicito tenga a bien trasladarme la información relativa a las medidas que ha previsto el Gobierno del que forma parte, para, en aras del principio de legalidad, garantizar el cumplimiento de la resolución dictada y cesar en el ejercicio de la actividad que se desarrolla en el Centro de Recepción, Atención y Derivación

(Creade)

, por no tener título habilitante para ello, ni haberlo solicitado, dentro del plazo fijado en dicha resolución», concluye Tejero.