La exclusión social persiste, pese a una mejora de los indicadores económicos, especialmente de los relativos a la ocupación. La

población se encuentra en la cuerda floja y son muchas las familias cuya situación es tan frágil que pueden ver afectada su estabilidad ante contratiempos o problemas en ámbitos como el laboral, el residencial o el de la salud, lo que refleja una situación de integración precaria.

Estas son las principales conclusiones del

informe FOESSA de la diócesis de Barcelona

, que alerta de un aumento de la debilidad de la sociedad frente a situaciones de inestabilidad. De hecho, pese a que

se ha registrado una disminución de 5 puntos de la población en exclusión social respecto a las cifras de 2018, a día de hoy ésta afecta aún al 17% de la población y 4 de cada 10 personas se encuentran en integración precaria

, es decir que están al limite de caer frente a cualquier crisis o cambio adverso.

“Estamos en una sociedad en la cuerda floja”, destaca al respecto Eduard Sala director de Cáritas Barcelona, quien recuerda que “hay una gran parte de la población en situación de integración precaria y vamos hacia este modelo en el que más de un tercio de la población se encuentra en una situación en la que, en función de como vaya la coyuntura, cae”

En definitiva, tal y como apunta Amèlia de Juan, jefa del Área Social, Análisis e Incidencia de Cáritas Barcelona, “se reduce la intensidad de la exclusión social en la diócesis de Barcelona, pero aumentan las situaciones de integración precaria”. Y eso es especialmente evidente entre

la población migrada, que tiene 2,4 veces más riesgo de caer en la exclusión social que la de nacionalidad española.

Vivienda, la clave de la desigualdad

La

vivienda vuelve a presentarse una vez más como el principal factor de desigualdad. “Disponer de un hogar digno es clave para la integración, pero el precio de la vivienda es un verdadero problema”. En consecuencia,

“las situaciones de precariedad se relacionan con la capacidad de la población para acceder a una vivienda”,

señala al respecto de Juan.

El informe FOESSA revela que

“más de un cuarto de la población, concretamente 225 mil hogares, tiene problemas relacionados con la vivienda y el 15% queda en situación de pobreza severa tras hacer frente a los gastos asociados a la vivienda”.

En este contexto, tal y como pone de relieve Eduard Sala, “el alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”. Según el informe,

el 22,3% de la población que vive en alquiler, está en riesgo de pobreza, frente al 8,2% de las personas que viven en una residencia de propiedad y este régimen residencial triplica el riesgo de exclusión social.

El coste de la paternidad

Es más,

un 5.8 % de la población de la diócesis de Barcelona habita en una vivienda insegura y un 13,5% vive en en hacinamiento grav

e, es decir con menos de 15 metros cuadrados por persona. En este contexto, resulta especialmente alarmante que

en 9 de cada 10 familias que residen en situación de hacinamiento hay menores

y es que, tal y como se desprende del informe,

“el tener hijos, penaliza”

, asegura Sala para a continuación advertir que “es un factor de riesgo”.

De hecho,

las dificultades y carencias relacionadas con la vivienda se triplican cuando hay menores

, especialmente en los

hogares monoparentales, sobre todo aquellos encabezados por mujeres, a los que la exclusión afecta 4,5 veces más que a los familias sin hijos.

Y es que

la infancia es uno de los colectivos más vulnerables ante esta situación. Uno de cada cuatro niños se encuentra en situación de exclusión social

y el gran problema es que, tal y como constata de Juan, “si crecen en entornos con menos recursos tienen menos acceso a la educación y a las actividades culturales y eso crea un circulo vicioso”.

El empleo no es una garantía

En este contexto, es especialmente alarmante que

el empleo haya dejado de ser un factor protector. Pese a la evolución positiva de la economía y de la ocupación, cuyos datos globales mejoran, el informe pone de manifiesto que

“trabajar ya no salva de la exclusión porque la precariedad laboral se ha convertido en una constante”.

Así,

el 57,7% de las personas vive en hogares en los que al menos uno de sus miembros traba

ja y aún así no basta para hacer frente a los gastos del día a día, algo que tiene un gran impacto especialmente entre

los jóvenes y la población inmigrada, que son quienes tienen una tasa de paro más elevadas.

Al respecto, de Juan señala que

“los inmigrantes sufren el doble la precariedad del marco laboral y eso condiciona su integración social y arraigo”.

Para Eduard Sala, estos datos responden a que “pese a que ha aumentado la ocupación y ha disminuido la temporalidad, el trabajo se ha precarizado y, a día de hoy, un empleo ya no significa que puedas llegar a fin de mes”. Y “quienes están pagando el peaje de esos trabajos que ya no permiten vivir dignamente son los jóvenes e inmigrantes”.

Apoyo social

Ante esta realidad, la sociedad mantiene su compromiso y solidaridad con los más desfavorecidos, según se desprende del estudio, que indica que

el 64,9% de la población cree que las administraciones deberían destinar más recursos a los servicios sociales y el 60% es partidaria de tener más servicios y prestaciones aunque ello suponga pagar más impuestos".

En la misma línea,

8 de cada 10 personas considera que las personas que reciben ayudas sociales las necesitan para vivir

y están haciendo un buen uso de las mismas. Para Sala, estos datos "reflejan que

no están fallando las personas, ni la sociedad en general, ni quienes están en situación de vulnerabilidad, sino que falla el sistema".

Por todo ello, el lema escogido por Cáritas para la campaña de Navidad de este año es: “Hagamos que una vida digna no sea cuestión de suerte”. “Se trata de garantizar los derechos”, insiste Eduard Sala.